Históricamente, las provincias delegaron en el gobierno nacional la facultad de cobrar algunos impuestos, y el gobierno central delegó la administración del gasto en educación, salud, justicia y seguridad. Para cubrir las necesidades de financiamiento de las provincias se creó el sistema de coparticipación federal, por el cual Nación envía automáticamente una porción de lo que cobra. Es el mismo sistema que la Constitución de 1994 prometió reformar antes de 1996: llevamos 17 años de default.
Los problemas del actual diseño generan que muchas provincias se lleven una porción cada vez menor de la torta. La creación de impuestos nuevos, como el impuesto a los débitos y créditos bancarios y las retenciones, hizo que las provincias se quedaran con una parte menor de los recursos. Tomando exclusivamente las transferencias por coparticipación, hoy Nación no cumple la obligación de transferirles al menos el 34% de los recursos.
Por otro lado, una porción importante de los impuestos nacionales va al sistema de seguridad social.
Esto tenía sentido cuando se pasó de un sistema de reparto a uno de capitalización y el gobierno nacional asumió todo el costo de la transición.
Pero revertido el proceso y con las cuentas superavitarias en ANSES, muchas provincias querrían recuperar las concesiones que hicieron en otro contexto.
Es cierto que las transferencias a las provincias subieron con el crecimiento de la economía y la recaudación. Entre 2003 y 2010, las transferencias automáticas aumentaron 5 veces.
Pero la cifra es pequeña si se la contrasta con lo que se incrementaron las transferencias que Nación hace a los municipios: en el mismo período aumentaron 52 veces. Por eso muchas provincias desconfían de las nuevas líneas de financiamiento y las obras de infraestructura que el Gobierno promete a los municipios.
Otro problema es la desigualdad entre las jurisdicciones. La provincia de Buenos Aires es la que menos recursos per cápita recibe, muy por debajo del promedio de las demás. Por su parte, y con una situación socioeconómica parecida a la de Formosa, Misiones recibe un monto similar pero tiene el doble de población.
Cambiar la coparticipación es un deber, pero no es sencillo: requiere el consenso de todas las provincias. Sin embargo, es grave que muchas transferencias que no se rigen por este sistema repitan sus mismos errores. Así, en lugar de corregir los defectos de la distribución automática, la asignación del presupuesto nacional los magnifica, y beneficia en muchos casos a las mismas provincias. Para lograr mayor igualdad, un camino posible para el Gobierno es resolver las inequidades del gasto nacional aprovechando la actual concentración de recursos de la que dispone, para poder más adelante, encontrar la salida al laberinto de la coparticipación.
