En los últimos seis años he pasado cinco en la Argentina como Director General de YPF, desde mayo 2007 hasta abril de 2012. A lo largo de este tiempo viví la experiencia de un país abierto y plural, con un envidiable nivel socio cultural en los diferentes niveles de la sociedad, dentro y fuera de la compañía. Este sentimiento y este afecto se mantienen inalterables.
En 1999 Repsol había realizado una inversión real y efectiva de 15.000 millones de dólares y alcanzado la mayoría del capital accionario de YPF. Las relaciones con el gobierno nacional y los gobiernos provinciales eran excelentes, igual que con los ejecutivos locales.
El lunes 16 de abril de 2012, hace ahora un año, un grupo de funcionarios entró al edificio central de YPF en Puerto Madero-apoyado por fuerzas de seguridad- y sin formular explicaciones, sin orden legal alguna, tomó el control de las instalaciones ordenando el desalojo de parte del personal, principalmente de nacionalidad española, entre los que me contaba. Dos días después abandoné el país.
Se ha intentado explicar que esta confiscación, un acto de fuerza liso y llano, tiene su apoyo legal en la ley de expropiación que sancionó el Congreso argentino en mayo.
He aprendido que entre la violencia de abril y la ley de mayo no existe relación alguna. La Constitución Argentina dice en español, en materia de expropiaciones, en su artículo 17, lo siguiente: “La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”. Sin embargo, la posición del gobierno argentino es ahora la misma que hace un año: no se le debe nada a Repsol.
Quisiera ser respetuosamente claro: la inversión extranjera que va de un país a otro lo hace solo si hay suficientes garantías.
Entiéndase bien: garantía no por el éxito o el fracaso de la inversión -que es parte del riesgo natural de los negocios- sino cuál es el grado de seguridad que tiene la inversión en sí misma.
La primera de estas garantías son las leyes locales. Durante toda su historia la Argentina había honrado sus propias leyes en materia de inversión extranjera.
Después de haber convivido y compartido propuestas y decisiones con las autoridades del mismo gobierno argentino, me es difícil entender por qué eligieron para separarnos el peor camino, el peor incluso en contra de sus propios intereses.
¿Por qué en contra de sus propios intereses?
En primer lugar, porque como consecuencia de la confiscación a Repsol, el crédito tanto de YPF como de la Argentina ha tenido un efecto negativo en el mercado internacional de capitales. En un mundo altamente globalizado y cada vez más intercomunicado, la acción que se tomó contra Repsol tiene un costo que va más allá de Repsol.
La primera pregunta que hace cualquier inversionista interesado en un país tan atractivo como la Argentina es cuál será el nivel de seguridad que tendrá su inversión. Es un error no tener en cuenta este elemento de la seguridad.
Países como Brasil, Colombia o Perú reciben importantes inversiones extranjeras en materia energética, por la simple razón de que esta inversión está garantizada por el Estado y a lo largo del tiempo se la ha respetado.
Confianza es una palabra que no se escribe en los contratos, pero es la clave de arco que permite su existencia.
En segundo lugar y con motivo de la confiscación se ha producido un perjuicio adicional al anterior: el valor de la acción de YPF a fines de enero 2012 era de u$s 40.65 y hoy, en las últimas cotizaciones, se ha reducido a u$s 13.60.
Después de un año de gestión propia, el gobierno argentino controla una compañía que vale tres veces menos que cuando la confiscó. Es difícil imaginar cuál ha sido el beneficio para YPF y para la Argentina.
Mientras tanto Repsol, sin YPF, ha continuado creciendo.
Su beneficio neto en 2012 alcanzó 2.060 millones de euros o sea, un aumento de 5.4% respecto del año anterior, que incluía YPF durante todo el ejercicio.
Lo realmente lamentable de este proceso es que Repsol siempre estuvo abierto a cualquier negociación, incluso aquella que buscara el control accionario de YPF por parte del Estado. Seguimos manteniendo esta posición, pero seguiremos sosteniendo nuestros derechos ante los foros y tribunales que correspondan.
La decisión de Repsol de invertir en la Argentina tuvo sin duda razones económicas, pero l a historia de las relaciones entre la Argentina y España ha sido algo más que cordial.
A esta realidad no es ajeno el hecho que casi la mitad de los argentinos son de origen español. En nombre de esta relación seguimos pensando, que ahora o en el futuro, podremos solucionar este innecesario conflicto.
