(Opinión) SCIBONA: YPF. NUEVOS SOCIOS, VIEJOS RIESGOS
YPF: nuevos socios, viejos riesgos
Río Negro/ Néstor O. Scibona
Aunque son una señal a favor de la necesidad de recuperar reservas y aumentar en el mediano plazo la alicaída producción de hidrocarburos, los acuerdos firmados por YPF para incorporar a Chevron y Bridas como socios en el desarrollo de shale oil y shale gas en la prometedora formación de Vaca Muerta deberán atravesar durante el nuevo año varias instancias antes de que puedan ponerse en marcha.
Estos acuerdos son algo más que cartas de intención; pero aún faltan meses para traducirse en contratos en firme. Precisamente, lo más llamativo es la escasez de precisiones en algunas cuestiones clave. Esto da la pauta de que se trata de anuncios a cuenta de condiciones que deben estipularse. Si hubiera que definirlos en lenguaje inmobiliario, podría decirse que ambas compañías firmaron una reserva para anticiparse a otros posibles competidores y obtener ventajas; pero las inversiones comenzarán a llegar después de la escrituración.
El titular de YPF, Miguel Gallucio, ya había anticipado estas negociaciones a fin de agosto, cuando lanzó el ambicioso plan de inversiones por 37.500 millones de dólares para el período 2013/2017. Sin embargo, sólo pudieron avanzar en las últimas semanas de 2012 cuando la presidenta Cristina Kirchner aceptó hacer concesiones ajenas a la agenda del viceministro Axel Kicillof, el máximo regulador del sector. Las más relevantes fueron la elevación del precio del gas natural en boca de pozo a 7,5 dólares por millón de BTU para las compañías que inviertan y extraigan mayores volúmenes (que favorece claramente a YPF) y un nuevo esquema de retenciones para las ventas externas de petróleo, que les asegura una base de 70 dólares por barril (y beneficia mayormente a Bridas). La frutilla del postre fue la suba (de 6%) en los precios de las naftas y gasoil de YPF, que necesita más "caja" para realizar sus inversiones ante la estrechez del mercado local de capitales.
Con estas ventajas, por su condición de exportadora de crudo y reciente transformación en una petrolera integrada (tras la adquisición, junto con su socio chino Cnooc, de la refinería de Campana y la red de 550 estaciones de servicio de Esso), Bridas prevé la firma del contrato con YPF dentro de 60 días. La compañía de los hermanos Alejandro y Carlos Bulgheroni se compromete a invertir 1500 millones de dólares en los próximos dos años; adquirir parte de las áreas de Bajada de Añelo (35%) y Bandurria (24,5%) y buscar financiamiento a largo plazo por 500 millones de dólares para la futura sociedad. YPF, a su vez, aportará el título de concesión del área de 663 km², con un acuerdo del tipo "farm in", en el que ambas compartirán costos de exploración y explotación. Con la inversión prevista se realizará un piloto de 130 pozos bajo el modo "factoría" en los próximos 24 meses.
Aunque no figura en el acuerdo, obtuvo un beneficio extra: la simplificación del régimen de retenciones le asegura a Pan American Energy (en la que Bridas es socia junto a Cnooc y la británica BP) un precio más estable para las exportaciones de crudo provenientes de su yacimiento estrella: Cerro Dragón, en Chubut. Hasta hace un año, PAE percibía 42 dólares por barril más un adicional de 28 dólares por devolución de retenciones móviles a través del plan Petróleo Plus, eliminado de un plumazo por el ministro Julio de Vido. Ahora, el precio redondo de 70 dólares (con retención sólo cuando exceda de 80) y el acuerdo con YPF, la ponen a cubierto de nuevos cambios de reglas, incluso a nivel chubutense.
El caso de Chevron presenta en cambio aristas más complicadas. En lo formal, el acuerdo es similar al de Bridas ya que prevé la perforación de un piloto de 100 pozos en un área de 290 km² de los yacimientos Loma la Lata Norte y Loma Campana, con una inversión inicial de 1000 millones de dólares. Si la sociedad tiene éxito, el desarrollo completo del área demandaría inversiones por 15.000 millones en varios años.
Aunque esta última cifra encandiló a muchos funcionarios, lo cierto es que para aumentar sus inversiones en la Argentina, Chevron deberá resolver previamente un complejo problema judicial. La clave es que una cámara de apelaciones no ratifique el fallo de un juez de primera instancia que embargó las acciones, dividendos y hasta 40% de los depósitos bancarios que reciba la filial local por pedido de la justicia de Ecuador, a raíz de un antiguo pleito por daños ambientales contra su antecesora Texaco. Aquí, el acuerdo con YPF podría servirle de ayuda política indirecta. Quizás por ello se prevé un plazo de 120 días para la firma del contrato, ciertamente exiguo para los tiempos de la justicia argentina.
No es la única complicación judicial que puede amenazar a éste y los demás acuerdos. También está la demanda de Repsol ante el Ciadi (el tribunal de arbitraje del Banco Mundial) por la virtual confiscación de sus acciones en YPF. En este caso, la compañía española pide un resarcimiento de 8000 millones de dólares y amenaza con iniciar acciones legales contra cualquier petrolera que pretenda hacer negocios con YPF, especialmente en Vaca Muerta.
Al margen de este riesgo, en el ambiente petrolero también comenzaron a evaluarse otros de distinta naturaleza. Uno es que el nuevo precio del gas natural (de 7,5 dólares por MTBU) por ahora sólo tendría como comprador a Cammesa, la operadora mayorista del mercado eléctrico que depende de aportes y préstamos del Tesoro Nacional, por lo cual registra fuertes atrasos en sus pagos. Otro, que si el futuro desarrollo de los yacimientos no convencionales tiene éxito, el plazo de las actuales concesiones resulta demasiado corto para el retorno de las enormes inversiones requeridas y debería extenderse entre 20 y 30 años más. Pero aquí la jurisdicción ya no corresponderá al gobierno nacional sino a los gobiernos provinciales (por caso, Neuquén), que incluso podrían establecer nuevos modelos de contrato para el shale oil. De hecho, la legislatura de Río Negro acaba de aprobar la ley que fija nuevas condiciones para extender 10 años las actuales concesiones petroleras, sin incluir el eventual desarrollo de yacimientos no convencionales.
Probablemente en esta cuestión se irá haciendo camino al andar, según los resultados. Pero también quedan pendientes otras cuestiones de fondo que sí competen a la Casa Rosada, como la disponibilidad del crudo, la estabilidad tributaria, el giro de utilidades, la importación de equipos de alta tecnología o los crecientes costos en dólares. En este sentido, el ex secretario de Energía, Emilio Apud, propone que una salida elegante para el gobierno podría ser establecer un Área Administrativa Especial para el manejo de los contratos para desarrollar Vaca Muerta, Los Molles y otras áreas con yacimientos no convencionales (como el golfo San Jorge y la cuenca Chaco-Paranaense), a fin de movilizar inversiones en lugar de condicionarlas.
Festejos para los fracasos
La Nación/ Néstor O. Scibona
El polémico asado del ministro Julio Alak en el museo de la ex ESMA es una muestra más del extraño concepto que el cristinismo aplica a ciertas celebraciones. Otro caso había sido la multitudinaria fiesta del 9D en Plaza de Mayo, organizada de antemano para celebrar el 7D como la victoria decisiva contra el Grupo Clarín, que finalmente quedó vacía de contenido por decisión judicial. Y esta semana habrá de sumarse el show artístico popular para recibir con fuegos artificiales a la Fragata Libertad en Mar del Plata, con la idea de transformar en un triunfo político lo que en realidad fue un papelón internacional, atribuible a la propia impericia del Gobierno en un caso verdaderamente absurdo.
La prometida presencia presidencial en el apostadero naval marplatense, en plena temporada veraniega repleta de turistas, no sólo revela el oportunismo político de Cristina Kirchner quien, en lo que va de su gestión, nunca se había ocupado de la partida ni del arribo del buque escuela de la Armada. Más bien apunta a dejar en el olvido el error de haber incluido a Ghana en el itinerario de la Fragata y que sólo le costó el cargo a una funcionaria de tercera línea del Ministerio de Defensa; además del jefe de la fuerza, pero por no convalidar el relevo de otro oficial que se atrevió a contar cómo se había gestado la gaffe oficial. También a borrar de la memoria aquella desafortunada frase de la Presidenta, cuando afirmó que los "fondos buitre" podrían quedarse con la fragata, "pero no con la libertad, la soberanía ni la dignidad" de la Argentina. En rigor, el buque escuela permaneció privado de su libertad de navegar durante dos meses y medio en ese país africano, donde la Argentina ni siquiera tiene representación diplomática ni hizo ningún trabajo jurídico previo para evitar el riesgo de estos embargos arbitrarios.
Más allá del episodio puntual, el caso revela otra tendencia preocupante: el Gobierno nunca admite sus errores y redobla la apuesta cuando debe enfrentar sus consecuencias, con lo cual genera nuevos problemas. Con el embargo de la Fragata, los "fondos buitre" lograron su cometido de llamar la atención mediática; pero el gobierno de CFK cayó en la trampa de endurecer su posición justo antes de que el juez neoyorquino Thomas Griesa debiera determinar cómo y cuánto debía pagarles, lo cual desembocó en un fallo aún más duro, finalmente suspendido por la corte de apelaciones de Nueva York hasta fines de febrero. Resultado: el Gobierno acaba de aceptar ahora la reapertura del canje para los holdouts a cambio de una sentencia más razonable, pero permanecerá hasta entonces con los dedos cruzados para evitar un nuevo problema en el sector externo de la economía.
La arbitraria transformación de fracasos en supuestos éxitos tiene ya una larga historia en el kirchnerismo. Cristina Kirchner suele exaltar el desendeudamiento externo del sector público, pero omite señalar que la deuda cambió de acreedor cuando debe pagar con reservas del Banco Central, que antes se "compraban" con superávit fiscal y ahora con pagarés de dudoso cumplimiento. Y desde la época en que sobraban reservas, mantiene pendiente la deuda en default con el Club de París (unos 9000 millones de dólares, incluyendo intereses y punitorios), así como en la nebulosa judicial una ristra de fallos del Ciadi (tribunal internacional de resolución de controversias del Banco Mundial) en contra de la Argentina. Esto deja al país sin acceso al crédito externo, justo en una época de bajísimas tasas de interés internacionales.
Es cierto que el endeudamiento en dólares para financiar gastos corrientes provocó desastres en el pasado. Pero esto no justifica renunciar al financiamiento de largo plazo y bajo costo para grandes inversiones en infraestructura, que actualmente deben ser atendidas con el presupuesto nacional de cada año; o bien con créditos de países emergentes que financian sus propias exportaciones de bienes de capital, lo cual reduce el abanico de opciones.
Este fue el caso de la compra de 45 coches chinos para reequipar la línea A de subtes, que el gobierno de CFK adjudicó cuando no planeaba transferir el servicio a la administración Macri. Como funcionan con un voltaje diferente (1500 volts) al de las centenarias formaciones que habrán de reemplazar (1100 volts), los nuevos y viejos trenes no pueden circular simultáneamente y es lo que obligará a suspender el servicio este verano. Aunque nadie explicó si son necesarios 60 o menos días para poner a punto el cambio, resulta insólito que la Casa Rosada le endose al gobierno porteño el costo político de la decisión, como si no hubiera tenido nada que ver con la compra de esos coches.
Otras situaciones inexplicables ocurren en el transporte de superficie. Por primera vez el gobierno kirchnerista acaba de disponer una tarifa social en trenes y colectivos para jubilados, empleadas domésticas, ex combatientes y beneficiarios de planes sociales, que debió haber aplicado hace varios años. En cambio, optó por hacerlo ahora luego de haber aumentado los boletos para contener los crecientes subsidios a las empresas concesionarias. Pero esto ocurre un año después de haber sometido a millones de pasajeros a torturantes colas en el verano pasado para entregar la tarjeta SUBE. Vista en perspectiva, la tarjeta encubrió la necesidad de ejercer un mayor control sobre el uso de los fondos estatales para el transporte, que ahora tiene tres precios diferentes para cada pasaje.
Valor simbólico
El fracaso de la política de subsidios masivos e indiscriminados -que costará años racionalizar- probablemente trate de ser camuflada con el probable anuncio de la reestatización de los trenes suburbanos, que sería motivo de otro show político en el año electoral para regocijo de los gremios ferroviarios que ya han pegado algunos afiches callejeros para apurar la decisión. Pero si se concretara esta idea, sólo tendría el valor simbólico de repintar los trenes con el logo "Transporte Público" y difícilmente haga olvidar la tragedia de Once. En la práctica, significará presentar de otra manera un servicio que hace tiempo es virtualmente estatal, funciona mal y cuyo déficit impide realizar imprescindibles inversiones en renovación de trenes con más de 50 años a cuestas. Sólo en 2012, el subsidio a las seis líneas suburbanas trepó a 4600 millones de pesos (unos 1000 millones de dólares). Casi lo mismo que el déficit récord de Aerolíneas Argentinas (976 millones), cuya reestatización CFK suele presentar como uno de los logros de su gestión.
Quizá por su menor costo económico inmediato, el Gobierno haya optado por confiscar por decreto el predio ferial de la Sociedad Rural, para ofrendar un supuesto éxito político a sus seguidores más ideologizados. Pero es difícil que coseche algún rédito en zonas de rurales. Allí las preocupaciones marchan de la mano de otras prioridades: después de diez años de boom sojero y recaudación multimillonaria de retenciones, el estado de la mayoría de los caminos rurales sigue siendo deplorable ante cualquier lluvia y complica el transporte de las cosechas hacia los puertos, que también el Gobierno necesita imperiosamente.
