El presidente de YPF, Miguel Galuccio, realiza febriles gestiones internacionales para lograr inversiones que permitan la explotación de hidrocarburos no convencionales en el megayacimiento de Vaca Muerta. Galuccio ha visitado recientemente Oslo en procura de una asociación con la estatal Noruega Statoil; firmó un acuerdo con la norteamericana Chevron para una inversión del órden de los 1.000 millones de dólares, cuyos detalles aún no se conocen, y anunció el inicio de conversaciones con Bridas, empresa que invertiría 10.000 millones de la misma moneda.
La primera conclusión es entonces la urgente necesidad de revertir el insostenible costo de la factura de importaciones energéticas que, debido a una pésima política sectorial, debe afrontar el país. Hay sobradas razones para considerar prioritarias estas inversiones en un contexto dominado por un bajo nivel de inversión directa extranjera. Correspondería, en consecuencia, analizar las condiciones contractuales y económicas en que las mencionadas inversiones se realizarían, si es que finalmente se concretan, y cuál sería la actitud más acorde del gobierno para favorecerlas y optimizarlas, como también conocer los plazos y los resultados esperados desde el punto de vista productivo.
Claro que hay un dato reciente que no es posible soslayar cuando se trata esta cuestión: YPF colocó deuda en el mercado doméstico a casi 20% de interés anual, con bonos que vencen en el 2017. Y son, justamente, esos dos aspectos los que constituyen la prueba concluyente que en esto, como en otras cuestiones, el gobierno es víctima de su inconsistencia.
En un mundo donde sobra financiamiento baratísimo, la mayor empresa del país se fondea internamente a tasas muy altas, desplazando de ese crédito a firmas que por su menor envergadura no pueden acceder a fuentes financieras alternativas. Ciertamente esto no es imputable al ingeniero Galuccio. Con el país racionado en los mercados financieros internacionales, resulta difícil para los agentes privados acceder a esos mercados, aún cuando se trate de empresas de tamaño suficiente para participar en ellos. Las condiciones crediticias que genera el deudor soberano le ponen un piso a las que enfrentan los deudores privados de ese mismo país.
Conviene llamar la atención, sin embargo, sobre el hecho que lo que debería hacerse para revertir esta situación no supone nada heroico. Sólo modificar algunas cosas: arreglar con el Club de París, normalizar el INDEC, y poco más. El primer aspecto no parece demasiado gravoso políticamente, toda vez que se trataría de refinanciar deuda con un conjunto de acreedores soberanos, y teniendo en cuenta que se ha pagado en tiempo y forma a los prestamistas privados. Tal vez la mayor restricción es que llevar adelante alguna de estas medidas sencillas implica desandar un relato electoralero y de consumo interno que explica inconsistencias como las que pone en evidencia la cuestión del financiamiento de YPF.
