La imperceptible huella que hasta el año 2010 conectaba al sector energético con el resto de la economía se ha convertido en una autopista de doble vía, a partir de la pérdida del autoabastecimiento, primero y con la expropiación de YPF en el último año. En este sentido, el fracaso de la política sectorial ha significado un creciente drenaje de recursos, siendo el principal responsable en transformar los superávit gemelos en déficit gemelos. A todo esto se agrega un proceso de expropiación inconcluso que por ahora no supera la categoría de confiscación y que está limitando el desarrollo del potencial petrolífero del área conocida como Vaca Muerta.
Del carril de vuelta, la situación macroeconómica caracterizada por una inflación creciente (con un ritmo de devaluación rezagado), que deteriora en forma continua la competitividad, y que agrega dosis crecientes de conflictividad gremial, en especial en el sector petrolero. Además, las restricciones cambiarias limitan el interés de la inversión extranjera en nuestro país, re direccionándola hacia el resto de la región. Inclusive los propios capitales locales han frenado decisiones productivas en un entorno de máxima incertidumbre, en tiempos en que desaparecen las opciones de ahorro interno y se comienza a temer por la aparición de instrumentos de ahorro compulsivo, que arriban de la mano de la intervención del Poder Ejecutivo sobre la Justicia.
Un mecanismo que linda con esa compulsividad ha sido la decisión de transferir reservas del BCRA hacia YPF en una cuantía que puede trepar a los 2000 millones de dólares, habida cuenta que la firma recientemente nacionalizada no consigue financiarse en los mercados internacionales ni tampoco termina de conseguir socios, que más allá de la intensión, desembolsen los fondos que la compañía requiere para cumplir con su Plan de Negocios. De este modo, el aumento en la cotización del dólar blue, que este anuncio trajo aparejado, no hace más que convalidar el estrecho vínculo señalado, pues se ha percibido que la merma de reservas deteriora su relación con el circulante monetario, y que fija una referencia teórica del tipo de cambio de equilibrio.
Aparte de la condicionaidad macroeconómica, YPF está sufriendo cada vez más la política. El último ingrediente fue la adquisición del paquete accionario mayoritario de Metrogas, contraviniendo las limitaciones de integración vertical del negocio entre productores y distribuidores que fija la Ley 26.076/93, aún vigente. En este caso la adquisición no parece tener como objetivo evitar el abuso de una posición dominante sino más bien redireccionar recursos de un sector aun excedentario, como lo es el petrolero, a uno deficitario: la distribución de gas.
A pesar del llamativo cambio metodológico dispuesto por la Secretaría de Energía, la producción de petróleo como la calcula históricamente el IAPG, lleva 120 meses de caída ininterrumpida, igual que la producción de gas en los últimos 100 meses, y por tanto, lejos de ser motivo de orgullo, las importaciones de combustible aumentaron un 57% en el 1er trimestre de 2013.
La Ley de Presupuesto Nacional (Ley 26.784, arts 55 y 56) obliga a las autoridades de esta área a identificar e informar al Congreso de la Nación las compras de combustible líquido que ingresan desgravadas de impuestos específicos, y que seguirán incrementándose a lo largo del año.
Si bien el anunciado congelamiento de precios de combustibles ha logrado el efecto contrario, acercando los precios internos a los internacionales, las empresas que importan requieren que se les elimine la carga impositiva para tener rentabilidad, y a su vez el Tesoro Nacional sufre un drenaje de fondos al sustituir combustible gravado interno por el desgravado importado. Es por ello que hay que la Comisión de Energía del Congreso debe salir del aletargamiento y poner atención tanto en las nuevas estadísticas oficiales en materia energética como en el flujo de combustibles y dinero que maneja el Poder Ejecutivo cada vez con mayor discrecionalidad.
