En las economías avanzadas, la política fiscal es una pieza clave para hacer más igualitaria la distribución del ingreso. Esto se logra tanto por el lado de los impuestos como también del gasto fiscal.

El principio rector de esta política es bien simple: los pobres deben pagar proporcionalmente menos impuestos que los ricos; al mismo tiempo, el gasto público debe apuntar a beneficiar más a los pobres que a los ricos.

El Estado de bienestar europeo fue construido a lo largo del siglo XX sobre la base de estos principios elementales. Es así como el coeficiente Gini, que mide numéricamente la desigualdad en la distribución del ingreso, disminuye fuertemente en Europa cuando se lo calcula “después” de la política fiscal de impuestos y gastos y no “antes”.

Por ejemplo, la desigualdad distributiva en Francia y en Alemania antes de la política fiscal es bien alta, ya que el indicador Gini se ubica alrededor de 0,50. Pero el cuadro cambia radicalmente cuando se tienen en cuenta la incidencia de los impuestos y los subsidios sobre el ingreso efectivo de las familias. En este cálculo posterior al impacto de la política fiscal el coeficiente Gini en estas dos naciones se reduce fuertemente, ya que disminuye a alrededor de 0,30.

Este impacto fiscal claramente igualitario se observa también en muchos otros países avanzados.

Pero el panorama es distinto cuando se presta atención a lo que está ocurriendo en las naciones emergentes, por ejemplo en América Latina.

En Argentina tenemos un coeficiente Gini antes de la política fiscal igual a 0,50, que tampoco es corregido de una manera progresiva por el impacto de la política fiscal ya que, según la CEPAL, después de los impuestos y el gasto fiscal sigue siendo alto (0,48).

El caso argentino es además muy interesante, ya que en la última década el Gobierno ha venido expandiendo un sistema de grandes subsidios, particularmente al consumo de energía y al transporte.

Estos subsidios representan más del 4 por ciento del PBI, o sea que ya superan este año los 20.000 millones de dólares.

El lector podría pensar que estos subsidios fiscales mejoran la distribución del ingreso, ya que razonablemente deberían focalizarse en los núcleos de poblaciones con menores ingresos. Pero en realidad no es así, como lo han puesto en evidencia las investigaciones de Gaggero y Rossignolo.

Los importantes subsidios económicos que distribuye el gobierno nacional responden a un criterio altamente regresivo, ya que el 20 por ciento más pobre de la población se beneficia y apropia apenas del 6,3 por ciento del subsidio total, mientras que el 20 por ciento más rico se apropia nada menos que del 42,7 por ciento del total de los subsidios.

O sea que los ricos reciben subsidios 6,8 veces mayores a los subsidios económicos que benefician a los pobres.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo es una eficaz política de transferencias monetarias que claramente mejora la distribución del ingreso, ya que concentra estos subsidios en los segmentos más pobres. Pero la magnitud del gasto fiscal en la AUH ni por lejos alcanza a compensar el carácter regresivo de los subsidios económicos, por la sencilla razón que el fisco gasta en estos subsidios regresivos 8 veces más que en la AUH.

Al mismo tiempo, es común observar que cuando hay inundaciones urbanas siempre los más pobres son los más afectados; pero estos pobres no viajan en avión, ya que prácticamente la totalidad de los pasajeros, especialmente al exterior, corresponden a los deciles superiores de la distribución del ingreso. Sin embargo, sin ninguna justificación razonable, nuestro presupuesto nacional gasta en subsidiar a Aerolíneas Argentinas diez veces más que en obras hídricas necesarias para prevenir estas recurrentes inundaciones urbanas.

Nunca el gobierno nacional gastó en las últimas décadas tanto dinero como ahora, por eso es lamentable que lo haga sin prestar debida atención a la equidad social.

Esta regresividad fiscal se agrava aún más, porque este creciente gasto público requiere además financiamiento monetario a través del peor de los impuestos: la inflación, que es un impuesto que castiga especialmente a los más pobres, quienes carecen de instrumentos financieros para protegerse de este flagelo.

La actual política fiscal es propia de “Hood Robín”, ya que hace lo contrario que hacía, según la leyenda, el justiciero inglés Robín Hood.

¿Adónde fue a parar tanta plata?

Ahora que la "matriz productiva diversificada" está seriamente dañada y presenta un futuro incierto, el gasto público y sus efectos de inclusión social se muestran como los últimos bastiones de la década kirchnerista.

El aumento de las erogaciones estatales en la Argentina a lo largo de este siglo luce impresionante, pese a no conocerse con total precisión, dado que las trampas del Indec se han contagiado a otros ámbitos del Gobierno. Prolijamente, las cifras mensuales se publican con meses de atraso y las anuales demoran años, a punto tal que las más recientes del gasto estatal consolidado son de 2009. Compararlas con el producto nacional requiere proezas adicionales, ya que el último dato confiable al respecto es de 2006. Pese a todo, pueden hacerse estimaciones razonables que muestran que el gasto consolidado de la Nación, las provincias, los municipios y las obras sociales llegó en 2012 a unos 1.128.000 millones de pesos o, para entenderlo mejor, a 247.600 millones de dólares (de los no risibles); esto representa un aumento de 210.000 millones de dólares -o 17 puntos del PIB- respecto de 2003. En tanto, en 2012 el gasto de la Nación llegó a 139.000 millones de dólares, 120.000 millones más que en 2003.

La pregunta que muchos se hacen es ¿adónde fue a parar tanta plata? Es bueno que las inversiones en capital físico expliquen un 10% del aumento total entre 2003 y 2012, es decir, 21.000 millones de dólares. Pero semejante cifra no impide constatar las enormes deficiencias de infraestructura que padece el país, sobre todo en energía y transportes, ni la evidente inexistencia de un plan que evalúe los proyectos y fije prioridades, de tal modo que no puedan omitirse obras que hubieran ahorrado tantísimas muertes, como las ocurridas en la tragedia de Once, o los 720 millones de pesos para sanear el arroyo Del Gato, en La Plata.

Tantas deficiencias y omisiones y serias inconsistencias entre las cifras de inversión pública de la Secretaría de Hacienda y del Indec aumentan la sospecha de que tanta plata no luce como debiera por lo mucho que queda en las cajas de funcionarios y empresarios corruptos.

En cuanto al gasto corriente, en línea con el relato oficial, el social fue el de mayor aumento, dando cuenta del 65% del incremento total, con aportes muy relevantes del gasto previsional (23,7% del aumento consolidado y 34,1% del nacional). La educación, la cultura, la ciencia y la tecnología representan sólo un 6,7% del aumento total del gasto nacional, pese al relato oficial; pero hay un notable 30,9% del aumento del gasto provincial y la salud, con aproximadamente un 15% de aporte al aumento total. Los dos últimos rubros revelan que la inversión en capital humano ha sido significativa y, por otro lado, que el gasto previsional ha logrado cubrir con jubilaciones o pensiones a más del 90% de personas en edad. Cabe subrayar que esta preeminencia del gasto social y previsional es igual a la de los últimos veinte años. Lo que sí cambió, y mucho, fue la posibilidad de hacerse de los recursos para aumentarlos.

Claro, no todo es deslumbrante y hay falencias evidentes en la equidad, la cobertura, la eficacia y la sostenibilidad de este enorme esfuerzo de la sociedad. El gran mentís en cuanto a la equidad es el descomunal aumento de los subsidios económicos que, aun después de las correcciones del año pasado, siguen beneficiando en buena medida a sectores de ingresos medios y altos del Gran Buenos Aires en desmedro de los más pobres y del interior. En los primeros cuatro meses de 2013, están aumentando un 54,9% interanual, y a fines de este año, la suma total de subsidios entregada desde 2003 estará cerca de los 100.000 millones de dólares, 57% destinados a la energía y 30% al transporte. Es muy probable que no menos de la mitad de los subsidios energéticos se haya otorgado a sectores sociales con capacidad de pago.

Claros problemas de cobertura del gasto se manifiestan, por ejemplo, en la asignación por hijo, un programa apoyado por casi toda la sociedad pero que el Gobierno demoró hasta lograr arrebatarlo de manos de la oposición. Alegran por cierto los aumentos recién anunciados en este rubro, pero no son coherentes con la insuficiente cobertura de ésta. Según un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, cerca del 50% de los menores de 17 años de hogares indigentes no recibía esta asignación en 2012. Y aunque estos hogares reciben otros beneficios sociales, hay todavía un 18,7% de ellos y un 29,1% de los hogares pobres que no reciben ninguno. Se trata en parte de una carrera imposible, porque lo que se da con una mano se quita con la de la inflación, y la meta se vuelve más y más inalcanzable.

Es para celebrar que la ley de financiamiento educativo haya logrado el objetivo, también con alto apoyo social, de superar el 6% de inversión en educación. Pero su eficacia en lograr resultados ha sido pobre. Tanto en la escuela primaria como en la secundaria, la calidad de los aprendizajes en la Argentina ha caído en los últimos 15 años, tristemente, del primer o segundo lugar en América latina a entre el cuarto y el octavo, según pruebas y niveles. Y, como en el caso de la asignación por hijo, tampoco ha sido satisfactoria la ampliación de la cobertura. Sí aumentó bastante en la educación inicial, pero todavía queda más del 40% de los chicos de 3 y 4 años -en su enorme mayoría de bajos ingresos- fuera de esas salas; en tanto, la escolarización de los de 12 a 24 años subió apenas de 60,5 a 61,7% entre 2001 y 2010.

Groseros sesgos de cobertura se encuentran también en la discrecionalidad de la distribución de fondos entre provincias o municipios en la mayoría de los programas sociales, por ejemplo, Techo Digno, Argentina Trabaja o Seguridad Alimentaria. La "regla" es clara: los más amigos o candidatos a serlo reciben más. ¿Y el federalismo? Muy mal, gracias, y así nos va.

En fin, el problema menos visible pero quizás el más serio es el de la sostenibilidad de esta expansión del gasto. Hay años de fuerte licuación de la capacidad de pago del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Por ejemplo, sólo entre 2011 y 2012, se desvalorizó un 11,5% respecto del gasto previsional y, más allá de esto, cualquier cálculo actuarial del sistema jubilatorio muestra que es insostenible. Si bien el gasto público partió de niveles extremadamente bajos en 2003, hoy llega a casi un 47% del PIB, más que en Alemania, el Reino Unido y el promedio de los países desarrollados, y unos 15 puntos superior al promedio de los emergentes.

Hasta ahora pudo financiarse por un aumento enorme de la presión tributaria, que hoy se acerca al 41,5% del PIB si se incluye el impuesto inflacionario, como corresponde. Será muy difícil mantener en el futuro tales niveles de gastos y recursos, salvo milagros en el precio de la soja, pero resultará imposible si la Argentina no vuelve a crecer al 5 o 6% anual.

Sin cambios prodesarrollo en la política económica, que no se avizoran, se caerá también este último bastión del modelo. Pese a tan cruda realidad, la impiadosa apuesta del Gobierno es tratar de que la hora de la verdad no llegue antes de 2015, quizás en la espera de que otro se haga cargo entonces e ignorando los importantes costos sociales que sobrevendrán si no se corrige rápidamente este rumbo.