Las provincias pagan la nueva fiesta petrolera
Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sigue apostando las fichas al crecimiento de la producción de petróleo y, en este sentido, tiene muchas esperanzas en los resultados que puedan obtener en la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, que comprende a la cuenca neuquina y toma la zona norte de esa provincia y una parte de Malargüe. Este yacimiento tiene ricas reservas de sheil oil y sheil gas, combustibles que se obtienen mediante la fractura de las rocas.
Para avanzar en este sentido, el gobierno decidió estatizar YPF y buscarle socios y uno de ellos ha sido la empresa argentina Bridas, perteneciente al grupo Bulgheroni. A través de esta firma, los empresarios argentinos se asociaron con la empresa Sinopec de capitales británicos y chinos y conformaron Pan American Energy (PAE), quien es una de las mayores exportadoras de petróleo.
Para entusiasmar más a estas empresas, el gobierno decidió modificar el esquema y a través de una resolución de la Secretaría de Energía, dispuso cambiar el esquema de retenciones a las exportaciones de crudo, de manera que las empresas exportadoras percibirán realmente 70 dólares por barril exportado, siempre que el precio supere los 80 dólares. De esta manera se mejora sustancialmente la situación estas empresas, que hasta ahora recibían no más de 42 dólares.
Según algunas fuentes del mercado, las empresas más beneficiadas serían las mencionadas Sinopec, PAE y la otra petrolera de capitales nacionales Tecpetrol. En principio, el sistema operaría como una compensación por una mayor producción de crudo, como establecía el fallido programa Petróleo Plus, que fue desactivado el año pasado.
El interés del gobierno es que las empresas inviertan en mayor producción y el de las empresas es que les paguen más por lo que producen para tener recursos genuinos para invertir. Puntualmente, Bridas está asociada con YPF para la explotación de uno de los bloques de Vaca Muerta.
Las provincias excluidas
En esta normativa dictada por la Secretaría de Energía quedan totalmente afuera las provincias, que son las dueñas del recurso y que actuaron como poder concedente de la explotación. Al disminuir las retenciones a las exportaciones se les reconoce más a las exportadoras pero no a las provincias, que seguirán recibiendo 43 dólares por barril. De esta manera, y de forma totalmente arbitraria, el gobierno nacional decide que las provincias contribuyan con la rentabilidad que necesitan las empresas.
El mismo esquema se está usando en el mercado interno, donde las productoras le pagan a la provincia 42 dólares, pero los combustibles en el mercado interno están liberados y sus precios ya casi alcanzan los precios internacionales, basados en los precios reales del crudo, que está cerca de los 90 dólares barril.
En el gobierno provincial nadie se arriesga a hablar del tema porque saben que tiene una profunda connotación política. El gobernador Pérez volvió de vacaciones con la premisa de sentarse con el presidente de YPF, Miguel Galuccio, con el fin de resolver la adjudicación de la tercera ronda de áreas secundarias, pero intentando, también buscar mejoras en los precios percibidos por el crudo extraído.
No obstante, es un tema muy delicado por el cual ningún gobernador sacará los pies del plato para evitar los castigos kirchneristas y probablemente los planteos se hagan institucionalmente vía la Ofephi, la organización que agrupa a las provincias petroleras.
Por ahora, las provincias son las que pagan la fiesta de las petroleras que venden al público y de las que exportan, mientras tienen que penar por la caída general de sus ingresos. Es una de las partes del falso federalismo vigente en la Argentina.
