La falta de una política clara y groseros errores de gestión arrastraron al país a una grave crisis energética. Caída de reservas y volúmenes de producción, tanto en petróleo como en gas, condujeron a la pérdida del autoabastecimiento , a la ruptura unilateral de un alentador mercado regional y a la necesidad de una creciente importación de combustibles, en especial GNL.
El impacto de la crisis en las cuentas públicas y en el balance comercial se tornaron paulatinamente indisimulables. En el contexto de una fuerte impronta nacionalista, el Gobierno pretendió instalar la falsa idea de que con la nacionalización de YPF se recuperaba la soberanía hidrocarburífera y el problema estaba solucionado. Allí apareció más clara la cuestión de fondo: una Argentina racionada en los mercados internacionales, con un alto riesgo país, básicamente a partir de la intervención del INDEC y de los modos en que se llevó adelante la expropiación de YPF, se halla obligada a enfrentar altas tasas y ofrecer condiciones excepcionales para atraer algún tipo de inversiones, todo ello en detrimento de los intereses nacionales , que supuestamente se dicen defender.
La importación de cuantiosos volúmenes de gas, otrora actividad prácticamente inexistente, se lleva adelante sin marco regulatorio ni mercado, en un proceso carente por completo de transparencia y sujeto a las arbitrarias reglas que se autoimpone el Gobierno .
ENARSA, la compañía creada por ley para ampliar la frontera exploratoria, básicamente en la plataforma continental, pasó a ser un agente dedicado a la importación lisa y llana y de buenas a primeras, y la recuperada YPF pasó a gestionar y licitar las compras de GNL , por cuenta y orden de la primera.
Todo ello sin que mediara el menor proceso licitatorio, ni se conocieran las condiciones o beneficios que trae aparejada esta supuesta “auto tercerización”.
¿Quién paga las comisiones? ¿De dónde salen los recursos para abonar las enormes y crecientes facturas?
En los artículos 54 y 55 del presupuesto 2013 se establece que la importación de gas es un objetivo prioritario y de interés general para el país y se autoriza a cobrar cargos fijos en las facturas de consumo domiciliario, para atender dicho objetivo.
Hacen falta reglas de juego y procedimientos claros que garanticen un proceso sostenido de inversión, que no solo alcance los precios en boca de pozo y nuevas reglas en materia de retenciones para algunas inversiones puntuales. Hay que normalizar los precios y tarifas, transparentar mercados, racionalizar el uso y ahorrar energía, establecer marcos regulatorios claros y confiables. En síntesis: instrumentar una verdadera política energética integral. De lo contrario seguiremos zozobrando entre la improvisación y el corto plazo.
