Detrás de los discursos encendidos levantados con la expropiación de YPF, el Estado argentino mantiene con Repsol una conducta contradictoria. La empresa española ha iniciado varias acciones contra la Argentina y sus intereses energéticos. La demandó ante el CIADI por más de U$S 10.000 millones; enjuició a las petroleras que anunciaron su intención de asociarse con YPF (Chevron y Bridas), fogoneó las demandas contra Argentina de accionistas particulares en EE.UU. y canceló unilateralmente el invierno pasado el envío de 10 cargamentos de Gas Natural Licuado (GNL). El Gobierno argentino no ha iniciado aún el juicio expropiatorio, exponiéndose a que Repsol solicite judicialmente el “abandono” de la expropiación.
Si tomamos en cuenta que Repsol ha doblado su participación en la expropiada YPF al ejecutar las garantías otorgadas al grupo Petersen (Eskenazi), siendo el accionista privado más importante, con el 12% del capital social y derecho a un sillón en el directorio de la compañía, cabría preguntarse por qué el Estado argentino aún no ha tomado contra Repsol medidas de derecho societario, como la suspensión de los derechos políticos de sus acciones, tomando en consideración la actitud totalmente hostil y agresiva de Repsol para con YPF.
Según fuentes independientes del mercado, ENARSA tuvo que pagar un sobrecosto de alrededor de 100 millones de U$D por la diferencia de precio entre el GNL que había contratado a Repsol y el que compró a las apuradas en el mercado spot. Frente a este panorama, el Gobierno argentino, lejos de reclamar por el incumplimiento, acaba de premiar a una filial de Repsol con un contrato de suministro de 26 barcos de GNL para 2013, por la friolera de 1.500 M de U$D. Un contrato de compraventa de GNL suscripto entre YPF/ENARSA y Gas Natural Fenosa, empresa española controlada por Repsol.
La inactividad de las autoridades argentinas es pasmosa y la dependencia energética, creciente. ¿Está en marcha un entendimiento con Repsol? La realidad pone límites al relato.
