La decisión de Vale, un jugador de relevancia global en el sector minero, tuvo un fuerte impacto, aunque no haya sido del todo sorpresiva, ya que desde hace un tiempo se barajaba esta posibilidad en ámbitos políticos y empresariales nacionales y provinciales.
La medida tomada por la empresa tiene varios componentes. Por un lado, se encuentra dentro de un replanteo general de la empresa en su estrategia de inversiones a nivel global, de la mano de cambios en algunas variables que han impactado en su rentabilidad general. Pero, en este marco el proyecto en Argentina reunía varias condiciones para estar entre los primeros a rever dentro de este replanteo. Son varios los factores locales que hacían de Potasio Río Colorado una apuesta de riesgo. Cuestiones como la imposibilidad de remitir utilidades,vigente desde el año pasado y sin solución a la vista por el momento; costos en dólares crecientes (salariales, de insumos, y de operaciones dado el esquema cambiario) y una presión tributaria en ascenso que comprende a todas las jurisdicciones, pero en particular a las provincias y municipios, están dentro de los principales factores que ponían en jaque la rentabilidad del proyecto en el corto y largo plazo. A lo que se suma una inestabilidad en las reglas de juego generales que empuja en contra de cualquier inversión en nuestro país.
La suspensión no es un tema menor para la economía doméstica en general y la de la provincia de Mendoza en particular. El proyecto incluía una inversión por un total de u$s 5.900 millones, que incluso se ampliarían en un monto significativo de acuerdo a la información brindada por la propia empresa, lo que lo posicionaría entre los más importantes en los últimos años. Además, de acuerdo a las proyecciones, generaría a partir de 2014 un aumento en las exportaciones por un total de u$s 1.000 millones, monto que aumentaría con el correr de los años. En el orden provincial, la construcción de la obra generaba un total de 5.500 empleos directos (y alrededor de otros 11.000 indirectos), lo que representaba por sí solo un 2% del empleo de Mendoza. Y las ventas al exterior de todo el distrito se hubieran visto incrementadas, una vez puesta en marcha,la mina, en un notable 45%.
Y por supuesto, la medida tampoco es menor para el sector minero argentino. La puesta en marcha de la producción hubiera posicionado a Argentina como el 4º productor mundial, implicaría un 5% del empleo directo e indirecto total de la minería nacional, y hubiera significado un impacto de 30% de las exportaciones actuales y del 14% del PBI del sector.
La decisión de Vale no debiera sorprender. No sólo porque era algo previsible para los entendidos en el sector, sino porque además, este caso individual se enmarca en un escenario económico general poco propicio para la inversión, una situación que lamentablemente no es nueva sino que es de larga data, y que se ha visto reflejada en la pobre performance de la inversión total y la externa en particular en los últimos años.
El cambio constante de reglas de juego, pero en especial el cambio de régimen al que hemos asistido desde algún momento a fines de 2011, no son justamente un marco propicio para decisiones de parte de las empresas en proyectos de gran envergadura.
*Por Dante Sica - Ex secretario de Industria y Minería de la Nación y director de abeceb.com
