Ha pasado un año de la “operación YPF”. Creo que se trata del hecho más espectacular de todos los que ha hecho el gobierno de los Kirchner. No hay ninguno que se le asemeje en audacia. No hay ninguno que haya llegado tan hondo al corazón de los argentinos. No se le compara ni el matrimonio homosexual, ni la ley de medios audiovisuales, ni la estatización de las AFJP.
En este caso, el Estado nacional argentino embistió con una firmeza extraordinaria contra Repsol, el principal accionista de la empresa más grande de la Argentina, que había sido totalmente vendida dos décadas antes por el gobierno peronista de entonces, con apoyo de los gobernadores peronistas de aquel tiempo, entre los cuales se encontraba el propio Néstor Kirchner.
El tema debe analizarse, un año después, desde varios ángulos; así lo haré en este breve artículo.
Hay en la gran decisión consecuencias políticas, económicas y energéticas, y estas consecuencias ya se sienten y se percibirán por largos años.
Las consecuencias políticas.
El hecho de la expropiación en sí, siendo importantísimo, fue al mismo tiempo bochornoso.
Los festejos posteriores a la sanción de la ley fueron patéticos. Los fuegos artificiales frente a la Confitería del Molino, y el Vicepresidente de la Nación y el Jefe de Gabinete celebrando en camiseta, con la leyenda “ES NUESTRA”, dieron un espectáculo único en nuestra democracia -paradójicamente, tan distinta de la de treinta años atrás.
El costado político de la cuestión no se agota allí. Eso ocurriría si hubiera sido una de las tantas victorias pírricas a que nos tiene acostumbrados el Poder Ejecutivo cuando hace valer su número en las Cámaras; ello ocurrió, por ejemplo, con la aprobación de los acuerdos con Irán, y actualmente ocurre con la “democratización” de la justicia. En ese caso, la ciudadanía identifica bien el problema: el Ejecutivo procede mal y se lo hace notar claramente en la calle (Vg. 13S; 8N; 18A).
En este caso, en cambió, el apoyo en general que tuvo el proyecto oficial fue extraordinario.
La dialéctica “progresista” del peronismo en acción es –aparentemente- un vendaval imposible de parar para la oposición tal como hoy ésta se configura. Casi nadie en las dos Cámaras quiso aparecer contrariando al falso nacionalismo oficialista “por miedo al qué dirán si voto en contra”. El Congreso –con excepciones honrosas- aceptó la humillación de votar sin haber leído y debatido en comisiones los fundamentos de una decisión tan pesada.
Sin saber cuánto valía la empresa expropiada, y sin saber si este pago era posible. En este hecho no falló el Poder Ejecutivo; falló también el Poder Legislativo. Es decir, fallaron los dos poderes democráticos de la República.
Este tema es preocupante porque nos aleja más del comienzo ético y racional que tuvo el inicio del ciclo democrático de Argentina, en 1983.
Las consecuencias económicas.
La expropiación está todavía impaga y, peor, todavía YPF no ha sido tasada.
El expropiado reclama por el 51% de la compañía unos 10.500 millones de dólares; me parece mucho. Pero es mucho más si tenemos en cuenta que el “viceministro estrella” que maneja este asunto ha hecho trascender poco menos que Repsol debería pagar a la Argentina por los daños causados.
No voy a entrar a juzgar cifras, pero me interesa destacar que mientras no haya tasación y pago justo estamos ante una virtual confiscación. Esta figura no está contemplada en nuestra legislación. Si esto persiste, los juicios y litigios serán cada vez mayores y esto nos va a terminar complicando mucho a futuro.
No quiero ser aguafiestas, pero para que se tenga una idea: la diferencia entre el valor reclamado por el expropiado y el que estaría dispuesto a pagar el gobierno es del orden del monto adeudado al Club de París, el cual -como se sabe- está en default, y mucho mayor que los montos que se discuten hoy mismo con los fondos buitre en Nueva York.
Conclusión rápida: a un año de la gesta estamos con un problema económico mayúsculo sin resolver.
Las consecuencias energéticas.
La energía es el problema más importante de la infraestructura argentina. Argentina cada vez depende más -y dependerá aún más- de la importación energética, pero su economía no produce suficientes dólares para soportar este costo.
La información que manejamos en el IAE Mosconi nos dice que las cosas van de mal en peor; esto significa que, en materia petrolera y gasífera, hoy estamos peor que hace un año. El gobierno disimula y oculta los datos. Es sorprendente la falta de conocimiento de la Presidenta que, en casi cuatro horas de discurso ante la Asamblea Legislativa, omitió este tema.
¡No es cierto que hayamos revertido la caída de la producción petrolera! Lo voy a decir claro: la expropiación de YPF no mueve el amperímetro de nuestra caída productiva, que tiende a continuar.
En conclusión: para el gobierno que asuma en 2015, sea cual fuere, la operación YPF, si no se cierra en forma adecuada durante la actual gestión presidencia, constituirá una “piedra en zapato” que le impedirá gestionar el sector energético.
Hay que exigirle al Gobierno, entonces, que informe con datos fehacientes el real estado de situación y que se ajuste a derecho para perfeccionar la operación que inició hace un año.
