Sus utilidades y el valor bursátil de la empresa han caído drásticamente. YPF muestra apenas modestas mejoras en los niveles de producción de petróleo debido a la comparación con 2011, cuando huelgas sin precedente afectaron durante 100 días la producción en el norte de Santa Cruz. La producción de gas sigue disminuyendo, pero lo más grave es que por falta de confianza están demorados los planes que la compañía prometía iniciar en 2012 para desarrollar lo que constituía la gran esperanza: los recursos no convencionales de petróleo y gas en la formación Vaca Muerta, en Neuquén.
La forma en que el Gobierno encaró la expropiación de YPF explica en buena medida lo que sucede. El Gobierno se ha negado hasta el momento a siquiera ofrecer un pago a Repsol por las acciones expropiadas. Lo que ha hecho por el momento no es expropiar, sino confiscar. No sólo envió un mensaje muy negativo a la industria petrolera y a la comunidad de negocios en general, sino que derivó en una serie de acciones legales que Repsol ha iniciado -y amenaza multiplicar contra otras empresas interesadas en desarrollar los recursos de Vaca Muerta.
A este panorama se agregó que a menos de tres meses de la toma de control de YPF, en julio pasado, el Gobierno dictó el decreto 1277/12, que aumentó significativamente el control gubernamental sobre el negocio hidrocarburífero enviando otra señal sumamente inquietante. A partir de allí, es claro que la interferencia regulatoria creciente de la última década al amparo de la denominada emergencia y de la crisis de abastecimiento de gas no será transitoria. En el fondo de esa crisis actúa un congelamiento de precios impuesto por el Gobierno para impulsar un crecimiento económico que fantasea con que el recurso es infinito.
El decreto 1277 desnudó los intereses oficiales de regular hasta el más mínimo detalle las actividades en el sector y fijar los márgenes de utilidad. Pocas cosas pueden ser más desalentadoras para la inversión que un marco regulatorio cuya principal regla es que el éxito de la inversión y del negocio dependen de la discrecionalidad estatal. Se afirma frecuentemente que las empresas petroleras están acostumbradas a asumir riesgos y operar en países difíciles. Pero una cosa es asumir el riesgo geológico y de la volatilidad de precio propio del negocio, y otra muy diferente es enfrentar la certeza de que sus utilidades dependen del humor o de los favores de los funcionarios y que se les prohíba pagar dividendos, como ocurre en la Argentina.
A esta situación se agrega el creciente aislamiento financiero de la Argentina en el mundo. No puede sorprender, por ende, la imposibilidad de YPF de acceder a los mercados internacionales de crédito y que, más allá de las declaraciones y anuncios, el interés inversor para asociarse con YPF sea tan tibio, al menos en el corto plazo.
Para contrarrestar esta asfixia financiera, YPF está recurriendo crecientemente al mercado local de obligaciones negociables con colocaciones de bonos en pesos y en moneda local, pero atadas al dólar oficial y, en estos días, de un bono a un año en pesos a una tasa negativa (19%) que le permitirá obtener una ayuda poco menos que simbólica. Es evidente que el tamaño del mercado local es insuficiente para financiar el ambicioso plan de YPF de invertir más de 37.000 millones de dólares en los próximos cinco años y que, en buena medida, algunos fondos llegarán a YPF merced a que la Anses derivará fondos de los jubilados y a que las compañías de seguros han sido forzadas a invertir en "proyectos productivos reales", entre los cuales el predominante sería la YPF nacionalizada.
Pese a los vaticinios oficiales, este año las importaciones de gas crecieron en volumen un 50% respecto del año anterior. Además, las utilidades de YPF cayeron un 51% y el valor de sus acciones declinó más de 50% desde comienzos de año. Como ejemplo del desbalance patrimonial, puede mencionarse que el total de los pasivos a fines de septiembre alcanzaba el equivalente a 8500 millones de dólares frente a su valor de mercado de sólo 4000 millones.
No obstante el financiamiento que logra YPF y las asociaciones que incipientemente parece conseguir, la cuestión central es que no existe una política general para atraer inversiones en toda la actividad de petróleo, gas y energía. YPF es una empresa muy importante, pero no representa más allá del 35% de la producción y reservas de petróleo y gas, por lo que el restante 65% adquiere más relevancia aún. La mayoría de las demás empresas no cuenta con los beneficios especiales que el Gobierno dedica a YPF. Y las inversiones para potenciar su producción son igualmente importantes y necesarias, y naturalmente mayores. Curiosamente, estas empresas estaban incrementando sus expectativas y negociaciones con YPF para potenciar el recurso no convencional de Vaca Muerta, siendo esto atacado explícitamente por el Gobierno, y causal alegada para la confiscación de acciones de YPF en manos de Repsol. Sería paradójico que se haya expropiado YPF para finalmente atraer a las mismas empresas que ya estaban negociando con YPF.
Éste no es ciertamente el panorama que el Gobierno prometió cuando se apropió de las acciones de Repsol ni aquel recientemente descripto días atrás por la Presidenta en Tecnópolis, cuando dijo que "YPF es una causa nacional". El problema no podrá resolverse sin fuertes inversiones privadas o financiamiento externo, que no llegarán mientras las autoridades sigan haciendo lo posible por generar cada vez más desconfianza con sus políticas intervencionistas y su despreocupación por sembrar seguridad jurídica..
