¿Es posible imaginarse que se puede democratizar el precio de la energía eléctrica sólo a través de las nacionalizaciones, o se debe buscar la eficiencia de las empresas públicas y privadas desde otro enfoque? En la literatura económica, generalmente, se habla sobre el tema de la eficiencia comparativa de las empresas públicas versus las empresas privadas, o de si tal empresa opera de forma ineficiente. El argumento clave tiende a ser si la empresa en cuestión obtiene pérdidas u obtiene beneficios; tomando lo primero como un signo de ineficiencia y lo segundo de gestión eficiente.
El problema es conocer con qué incentivos operará todo el sistema interconectado en Bolivia a partir de la expropiación de las acciones de dos distribuidoras de energía eléctrica en las regiones de La Paz y Oruro, una empresa de servicios y una gestora de inversiones. Las firmas expropiadas son dos de las principales distribuidoras de electricidad en La Paz, Electropaz, y en Oruro, Elfeo (ambas operadas por la española Iberdrola desde 1996), además, de la empresa de servicios Edeser y una gestora de inversiones.
Fuentes consultadas estiman en 100 millones de dólares el valor de estas compañías.
El decreto 1448, determina la “nacionalización” de ambas empresas. También dispone que se respetará la estabilidad laboral de los trabajadores de base de ambas firmas, aunque no ocurrirá lo mismo con los directivos, cuyos cargos serán definidos por la estatal Empresa Nacional de Electrificación, que a partir de hoy se hace cargo de ambas “nacionalizadas”.
En mayo de 2011 se expropiaron las acciones de Red Eléctrica Española (REE) en la Transportadora de Electricidad (TDE) sin que hasta el momento se haya llegado a un acuerdo de compensación económica. La REE adquirió en 2002 el 99,94% de las acciones de la empresa boliviana TDE, propietaria y operadora del Sistema Interconectado Nacional boliviano (SIN), que atiende el 85% del mercado nacional. La expropiación se ejecutó el 1 de mayo sin que hasta el momento se haya llegado a un acuerdo de compensación económica entre el Gobierno boliviano y la empresa española.
Iberdrola, a través de su filial Iberbolivia, poseía el 89,5 % de las acciones en la Empresa de Electricidad de La Paz (Electropaz) y el 92,8% en la Empresa de Luz y Fuerza de Oruro (Elfeo). La justificación económica para la expropiación de ambas empresas es la necesidad de que las tarifas de servicio eléctrico sean equitativas y la calidad de servicio eléctrico sea uniforme en el área rural y urbana.
En general, sea cual sea el indicador utilizado para medir la eficiencia, lo ideal es poder comparar los valores del indicador en cada periodo; no sólo entre sí, sino también con un valor de referencia externo a la empresa. No se trata solamente de democratizar el precio de la energía eléctrica, como se ha planteado a través del decreto de nacionalización, porque los costos por compensaciones pueden generar serios desequilibrios en la empresa en términos de eficiencia. Esperemos poder ver los resultados en ese sentido y no generar más desconfianza entre los inversionistas que quieren establecerse en el país, pero que por falta de seguridad jurídica no lo hacen.
El autor es economista
