Cuando se expropió YPF, se apeló al sentimiento popular asociando la medida al interés nacional de recuperar el autoabastecimiento energético que se perdió en 2011. En aquella oportunidad advertimos que se ponía el carro adelante del caballo. El país había perdido el autoabastecimiento como consecuencia de una política energética equivocada. Para recuperar el autoabastecimiento había primero que cambiar la política energética, para YPF, y para el resto de los actores que representan el otro 65/70% de la producción de hidrocarburos.
Si se tomaba el control de YPF para someterla a la misma política energética, íbamos a un final con fracaso anunciado. A un año de la expropiación de YPF, la empresa sigue floja de papeles (no hay acuerdo sobre la indemnización a pagar), tiene problemas para financiarse y conseguir socios estratégicos, y su ecuación de precios y costos está cada vez más sujeta a la intervención discrecional del gobierno. Para peor, su unidad de refinación más importante en La Plata, quedó fuera de servicio debido al cataclismo climático reciente. La nueva conducción ha hecho esfuerzos para mantener una línea profesional de autonomía de gestión, pero la película energética (léase la política sectorial) sigue siendo mala y condena a la empresa a hacer lo que puede con recursos propios y algunos fondos que obtiene colocando financiamiento en el mercado local. Muy poco para los ambiciosos objetivos productivos que se planteó en el Plan de los 100 días y que tenían como contracara inversiones de 7.500 millones de dólares por año.
La esencia del negocio petrolero es la discusión del régimen de apropiación y reparto de la renta (diferencia entre precios y costos) del recurso natural, más que el debate sobre el régimen de propiedad de los recursos y su explotación. Cuando la política pública se vuelve cortoplacista y somete a esta industria a una intervención discrecional, rompe las señales que dan previsibilidad a los mecanismos de apropiación y distribución de la renta petrolera. La participación en la renta del gobierno, las empresas y los consumidores rige los procesos decisorios que deciden los montos y la calidad de la inversión. Cuando la renta es incierta y su distribución imprevisible, las empresas (públicas, privadas o mixtas) sobreexplotan lo que ya está en producción y hacen mínima inversión exploraría para reponer reservas (varias bombillas en el mismo mate).
El plan de largo plazo para recuperar el autoabastecimiento energético (e incluso volver a exportar saldos a la región) implica asegurar a YPF y a los otros actores de la industria petrolera argentina reglas que devuelvan certidumbre de largo plazo y previsibilidad institucional al régimen de apropiación y reparto de la renta petrolera argentina. El precio de u$s 7.5 por MMBTU para el gas incremental que ahora ofrece el gobierno (con penalidades si no se cumple con la producción de base) y los cambios en el régimen de retenciones a las exportaciones del sector son fotografías que no cambian la película.
Una política energética alternativa focalizada en reducir la dependencia de la energía importada y recuperar el autoabastecimiento tendrá que plantear nuevos desafíos exploratorios y alentar los desarrollos productivos asumiendo la experiencia comparada de la región (Colombia, Brasil, Perú). La previsibilidad en el régimen de apropiación y distribución de la renta (participación del gobierno, y participación de YPF y otros actores) compromete políticas de largo plazo y señales de precios libres de las discrecionalidades burocráticas. Las inversiones que se requieren para revertir la declinación productiva y reponer las reservas depredadas en estos 10 años perdidos son cuantiosas, pero el potencial de recursos (convencionales y no convencionales) de las cuencas argentinas está a la espera. Según análisis actualizados que toman en cuenta la evolución de la curva de aprendizaje, Vaca Muerta estaría en condiciones de aportar unos 300 mil barriles día de petróleo (en 2012 produjimos 568 mil promedio día) y unos 50 millones de m3/día de gas (en 2012 produjimos 120 millones m3/d) recién a fines de la década. Si no cambiamos la política energética alejamos el aporte de estos desarrollos productivos. En el corto y mediano plazo habrá que convivir con déficit significativos que se pueden reducir operando por el lado de la eficiencia energética (para reducir la cantidad energía que requiere cada unidad de producto final), y comprando más barata la energía que importamos (más competencia, más transparencia).
