Transcurrida la cuarta parte de la mitad del nuevo siglo y a un año de haberse adoptado medidas que se anunciaron como fundacionales de una nueva política energética, aún no se conoce el plan sobre cómo habrá de construirse el futuro energético que el país necesita. Se trata de una decisión que atañe principalmente al gobierno nacional, pero que por fuerza también comprende a las provincias, los principales municipios y las empresas públicas, mixtas y privadas que operan en los distintos escalones que conforman el sector energético. Tampoco pueden quedar afuera de la discusión los partidos políticos y las principales corrientes de opinión, así como las voces representativas de los consumidores domiciliarios y de las actividades productivas.
Cualquier nuevo escenario tendrá que fundarse en algunas premisas que a esta altura ya son verdades de a puño, sostenidas por hechos concretos y verificables en todo el mundo. La energía que impulsó el desarrollo económico y social durante el siglo XX fue motorizada por el uso masivo de combustibles fósiles no renovables (carbón y petróleo), abundantes en principio, de bajo precio pero elevado poder contaminante.
El desarrollo económico y social en el siglo que corre tendrá otra impronta, esta vez signada por el uso de energías renovables, de muy bajo o nulo impacto ambiental, aunque bastante más onerosas. Muchos países han dictado normas tendientes a promover la generación de energías más limpias y sustentables. En el caso particular de Argentina, se han adoptado algunas medidas puntuales que impulsaron inversiones concretas, pero cuyo monto y significación no han servido para modificar la estructura que la actividad económica y el consumo residencial requieren.
Con la crisis energética ya instalada, se torna imprescindible aumentar sustancialmente la oferta local de gas natural para alimentar una matriz energética que exhibe una desproporcionada participación este combustible como fuente primaria de energía. A pesar de superar el 50% del consumo total y registrar una caída sostenida en el nivel de reservas y el volumen de producción durante los últimos 10 años, ninguna estrategia o plan integral ha sido puesto en práctica para morigerar este cuadro.
La misma falta de planes de largo plazo con políticas y medidas convergentes es la que se viene repitiendo desde hace más de un cuarto siglo, aunque la mayor parte de las carencias se corresponden con tiempos más cercanos. El país cuenta con probables reservas -gigantes- de gas en forma de yacimientos de shale gas, como para superar el actual estrangulamiento de la oferta, aunque su explotación y extracción se encuentra fuertemente condicionada a la vigencia de una política de largo plazo, todavía ausente.
La puesta en marcha de la explotación de estos yacimientos no resuelve sin embargo la problemática del largo plazo donde predomina la exagerada dependencia del gas natural, ni la de la necesaria migración hacia un mayor componente de fuentes renovables. Tanto el shale gas como las fuentes renovables requeridas para el futuro tienen en común el requerimiento de elevadas inversiones por unidad de energía producida. La inversión en generación solar o eólica multiplica por tres o por cuatro el costo de las turbinas y ciclos combinados alimentados convencionales por cada unidad de potencia instalada. En el caso de las centrales hidroeléctricas la inversión depende de la geografía del lugar de emplazamiento, aunque la experiencia ubica sus valores entre 2,5 y 4 veces el valor de la relación inversión /capacidad. Aunque todas ellas resultan siendo más económicas en su operatoria al no demandar insumos ni combustibles.
La explotación del gas y petróleo contenido en las rocas, requiere de inversiones que más que triplican los montos de la explotación convencional. No obstante, la experiencia confirma que ésa mayor inversión no se traduce necesariamente en un mayor costo final por unidad de energía producida, por cuanto en este tipo de yacimientos, el volumen y el período de explotación aumentan de manera significativa respecto de los parámetros de los yacimientos explotados con la tecnología corriente.
Ambas alternativas de desarrollo energético deben desarrollarse de manera conjunta para resolver el corto y el largo plazo, si se pretende un esquema que resulte sostenible. Demandan una nueva estructura de precios, distinta a la que rige el esquema vigente. El camino hacia la utilización creciente de formas de energía limpias aún, con el mayor costo que ello implica, responde a la creciente preocupación colectiva por el cuidado del medio ambiente, como sucede en los países que se encuentran a la vanguardia del proceso. Se irá imponiendo como lo fueron en su momento diferentes transformaciones y modificaciones de pautas y conductas en otros ámbitos de la vida humana como la igualdad racial, de género, los derechos humanos, la libertad sexual y la libertad económica, que se fueron extendieron por el mundo hasta convertirse en postulados que hoy en día las sociedades libres ya no discuten.
La energía limpia y sustentable obliga a un replanteo de las premisas básicas y la estrategia para alcanzar los objetivos perseguidos, que puede sintetizarse en (i) una política de estado de largo plazo donde los precios remuneran la generación de recursos para financiar las inversiones que requiere el desarrollo sustentable en el tiempo, (ii) un amplio y vigoroso mercado nacional de capitales donde financiar los proyectos y las ampliaciones que demanda el sistema y (iii) un esquema regulatorio idóneo, con autoridad técnica capaz de ir adaptando los objetivos y las metas acordadas conforme vayan apareciendo y se sucedan los cambios tecnológicos, económicos y sociales que lo hagan necesario.
Así se fue consiguiendo en el mundo a través de los años y con esos criterios se han construido las plataformas que permitieron resolver los problemas de las sociedades que debieron superar los obstáculos que planteaba la necesidad de contar con energía segura y accesible para sostener su proceso de desarrollo económico y social.
