Precios en campaña electoral

La versión del congelamiento de precios limitado a 500 productos en siete grandes cadenas de supermercados es una extraña mezcla de sainete y marketing político de cara a las cruciales elecciones legislativas de octubre.

Sólo así puede entenderse que el gobierno de Cristina Kirchner haya lanzado ahora el plan "Mirar para cuidar" ese heterogéneo conjunto de precios, después de haber borrado del relato oficial, durante seis años, toda mención a la inflación de dos dígitos anuales que viene complicando el funcionamiento de la economía argentina y la vida de tanta gente. Aunque ya es demasiado tarde para acordarse de los consumidores, la convocatoria a militantes políticos y a 50 intendentes del conurbano bonaerense para esa cruzada sólo se explica en que ese distrito resulta decisivo para el resultado electoral. Actuar como vigilantes de listas de precios puede aportarles, en el mejor de los casos, una motivación política que ya no ofrece una economía que, virtualmente estancada y sin creación de empleos, dejó de ser un activo para el oficialismo.

En términos prácticos, sin embargo, su futura misión resulta una incógnita y mucho más la amenaza de aplicar multas a los comercios. Para variar, nadie sabe cuáles son las reglas. Tanto el congelamiento general que aplicaron desde el 1º de febrero las grandes cadenas de supermercados, como su actual versión minimalista de 500 precios fijos desde el 1º de junio hasta fin de octubre, no fueron dispuestos ni avalados por escrito a través de ningún decreto o resolución oficial. Por lo tanto, las eventuales sanciones no tendrían respaldo normativo alguno, aunque nadie descarte que se busquen chivos expiatorios como medida ejemplarizadora o surjan casos de corrupción.

Otra extravagancia es que, dado que el congelamiento fue presentado como fruto de un acuerdo entre Guillermo Moreno y los supermercadistas, el plan "Mirar" supondría que el propio gobierno desconfía de sus contrapartes. Sin embargo, no todos los supermercados participaron de esas negociaciones sino únicamente ASU (Asociación de Supermercados Unidos), que agrupa a las grandes cadenas de alcance nacional. De ahí que los asociados a otras entidades como CAS (Cámara Argentina de Supermercados) o FASA (Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios), salieran a aclarar que el actual congelamiento resulta obligatorio para los primeros y voluntario para el resto. Y también que, como no han informado sus precios a la Secretaría de Comercio, los eventuales controles que realicen "fuerzas vivas o militantes políticos" en sus locales deberán contar con la autorización de sus propietarios; máxime cuando carecen de las listas de precios que deberían verificar.

Aún así, la movilización militante que planea el gobierno de CFK deja al descubierto la ineficacia del aparato burocrático estatal no sólo para controlar las múltiples causas de la inflación, sino también para registrar sus efectos. En teoría, los encuestadores del Indec están en condiciones de verificar 8000 comercios por mes, pero computan ficticios precios "dibujados" que, además, se han convertido en secreto de Estado. Hasta la propia subsecretaria de Defensa del Consumidor, María Lucila "Pimpi" Colombo, acaba de admitir que los índices del Indec no sirven para calcular la inflación ni para discutir ajustes salariales en paritarias. Con menos componentes políticos e ideológicos, el Gobierno podría valerse del relevamiento de precios que realiza una organización privada (Tomadato) en todas las sucursales de supermercados y que contratan muchas industrias proveedoras de productos de consumo masivo para verificar qué ocurre con sus precios en el último eslabón de la cadena de comercialización. Claro que esto no tendría la épica de una cruzada contra supuestos abusos, fomentados por la crónica política proinflacionaria que el gobierno de CFK niega para atribuirles la responsabilidad sólo a los empresarios.
La verdad de la milanesa

Ahora, con la defectuosa puesta en escena del "control militante", a costa de aumentar la desconfianza empresaria en muchos sectores y deprimir aún más la inversión, el Gobierno trata de disimular otras realidades.

Una, que el congelamiento de todos los precios en las góndolas era insostenible para la rentabilidad de los grandes supermercados, que incluso terminaron siendo víctimas de haber aceptado el "cepo publicitario" para no promocionar ofertas en los diarios de mayor circulación. La prueba es que en abril, según datos del Indec, la facturación bajó 7,6% con respecto a marzo a valores corrientes y perdieron participación en el total de ventas de productos masivos. Por eso el congelamiento se redujo ahora a listas individuales, negociadas por cada cadena, de sólo 500 productos y no en todos los casos de consumo indispensable. Así, esos precios congelados darán lugar a la progresiva suba de otros, autorizados por el propio Moreno. La estrategia oficial no es muy diferente, en otra escala, a la que se viene aplicando desde hace tiempo con las cadenas de comida rápida, que abaratan el precio de una o dos variedades de hamburguesas y aumentan los de otros combos. Con el mismo criterio, en las heladerías se podría congelar el helado de limón y subir el de chocolate. Pero en algunos supermercados, las nuevas listas incluyen segundas marcas y presentaciones que parecieran excesos de stock (gaseosas en lata, pero no en botellas de litro y medio; pan envasado pero no pan francés; tinturas para pelo rubio y no negro), así como cortes de carne de baja calidad (azotillo, espinazo, rabo). Ni siquiera quedaron resabios de los planes o "milanesas para todos" o "asado para todos" que pasaron al olvido entre los anuncios y los hechos. Lo mismo que puede ocurrir ahora con la promocionada tarjeta Super-Card.

Otra realidad es que el primitivo congelamiento sirvió para amortiguar la brecha entre los precios de 2013 y los salarios de 2012 abierta por la demora de la mayoría de las paritarias, que el Gobierno no se ocupó de apurar para acercarlas a la fecha de las elecciones a costa de un debilitamiento del consumo. Ahora la versión reducida de 500 productos tiende a evitar una prematura erosión de los recientes aumentos en la Asignación Universal por Hijo y las asignaciones familiares. No obstante, todavía están pendientes las paritarias de otros gremios clave -como camioneros o alimentación- que impactarán en los costos.

Para corroborar que los precios también formarán parte de la campaña electoral, Mauricio Macri acaba de anunciar que el gobierno porteño elaborará su índice de precios con mediciones propias. Ciertamente es una forma de confrontar con las inverosímiles estadísticas del Indec, avaladas por el gobierno de CFK. Pero también de recuperar algo del necesario federalismo estadístico perdido en materia de inflación, ahora que siete provincias (sobre un total de 10) delegaron en el Indec el procesamiento de sus indicadores de precios, como preludio del índice nacional que el Gobierno promete, no casualmente, para después de las elecciones de octubre.

Dólares a cualquier costo (político)

Sólo 22 días corridos transcurrieron entre que se anunció y fue sancionada por el Congreso de la Nación la ley que pone en marcha el segundo blanqueo impositivo durante el gobierno de Cristina Kirchner. La necesidad y la urgencia de este nuevo régimen, dirigido a inyectar dólares "negros" a una economía estancada antes de las cruciales elecciones legislativas de octubre, ya fueron analizadas en esta columna (en la edición del 13 de mayo). Ahora, con el trámite exprés impuesto a la nueva ley, puede concluirse que el oficialismo trató de pagar lo más rápido posible los costos políticos que implica esta "exteriorización voluntaria" y gratuita de tenencias en moneda extranjera. Otra historia será si habrá costos o beneficios económicos que se reflejen en las urnas para el gobierno de CFK.

Por lo pronto, la única jornada de verdadero debate con especialistas que tuvo lugar en las comisiones del Senado dejó al descubierto los múltiples problemas éticos que plantea este régimen. Uno de los más difíciles de refutar es el más evidente: el blanqueo será un premio para los que evadieron impuestos ocultando dólares en cajas de seguridad, colchones o cuentas bancarias en el exterior y, como contrapartida, un castigo para los que no lo hicieron y cumplen sus obligaciones impositivas con una presión tributaria cada vez más alta. Pero el ingreso de dólares "negros" sin indagación alguna sobre su origen, entraña además el riesgo de darle la bienvenida a capitales provenientes de delitos tales como el narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, secuestros extorsivos o pornografía infantil. Sin ir más lejos, ni se necesita estar inscripto en la AFIP para acceder el blanqueo. Esto también abre la puerta de los bancos a testaferros de negocios turbios.

Precisamente todos los diputados de bloques opositores que votaron en contra de la nueva ley (aunque con 107 votos contra 130 no pudieron evitar su sanción) se apoyaron en estos costos políticos para el gobierno de CFK, que debió dejar de lado su discurso en favor de la pesificación de la economía con tal de que ingresen dólares de cualquier pelaje o procedencia. Y fueron aún más allá al reiterar que, en caso de que el oficialismo no logre retener su mayoría en el Congreso tras las elecciones de octubre, habrán de promover la derogación de la ley. Sin embargo, esta advertencia sólo tiene carácter testimonial: ninguna ley puede ser anulada con efectos retroactivos. Por lo tanto, quienes adhieran no perderán el derecho adquirido de haber blanqueado sus dólares en negro, según se encargó de aclararlo el propio titular de la AFIP en su actual etapa de perdonar evasores. Más problemática es, en cambio, la amenaza de la oposición de levantar el secreto fiscal para investigar a todos los que blanqueen, ya que esta posibilidad sí queda supeditada al resultado electoral. Aún así este escenario presagia nuevos encontronazos entre el oficialismo y la oposición. El nuevo régimen mantiene la obligación de que los bancos eleven reportes de operaciones sospechosas (ROS) en caso de no poder identificar el origen de los dólares blanqueados. Pero el problema es que los ROS deben ser procesados por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), a cargo del ultrakirchnerista José Sbatella, quien acaba de ser promovido al cargo político de subsecretario. Fue Sbatella el autor de la insólita calificación de "arrepentiditos" para Federico Elaskar y Leonardo Fariña, acusados de participar de las operaciones de lavado de dinero del empresario santacruceño Lázaro Báez que la UIF debió haber detectado. Por si fuera poco, ahora se sabe que la UIF dio curso judicial a una mínima cantidad de ROS generados por el blanqueo del 2009, sospechado de favorecer a "amigos" del poder político y que incluyó, a diferencia del actual, la extinción de causas judiciales por evasión.

La comparación con el blanqueo de mediados del 2009 también abre incógnitas sobre la adhesión que podría tener el nuevo régimen. En aquel momento se declararon unos 4.000 millones de dólares y quienes lo hicieron debieron pagar tasas del 1 al 8% según el destino de esos fondos. Pero no estaban obligados a traer y depositar los dólares fugados clandestinamente –como lo establece el actual– sino sólo a "exteriorizarlos", aunque permanecieran en cuentas en el exterior o localmente fuera del circuito legal. O sea que el primer blanqueo del gobierno de CFK tuvo como prioridad aumentar la recaudación impositiva, mientras que el segundo apunta más que nada al urgente ingreso de dólares para dos únicas finalidades: reactivar el semiparalizado mercado inmobiliario (y en menor medida a la construcción) y financiar obras de infraestructura energética y a YPF, que ya no puede atender con las declinantes reservas del Banco Central. No en vano el discurso oficial habla de movilizar "liquidez ociosa" para reactivar la economía. No obstante, pocos apuestan a que se supere aquella cifra, aunque el plazo de tres meses puede ser prorrogado por el Poder Ejecutivo.

Otra posibilidad abierta es que los dólares que se "exterioricen" sin costo impositivo, vuelvan luego al circuito negro, aunque pagando un costo cambiario del orden de 20%. Esto será posible con la negociación secundaria del bono energético (Baade), por ejemplo al 80% de su valor en dólares (ya que el capital se recupera en el 2016), en lo que constituiría otro tipo de cambio. Lo mismo vale para el certificado inmobiliario (Cedin) si quienes lo reciben lo destinan a obras de construcción o refacción, cuya ejecución lleva más tiempo: no podrán negociarlos al mismo valor del dólar paralelo ya que, aunque son endosables, no permiten pagar gastos en el exterior (por caso, en viajes a países limítrofes y no limítrofes) y por lo tanto no tendrán el mismo valor en pesos que los dólares, salvo al tipo de cambio oficial.

Así, el mayor atractivo del Cedin será para quienes blanqueen dólares y tengan asegurada la compra de cualquier inmueble, aunque probablemente el vendedor exigirá que la escritura se haga en el mismo banco para transformarlos de inmediato en billetes verdes, que a partir del 2014 pagarán impuestos en base al tipo de cambio oficial.

Estas características hacen que el Cedin no resuelva el problema de la persistente caída de reservas del BCRA, que en lo que va del 2013 ya se redujeron en 4.500 millones de dólares (se ubican en 38.500 millones). En este caso, el BCRA actuará como una caja de conversión de dólares a Cedin y viceversa. La situación es diferente con los dólares que se destinen al Baade, que sí pueden aumentar transitoriamente las reservas, aunque el costo cambiario del 20% para blanquearlos les resta atractivo, salvo para inversores institucionales que pueden computarlos al tipo de cambio oficial.

En conclusión, el gobierno paga por el blanqueo un costo político superior al beneficio que pueda obtener para reactivar la economía. Sobre todo, cuando prefiere financiarse con dólares de evasores para no reconocer el deterioro del tipo de cambio real, que deprime las exportaciones y frena inversiones en muchos sectores.