El acuerdo del Sindicato de Luz y Fuerza de la Capital Federal, el que más afiliados tiene en todo el país, ha roto con la metodología pero está en línea con lo que el Gobierno quiere para este año. Tanto que fue homologado de inmediato por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
El anuncio de que los trabajadores del sector consiguieron el 30 por ciento de aumento produjo un momentáneo cimbronazo, pero al correr de las horas y con el conocimiento preciso de las condiciones, quienes quisieron ver un “golpe” sindical al plan de “congelamiento” de salarios del Gobierno nacional –y hubo varios comunicadores que, apurados, así lo plantearon– terminaron retrocediendo. Los trabajadores “eléctricos”, que se concentran en su mayoría en el Área Metropolitana bonaerense en las empresas Edesur y Edenor, pero que también trabajan en Edelap, Transener, Transba, Endesa Costanera, Central Dock Sud y Central Puerto, percibirán un aumento de 23 por ciento en todo el año que corre y otro 7 por ciento en el primer semestre de 2014, al cabo del cual volverán a discutir salarios en una nueva paritaria “atrasada”.
Este convenio extiende la previsibilidad del costo laboral por 18 meses, lo que es una alternativa que Tomada y Oscar Lescano, el eterno “pope” de Luz y Fuerza, encontraron para zafar del “corcet” del porcentaje que el Gobierno considera “razonable” y que ronda entre 20 y 23 por ciento para el año que corre, sumándole una “garantía” de aumento para los primeros seis meses del año próximo.
Otros gremios, pero del sector industrial, están analizando este “atajo” con la siguiente letra oficial: “Si llegamos a acuerdos lógicos este año, que no permitan una disparada, en 2014 habrá una baja de la inflación o una moderación, por lo que tener cerrada la paritaria para el primer semestre permite ganarle algo al aumento del costo de vida”.
No parece que esta movida vaya a ser masiva, ni siquiera entre los sindicatos enrolados en la CGT Balcarce que lidera el metalúrgico Antonio Caló, pero claramente es la apuesta del Ejecutivo.
Desde el costado de los precios, el viceministro de Economía, Axel Kiciloff, terminó de conformar una comisión integrada, entre otras, por una hermana de la nueva embajadora argentina en EEUU, Cecilia Nahón, para realizar un seguimiento exhaustivo, sector por sector, de la variación de los precios. A quienes advierten que nunca un control de precios funcionó en la Argentina y que siempre las salidas de ese sistema fueron con estampidas, los “kicilofistas” –que los hay– responden que así fue porque nunca se hicieron bien. La manera de hacerlo del comité de cinco mujeres que eligió el viceministro será “científica”, aseguran en el Palacio de Hacienda. No sabemos si existirá esta forma de llevar adelante un control de precios, agregamos nosotros, pero lo que es seguro es que los embates de Guillermo Moreno sobre los formadores de precios probablemente sean vistos en el futuro como un juego de niños.
La tercera pata de la política gubernamental para “enfriar la inflación sin enfriar la economía” será el ancla al dólar, cuya cotización oficial no superará los 6 pesos a finales de este año, según prevén en el ministerio de Economía y en el Banco Central. Esto supondría un aumento del 20 por ciento, aumento que en esos despachos consideran “en línea” con la inflación deseada.
No obstante, otras fuentes del propio Gobierno admiten en privado que harán falta más medidas y ahora sí una sintonía muy fina para salir airosos del desafío que representa un eventual recalentamiento de la inflación en un año electoral clave. No nos haremos eco de las versiones que circulan por la City porque, por obvias razones, resultan interesadas. Y antojadizas. Pero está claro que el principal problema para el Gobierno nacional, y para la economía, puede venir del lado del campo, a pesar de que de allí provendrán nuevas cosechas récords.
Por ejemplo, casi es una certeza que se producirán este año entre 48 y 50 millones de toneladas de soja. En cuanto al maíz hay consenso de que orillará los 25 millones de toneladas. En esta campaña se llevan vendidos en “forward” unos 3 millones de soja, lo que equivale al 6 por ciento de lo estimado. En la misma época, en 2012, se habían comercializado unos 6 millones sobre una estimación de 45 millones de toneladas, es decir, el 13 por ciento. La explicación es muy sencilla: no había cepo cambiario.
Con esta actitud los productores (los promedio, que siembran 500 hectáreas y, en buena medida, alquilan) buscan defender la capacidad de compra de la cosecha. Es decir, venden solo para pagar los gastos corrientes. No esperan mejores precios sino que el dólar “blue” siga subiendo. Y que arrastre al oficial.
El Gobierno está mirando con mucha atención la evolución de las ventas y piensa intervenir fuertemente para que no haya un “cuello de botella”. Habrá que ver cuán expresivo y eficiente es a la hora de tomar medidas, porque la tranquilidad cambiaria podría alterarse si no entran los dólares que tienen que entrar y en los plazos habituales.
En el ministerio de Agricultura que conduce Norberto Yauhar lo tienen claro. “Pueden retener las ventas pero nadie se pega un tiro en el pie”, arriesgaron en relación a la postura de los productores. Paralelamente, el titular de la cartera consiguió a las cansadas un triunfo al recibir la aceptación de la Federación Agraria (FAA) a la reunión a que la convocó para el 21 de marzo.
Yauhar cursó cartas a las entidades que integran la Mesa de Enlace con invitaciones a dialogar pero en fechas separadas. El consejo directivo de la FAA que conduce Eduardo Buzzi se reunió este lunes en Rosario y, por mayoría, decidió aceptar la invitación.
Hablando del disparo en el pie, Buzzi debió asumir el voto mayoritario a favor de conversar con el Gobierno y salió a aclarar, veloz, que no se trataba de un voto en su contra y que no había fisuras en la conducción de la entidad.
Otros dirigentes fueron más explícitos. “Nosotros no vamos a consensuar nada con la Mesa de Enlace porque tenemos una agenda definida, que no coincide con la de la Sociedad Rural”, aclaró Pedro Peretti, otro de los directivos de la Federación Agraria.
Como en el caso de la CGT, el Gobierno apuesta a la “balcanización” de las entidades del campo. Habrá que ver los resultados.
* Director de gacetamercantil.com
