La muerte de Hugo Chávez no sólo fue una desgracia para sus partidarios y admiradores de diversas latitudes. El deceso, dos días antes de la cita 7-M de Cristina-Dilma en El Calafate, abortó un encuentro del que muchos esperaban saldrían señales o decisiones dirigidas a sacar del barro al proyecto Potasio Río Colorado (PRC, cuyo desarrollo demandaría US$ 6.000 millones). Lo que ahora se sospecha es que de cara a esa cumbre había pocas soluciones al gusto de Vale.
Tras 79 días de parálisis, el holding minero de Brasil suspendió la construcción de la mina. Después de haber puesto en PRC unos US$ 1.500 millones (más los US$ 750 millones que le costó la compra a Río Tinto), Vale decidió que los números no le cierran, así como está la economía argentina y el proyecto minero PRC, la más grande de las inversiones en marcha en el país (las de Pascua Lama se reparten con Chile). Analistas financieros y bursátiles del mundo ya habían aplaudido el parate de las obras, pese a la fortuna ya enterrada en el progreso del complejo. En tiempos de la minería mundial de “revaluación de activos”, PRC no ha logrado despejar sus incertidumbres.
Potasio Río Colorado era para varios actores el emprendimiento deseado. Brasil consume 6.000.000 ton/año de cloruro de potasio y sólo produce la décima parte. El mineral que importa lo trae caro en fletes desde Bielorrusia o Canadá. Vale pensó en ponerlo a tiro desde Bahía Blanca a Corumbá. Para la balanza del Mercosur, este comercio significaba también emparejar cuentas entre Argentina y Brasil. Mendoza, por su parte, esperaba un jugoso aporte a su erario en concepto de regalías. Por eso, el gobernador Paco Pérez hizo lo imposible, en prórrogas y seducciones, para que Vale no diera el portazo.
Hay factores que han desalentado a Vale, como sus balances (perdió US$ 2.647 millones en el 4T 2012), la proyección del mercado global del potasio (-20% en 2012) o la influencia de la incomparable inflación argentina (25-30%/año). “Necesitamos la comprensión del gobierno argentino para continuar con PRC. El sector minero demanda, por el tamaño de sus iniciativas, un tratamiento especial” había dicho en la reciente PDAC 2013 el director global del holding brasilero, Marcio Godoy.
Y resolver la cuestión del corredor ferroviario era tan clave como la cuestión fiscal. Lo que requería de la decisión política del Gobierno Nacional, que hasta ahora ha sido mero espectador de las ínfulas de gobernantes y privados de Neuquén y Río Negro. Según Vale, las demoras por estas discusiones sobre servidumbres y derechos de paso habían encarecido la inversión en unos US$ 1.000 millones.
El impacto por el turn off de Potasio Río Colorado será fuerte en Mendoza, provincia que había pactado con la minera un 75% de compre local. Vale-PRC había encadenado a unas 2500 pymes, preveía una inversión piso de US$ 600 millones para este año, para lo cual precisaba de 4.000 puestos de trabajo. Las cámaras de proveedores de servicios mineros nucleadas en Ofecasemi y Casemi habían expresado también su alarma por esta situación. Y la UTE local de Distrocuyo-Cartellone, que venía construyendo la línea eléctrica (40% de avance) para la interconexión (132 kw) con la línea Comahue Cuyo más dos estaciones transformadoras, reclamaron al gobierno de Mendoza por el freno de la obra (valuada en US$ 15 milones). Son parte del tendal que dejará el plantón de Vale.Dólares. Fuentes cercanas a las negociaciones fiscales, en las que estuvo involucrado también el secretario de Minería, Jorge Mayoral, hablan de lápices afinados en torno de la cuestión impositiva, lo que importaría ahorros de entre US$ 600/1.000 millones para Vale. La minera arguyó que la cotización de los dólares que ingresa está desfasada, mientras la inflación avanza, con sobrecostos del 40%. La eximición del IVA, dentro de este paquete, tendría sustento en dos leyes nacionales: la 24.196, que además de estabilidad fiscal regula deducciones y exención de Ganancias; y la 24.402, que decide el otorgamiento de créditos para el pago del IVA. Cualquier modificación de las condiciones firmadas entre Mendoza y Vale Argentina debería haber sido ratificada por la Legislatura mendocina.
El virtual Plan B del gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, para cambiar vía La Pampa la traza del ferrocarril hasta Bahía Blanca –cuya viabilidad es la mayor incógnita para el emprendimiento–, lejos de llevar tranquilidad a quienes siguen el caso, ha dado nuevas pistas acerca de cómo se mueven las cosas en Argentina 2013. ¿Quién podía asegurar que en el nuevo recorrido, por otras provincias y municipios, no aparecerían pretensiones similares de superficiarios y gobiernos locales?
“Dejar a una empresa minera a que resuelva el puzzle de centenares de intereses de particulares y de la política local poco tiene que ver con la promoción genuina de una inversión de esta magnitud”, dijo a Mining Press una fuente de Vale en Río de Janeiro. El socio mayor del Mercosur no comprende cómo el status de país federal que ostenta Argentina puede complicar así las cosas. Brasil es una República Federativa, pero esas cosas allí no pasan.
Vale largó la toalla, como dicen en el box. Mientras pululaban versiones variopintas de nuevos socios, como la del superjeque Sulaiman Al-Fahim, dueño del Manchester City F.C. (al que tentaron en Dubai a fines de enero Axel Kicillof, Julio De Vido y Jorge Mayoral “por expresa indicación de la Presidenta”, dijeron sus voceros) y la menos poderosa Mendoza, que entraría en un modelo mixto a cambio de las exenciones, regalías y otros rubros.
El potasio es la mejor demostración de la amplia gama de recursos mineros de la Argentina. PRC estimó una producción inicial de 2,4 millones ton/año, hasta trepar hasta 4,3 millones de toneladas, con un horizonte de vida útil de 45 años que podría extenderse otras dos décadas.
El proyecto suspendido involucra: 1º) La planta de proceso y extracción en Malargüe y dentro de las 80.000 has que ocupa la mina (presupuestada en U$S 1.100 millones); 2º) La construcción y refacción de 900 km de líneas férreas en cuatro provincias: Mendoza, Neuquén, La Pampa y Buenos Aires (U$S 1.000 millones) y la construcción de un aeropuerto en Malargüe; 3º) Una planta de reducción y compactación, además de la infraestructura para carga de los buques, en el puerto de Bahía Blanca (U$S 750 millones). ¿Y ahora? Al cierre de esta edición, la Nación y la provincia de Mendoza intentaban pactar con Vale las condiciones de la retirada de Potasio Río Colorado. Una difícil tarea, dados los antecedentes de los dialogantes. Los funcionarios reclaman, desde la audiencia del Ministerio de Trabajo del miércoles en adelante, que el holding brasileño garantice el pago de salarios a los empleados del proyecto por un año, lo que en buen romance significa hasta después de las elecciones de octubre. La cuestión es que la mayoría de los 4.000 y pico de operarios y técnicos directos no son de Vale, sino del enjambre de empresas proveedoras que construían el complejo.
Mientras tanto, en el índice Bovespa de la Bolsa de San Pablo, la acción de la compañía procuraba recuperarse de las esperables caídas que le supuso la noticia del abandono del proyecto argentino. “Los inversores van a entender que es mejor resignar un negocio que hacer un mal negocio”, decían fuentes de la empresa, en una pulseada con el mayor agorero del desplome de los papeles, el ministro argentino Julio De Vido, quien sugirió a los accionistas de Vale abandonar su apuesta por la empresa. La embestida recordó a otros episodios similares del funcionario vitalicio del kirchnerismo: cuando algo no funciona, tirar bajo el tren a las empresas (recordar eléctricas o petroleras) es la mejor receta.
Hablando de tren, los voceros del Gobierno difundían su propia versión: Vale ya había garantizado el 70% de la traza en acuerdos con superficiarios y administraciones locales. La empresa desertora habla del 30%.
No hay muchos casos en la minería en que con US$ 2.200 millones “enterrados” y el 40% de la construcción de una mina, se resigne la inversión. Analistas del sector y sobre todo del ítem propiedad minera, decían que no pasará demasiado tiempo para que Mendoza, la soberana del recurso minero según la Constitución de 1994, oficialice la caída de la concesión, invocando “abandono de mina” (artículos 226 a 232 del Código de Minería).
La prestigiosa consultora brasilera Eurasia Group conjetura que “Vale difícilmente llegará a un acuerdo para seguir en la Argentina”. En rigor, hay cero clima para seguir. El dirigente empresario Roberto Zenobi, de la cámara de los mineros mendocinos, lo resumió en palabras que fueron avaladas en el sector: “Hoy PRC no es negocio para Vale, hicimos las cosas mal durante siete años y ya la mina debería estar operando o a punto de hacerlo”. Se refería a lo que en el ambiente minero todos conocen: el rosario de pretensiones que sufrieron los concesionarios del proyecto en Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, las provincias de la cuenca del Río Colorado nucleadas en el Coirco.
El potasio malargüino parece maldecido. Por su default, Río Tinto no llegó a construirla y debió cederla a Vale en enero de 2009 por una suma irrisoria para lo que es la magnitud del proyecto. La historia se repite ahora con el gigante de Brasil, que se baja de una apuesta para 50 años apremiado por sus magros estados contables.
Operadores K que nunca faltan decían por estas horas que todo se solucionará y PRC será finalmente un emprendimiento argentino-brasileño. Y ya circulan en el ambiente los nombres infaltables de Cristóbal López y Vila-Manzano, además de las crípticas palabras de Miguel Galuccio de que YPF “se prepara para encontrar la forma de desarrollar el proyecto, con o sin Vale”. La provincia de Mendoza, se sabe, no tiene capital ni espaldas para afrontar sola esta inversión. La especulación tiene también su lógica: el potasio mendocino tiene su mejor futuro con Brasil como comprador.
Estas fuentes aseguran que Dilma y Cristina terminarán arreglando todo, pero el circuito de agravios mutuos ha sido enorme. La liturgia devidista no fue un bálsamo, precisamente. Y la gerencia de Vale Argentina ninguneó como pocos al gobernador Paco Pérez: nunca le avisó oficialmente que, finalmente, suspendía. Dicen que Cristina lanzó su ira contra a los funcionarios de Planificación y de Economía tras el cese del más importante proyecto productivo que tiene el país. No es para menos.
PRC ha terminado siendo una interminable carrera de obstáculos. Un entuerto que no ha podido reparar la gran política. Por favor, que alguien baje de YouTube el video (de julio de 2012) del CEO de Vale, Murilo Ferreira, y de CFK, en la Casa Rosada, en el que ambos ensalzaban el gran proyecto minero que hoy ingresó en el desván de las frustraciones argentinas.
Dilma Rousseff y Cristina Fernández deben asumir un liderazgo vacante en la región.
Las mandatarias Dilma Rousseff y Cristina Fernández tienen un encuentro pendiente en El Calafate, que fue programado tras la visita argentina a Brasilia en diciembre de 2012, cuando la presidenta brasileña agasajó a su par en el Palacio de la Alborada, en Brasilia. Esta reunión fue suspendida dos veces, la primera por la tragedia en Santa María, un incendio que provocó la muerte de 233 personas, y la segunda por el fallecimiento del presidente venezolano Hugo Chávez. Y son muchos los temas que deberán abordar a partir de los nuevos desafíos a enfrentar en las relaciones bilaterales, especialmente en lo que refiere a la política latinoamericana y a la integración regional.
Pero en especial, deberán atender conflictos como el surgido con la minera Vale que, tras vencer el plazo para que presente un proyecto de reactivación, se colocó como punto de urgencia en la agenda de ambos países. El problema reside en que la empresa brasileña necesitaba ahorrar unos 1.500 millones de dólares para retomar las inversiones en la región. En tal sentido, estaba pendiente la exención de obras que tenía que realizar Vale, como la construcción de un tramo ferroviario extra para pasajeros en Neuquén, o la reducción de cobros de derecho de paso por parte de Río Negro y Buenos Aires en la traza del tren que debe llevar el mineral al puerto de Bahía Blanca. Lo cierto es que tras la decisión de la minera de desistir del desarrollo del megaemprendimiento de potasio en el Río Colorado, el gobernador neuquino Jorge Sapag solicitó a la empresa que asegure una solución pacífica a la nueva realidad, en especial por la situación de 6.400 trabajadores de Mendoza, Río Negro, Neuquén y Bahía Blanca; y confió que este tema sea tratado en un próximo encuentro entre la presidenta Cristina Fernández y Dilma Rousseff dentro de los 30 días.
Igualmente, la relación bilateral no es sólo reproches, también hay acuerdos, como los pasos que se están dando en la complementación que están desarrollando compañías nacionales para su participación en el plan de expansión de la flota de la empresa estatal brasileña Petrobras, donde gran parte de los requerimientos de la industria naval que tiene la petrolera podrían ser fabricados en este país. A su vez, está pendiente el destrabe de un crédito que sustente el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, que sería otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil.
No obstante, Argentina y Brasil deberán fortalecer los lazos bilaterales de integración, enfrentando los conflictos que los mismos tienen y concretando los proyectos fijados. Sin duda, uno de ellos es el tema de la industria automotriz, que estructuralmente genera constantemente tensiones entre ambos países, por lo que necesitan arribar a un esquema de cupos de exportación y lograr superar las barreras comerciales que fija Argentina y molestan a Brasil.
Pero el reto más importante es seguir haciendo historia en la región, especialmente en la era post Hugo Chávez que, tras el mar de lágrimas que provocó su muerte, no queda otra que poner rodilla en tierra y seguir construyendo la utopía de la unidad latinoamericana. Tarea nada sencilla por el vacío de liderazgo que representa su ausencia, especialmente por el modelo de integración que propició. Contrapuesto a una liberalización comercial impulsada por los Estados Unidos, además Chávez fue catalizador político de experiencias como las de Ecuador o Bolivia y jugó un rol especial en el abastecimiento petrolero de países latinoamericanos, especialmente Cuba.
Este rol político quedará por un tiempo en segundo plano, ya que en el corto plazo Nicolás Maduro tendrá como reto lograr mantener la coalición política interna y el apoyo popular para sostener un gobierno que continúe con las bases heredadas del período chavista. En tal sentido, los armados propiciados por Chávez, como el ALBA (Alternativa Bolivariana para Nuestra América) o el Petrocaribe –acuerdo para abastecer de petróleo en condiciones especiales a países del continente– quedarán supeditados a los lazos generados en espacios como la Unasur (Unión de Naciones de América del Sur) y la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe). Por eso, no cabe duda que Dilma Rousseff, como conductora de un Brasil con fuerte peso regional, tendrá el desafío y responsabilidad de asumir un liderazgo continental que difícilmente pueda ocupar algún otro país latinoamericano.
Si bien figuras como Correa, que podrían tener el carisma del venezolano, no tienen el peso económico para sostener ese posicionamiento, la evolución de países como México, Colombia o Chile podría poner en cuestionamiento el legado de Hugo Chávez para el continente. En ese aspecto, Dilma Rousseff deberá profundizar su alianza con Argentina, país con un peso propio, y buscar en Cristina Fernández un sostén que permita contener el arco bolivariano expresado en Bolivia y Ecuador.
No cabe duda de que los distintos niveles de articulación regional, expresados en la Unasur y la Celac, implican una política latinoamericana contrapuesta al intento hegemónico de los supuestos países del primer mundo. De hecho, la crisis que viven estos Estados centrales debilitan sus pretensiones regionales y propician, e incluso condicionan, la necesidad de profundizar lazos de integración regional.
Por eso, Argentina y Brasil deberán mostrar la capacidad de avanzar en la incorporación de nuevos países al Mercosur (Mercado Común del Sur), así como Venezuela, que ingresó súbitamente a partir del golpe en Paraguay y por gestiones de Brasil, encabezadas por Marco Aurelio García, asesor presidencial en relaciones internacionales de los gobiernos de Lula y Dilma. Mismo trabajo deberá hacerse con Bolivia y Ecuador a fin de garantizar un marco de continuidad política a la región y, a su vez, incluir en los armados a Uruguay, donde el mismo Pepe Mujica les pide a sus socios “sincerar” los caminos a seguir en el bloque.
Este espacio regional intenta cubrir a la región de la crisis internacional que golpea con dureza a Europa y busca posicionar el peso regional de un Brasil que como sexta economía del planeta y acreedor de los organismos internacionales lo colocan con un nuevo rol global. Por eso, en la agenda pendiente entre Dilma Rousseff y Cristina Fernández está el análisis estratégico de la intervención de ambos países en espacios internacionales como el G-20 o la Asamblea General de la ONU. Es de esperar que, en forma conjunta, Argentina y Brasil impulsen políticas de protección al empleo y de promoción de la industrialización, contrapuestas a los ajustes neoclásicos desarrollados en la Unión Europea. A su vez, Brasil le tendería un puente a la Argentina para fortalecer su lazo e incorporación al esquema Brics, que el vecino país comparte con Rusia, India, China y Sudáfrica.
En definitiva, el escenario global y latinoamericano obliga a Dilma Rousseff y a Cristina Fernández a profundizar las relaciones bilaterales y subsanar situaciones que fortalezcan el lazo entre ambos países.
