El lanzamiento del BAADE, uno de los títulos ideados por el Ministerio de Economía para el blanqueo de dólares fuera del sistema financiero, tiene como objetivo el financiamiento de obras de infraestructura de YPF. La iniciativa, además de dejar expuesta la necesidad de dólares que afronta la economía argentina, demuestra que a poco más de un año de reestatizada la petrolera los esperados fondos iniciar las obras que permitan recuperar el superávit energético no aparecen.
En el último año de administración estatal, la firma deambuló en un limbo donde no logró financiamiento externo a tasas competitivas, señal de la desconfianza a las políticas públicas del sector, ni pudo incrementar la producción de gas y petróleo. A fines de abril de 2013, la petrolera aprobó la ampliación por u$s2.000 millones del monto del programa global de emisión de títulos de deuda anunciado en 2012, hasta situarlo en un total nominal máximo de 5.000 millones de dólares. Para comprender la dimensión de este cálculo, la cifra cubre en un 88% la capitalización bursátil de la compañía en Wall Street: unos 5.660 millones de dólares ($49.020 millones, según el tipo de cambio “contado con liquidación”). La estatización recortó a la mitad el precio de la acción en Nueva York.
El presidente de YPF, Miguel Galluccio, anunció el año pasado un plan de inversiones por unos u$s7.000 millones anuales, para completar obras por u$s37.500 millones para el quinquenio 2013-2017. En 2012, el balance de la compañía arrojó un beneficio neto de $3.902 millones, unos u$s754,7 millones al tipo de cambio oficial, un 12,2% menos que en 2011. Es decir que la petrolera precisa una inversión anual diez veces mayor que sus ganancias, lo que vuelve inviable el autofinanciamiento.
YPF está bajo control del Estado argentino desde el 4 de mayo del año pasado, después de que el Congreso aprobó una ley para expropiar el 51% de las acciones a Repsol, que mantiene una participación del 12% en la petrolera argentina. El Gobierno decidió recuperar para el manejo de este recurso estratégico y con ese fin nombró como presidente a Galuccio, un ingeniero entrerriano de 45 años que tuvo una carrera brillante en la firma Schlumberger, compañía líder en servicios petroleros, en la que llegó a director de Gestión de Producción, una división creada por el propio argentino.
La carta ganadora de YPF está en los 132 pozos de crudo no convencional de la formación de Vaca Muerta, entre Neuquén y Mendoza, que demandará una inversión de 1.500 millones de dólares. Es cierto que la decisión presidencial de tomar el control de la empresa tuvo fuertes argumentos en la baja performance en inversión y desarrollo de Repsol, aunque no puede omitirse la impericia de los organismos de control estatales y las políticas de precios oficiales que desalentaron la actividad de exploración y explotación de todas las petroleras que operan en el país.
Las necesidades financiaras de la empresa más grande de la Argentina exceden la capacidad el Estado para solventarlas e incluso son demasiado grandes para el mercado local. Hasta ahora, está emitiendo obligaciones negociables (ON) a una tasa más ventajosa que la que puede ofrecer la mayoría de las empresas privadas que precisan captar dinero. Por eso, la petrolera es una “aspiradora” de recursos que dejó a muchas compañías locales sin acceso al crédito, o las obligó a pagar tasas muy elevadas, superiores al 19% anual de sus bonos. Estas ON fueron adquiridas en gran parte por la ANSeS, fondos comunes de inversión y aseguradoras, que por disposición del Gobierno deben destinar un porcentaje de sus recursos a financiar proyectos productivos y de infraestructura a largo plazo. Otras ON, por montos muy pequeños, fueron tomadas por ahorristas.
Las inversiones no llegan
El compromiso del Gobierno para apoyar el desarrollo de la empresa es incondicional, al punto de que puede pensarse que la presidente Cristina Kirchner se juega buena parte de prestigio como administradora en lograr el éxito de la empresa confiscada. Más aún cuando la propaganda oficial se esforzó por cargar de simbolismo nacionalista el desembarco en la dirección de la compañía. Pero la realidad es que YPF, con un 57% del mercado de expendio, tiene menos de un tercio de la producción de crudo y gas. Esperar de la estatal que revierta por sí sola el déficit energético, que este año podría superar los u$s6 mil millones (el doble que en 2012) es un error de cálculo inadmisible.
Los resultados del balance del primer trimestre del año no contribuyeron al optimismo. Si bien la petrolera incrementó su facturación, la utilidad neta alcanzó los $1.258, un 2,8% menos que en el período enero-marzo de 2012. La producción de crudo disminuyó un 0,7% interanual y la de gas natural cayó 3,7 por ciento.
La deuda financiera total asciende a $18.538 millones (mitad en pesos y mitad emitida en dólares y contabilizada al tipo de cambio oficial), mientras que el efectivo y equivalentes disminuyeron a 4.315 millones de pesos. Algunos analistas alertan sobre el capital de trabajo negativo (cuando el activo corriente no alcanza para poder devolver las deudas a corto plazo), indicador de que el riesgo de insolvencia está en aumento.
A ello se suman los obstáculos judiciales. Repsol inició un juicio en el CIADI (tribunal arbitral del Banco Mundial) para obtener unos u$s11.300 millones, que es a consideración de la compañía española lo que le corresponde por las acciones estatizadas, al valorar a YPF en unos 18.000 millones de dólares. Por otra parte, el único principio de acuerdo que parece avanzar por Vaca Muerta, con Chevron, está condicionado un embargo por hasta u$s19.000 millones que dictó la Justicia argentina sobre activos de la filial local de la petrolera norteamericana, en el marco de una causa por contaminación en la amazonia ecuatoriana.
Es apabullante el contraste con Petrobras, la estatal brasileña, que colocó una serie de bonos por u$s11 mil millones, con rendimientos entre el 2,1 y el 4,5 por ciento anual, en la mayor emisión realizada por una empresa de un país emergente. YPF quedó atrapada en una crisis sistémica de la matriz energética argentina, que se puede resolver con empresas privadas, que aporten el know how y un shock de inversiones que la economía nacional no puede proveer.
