Tardaron en llegar y todavía están lejos de configurar una estrategia. Pero, a casi ocho meses de la reestatización de YPF, el gobierno de Cristina Kirchner se decidió a realizar las primeras movidas importantes en el tablero energético.
La más significativa fue la elevación a 7,5 dólares por millón de BTU (MBTU) en el precio del gas natural en boca de pozo acordada precisamente con YPF, aunque también podrá ser extendida a otras compañías petroleras. Como ya se señaló en esta columna, se trata de una suerte de plan Gas Plus II condicionado a nuevas inversiones, que mantiene la modalidad de contratos caso por caso pero fija un valor más atractivo y acorde con la realidad de los costos. También menos alejado de los altos precios de importación que viene pagando la Argentina (de 11/12 dólares por MBTU para el gas de Bolivia y de 15/16 para el gas natural licuado).
La noticia, anunciada por CFK en la UIA, tuvo una repercusión favorable en el sector. Nadie entendía por qué un Gobierno que proclama a los cuatro vientos la necesidad de sustituir importaciones por producción local, aplica desde hace años una política exactamente opuesta para la extracción de gas natural, cuya escasez es además una de las principales causas del actual déficit energético. Hoy el precio promedio reconocido a los productores locales se ubica en torno de 2,7 dólares por MTBU y la diferencia es subsidiada por el Estado en las tarifas a los consumidores. No hace falta ser especialista para advertir que esa política iba a conducir –como efectivamente ocurrió– a un exponencial aumento del consumo interno (que redujo a sólo ocho años el horizonte de reservas), a costa de un persistente deterioro de las inversiones y de la producción, cubierto con importaciones más voluminosas y caras.
El incremento de los precios del Gas Plus II beneficia claramente a YPF, por tratarse de la compañía que más invertirá en la extracción de gas natural "nuevo". Según el plan quinquenal anunciado por su CEO, Miguel Galuccio, entre el 2013 y el 2017 invertiría 6.500 millones de dólares en la perforación de 1.160 pozos, multiplicando por diez el promedio de los dos últimos años. Es previsible entonces que los volúmenes adicionales de gas que logre extraer, especialmente de la prometedora formación de Vaca Muerta, serán retribuidos al nuevo precio de 7,50 dólares por MBTU. Este valor también es un incentivo para que otras compañías privadas formulen nuevos planes de inversión, o bien busquen asociarse con la petrolera estatal.
De hecho, la empresa Bridas (de la familia Bulgheroni y asociada a la china Cnocc en Pan American Energy) ya dejó trascender su intención de invertir 1.000 millones de dólares en hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta y Los Molles (Mendoza). Fue una de las pocas compañías (junto con la Corporación América, del Grupo Eurnekian y la estadounidense Chevron) que firmó cartas de intención con YPF con la expectativa de mejores condiciones contractuales, que dependen a su vez de la Casa Rosada. Chevron, en cambio, ha tenido peor suerte por partida doble. Por un lado, sus activos en la Argentina acaban de ser embargados a raíz de un juicio por daños ambientales en Ecuador (iniciado hace años contra su antecesora Texaco por 19.000 millones de dólares) y que la compañía impugnó por fraude. Por otro, el controvertido embargo fue respaldado por el presidente ecuatoriano Rafael Correa durante su reciente visita oficial a la Argentina, que será recordada por un doble desaire: a la colectividad judía (por haber comparado a las víctimas del atentado contra la AMIA con las de los bombardeos de los Estados Unidos a Libia) y a la propia CFK (quien en su última visita a Nueva York se había reunido con la plana mayor de Chevron para interesarlos en invertir en el país).
Más allá de estos avatares, el aumento en el valor del gas "nuevo" no deja de ser un parche dentro de una política muy fragmentada en materia de precios. Si bien fue un sinceramiento largamente esperado, no alcanza a despejar varias incógnitas. Por lo pronto, el bajo precio del gas "viejo" sigue siendo el mismo a pesar de los mayores costos; y aún se desconoce si las empresas que en su momento adhirieron al plan Gas Plus (con contratos de 4/6 dólares por MBTU a cambio de inversiones) deberán presentar o no nuevos proyectos para aumentar el valor que perciben. Por otro lado, si la actual reformulación del plan tiene éxito y se recupera la producción de gas, el gobierno no podrá eludir la disyuntiva de trasladar los mayores precios a los consumidores o seguir aumentando la insostenible cuenta de subsidios.
A su vez, la propia petrolera estatal se verá urgida por conseguir socios o mayor financiamiento. De ahí que también aprovechó el momento para lanzar con profusa publicidad una emisión de "Bonos YPF" a 12 meses y rendimiento de 19% anual, destinada a inversores minoristas (a partir de un piso de 1000 pesos). Con esta movida, el gobierno apunta a popularizar la reciente reforma del mercado de capitales y, de paso, allegar fondos a YPF. También Galuccio se dio el gusto de concretar una jugada de más largo plazo al anunciar la creación de la sociedad YPF Tecnología (junto con el Conicet), para promover desarrollos en tecnología petrolera y que, según Cristina Kirchner, habrá de convertirse en "una Invap del petróleo".
Sin embargo, la contrapartida de estas buenas noticias para YPF es la decisión política de que asuma el control accionario de Metrogas, la distribuidora que atiende a más de dos millones de usuarios de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Esta compañía mantiene sus tarifas congeladas desde hace más de diez años y arrastra un enorme déficit operativo (unos 80 millones de pesos en lo que va del 2012), a tal punto que en septiembre no pudo pagar sus compras mayoristas de gas. También se encuentra intervenida por el Estado desde que en el 2010 se declaró en convocatoria de acreedores, con un pasivo de 200 millones de dólares que acaba de reestructurar. No es lo que se dice un buen negocio. Una prueba de ello es que el socio británico BG hace años que tenía en venta sus acciones sin encontrar interesados, hasta que hace tres semanas firmó una carta de intención con una ignota compañía del grupo Vila-Manzano en plena polémica por la ley de medios. Si bien YPF accedió a la compra al ejercer el derecho societario de igualar la oferta, detentar el 100% de la sociedad controlante la coloca en infracción a la ley de Defensa de la Competencia. Aun así, YPF sostuvo que busca convertirla en una empresa eficiente y rentable en colaboración con el Estado nacional. Una consigna que los especialistas dudan en decodificar como el principio del fin de las "tarifas políticas" en Metrogas; o de una futura montaña de subsidios para mantenerla a flote sin comprometer las finanzas de YPF.
Así como en la "previa" de su épico y frustrado 7-D el gobierno de Cristina Kirchner provocó tal desquicio institucional que desplazó los ejes del debate por la ley de medios, algo similar ocurrió este año con el manejo de la política económica. Muchos de los problemas que intentó atacar terminaron con complicaciones mayores debido al retroceso que implicaron los instrumentos utilizados.
La mejor prueba es que, según la mayoría de los pronósticos privados, el PBI tendrá en 2012 una variación de 1,5 o 2%, equivalente a apenas una quinta o una cuarta parte del alto crecimiento del año anterior (8,9%). Por más que el Gobierno repita hasta el cansancio que "el mundo se nos cayó encima", nunca demostró qué impacto tuvo en esta fuerte desaceleración. Claramente, no fue por la crisis de Grecia, España o Portugal que aquí se paralizó el mercado inmobiliario y se derrumbó la construcción, uno de los motores del crecimiento a tasas chinas.
El economista Miguel Ángel Broda acaba de acuñar el concepto de "daños autoinfligidos" para ilustrar que el gobierno de CFK recurrió a recetas arcaicas y tratamientos errados a las dolencias que la economía arrastraba antes de las elecciones de 2011. Como prueba, indica que las reservas del Banco Central habrán de reducirse en unos 4000 millones de dólares en 2012, pese a la intención oficial de blindarlas mediante las sucesivas vueltas al torniquete cambiario para particulares y empresas. La razón es que si bien logró frenar la fuga de capitales, también detuvo el ingreso por la enorme desconfianza que generaron esas medidas. De ahí que la inversión se desplomara casi 4 puntos de PBI y retrocediera la creación de empleos en el sector privado, sin que la inflación modificara su tendencia ascendente.
Efectos enredados
Abundan los casos de este tipo de decisiones oficiales, donde un paso adelante es seguido por otros hacia atrás que complican el panorama.
Los asalariados que lograron empatarle o aún ganarle a la inflación terminaron perdiendo por goleada ante la desactualización del mínimo no imponible (MNI) del impuesto a las ganancias. Si se buscara en 2013 retrotraer el MNI al mismo nivel real de abril de 2011 (fecha del último ajuste), debería aplicarse un incremento del orden de 53%; más que improbable -incluso en un año electoral- para un gobierno que sigue negando la inflación de 25% anual. Pero aun así, no mejoraría la situación de los ingresos medios y altos, cuyas escalas no se mueven desde hace diez años. Algo similar ocurre con la prohibición legal a las empresas de ajustar sus balances por inflación, como si la Argentina fuera un remanso de estabilidad. Y también con el piso del impuesto a los bienes personales, inmutable desde 2007. Todo esto significa mayor presión tributaria, directa e indirecta, que se hará sentir en las próximas negociaciones paritarias; máxime con un sindicalismo dividido.
Hasta no hace mucho, el Gobierno planeaba reformar Ganancias y gravar la renta financiera (acciones y depósitos a plazo fijo). Sin embargo, ese objetivo choca ahora contra el de ampliar el mercado de capitales tras la reciente reforma sancionada en tiempo récord. Y que, a su vez, carga con el contrapeso del artículo introducido por la ventana a instancias del diputado (y ex viceministro de Economía) Roberto Feletti, que prevé la designación de veedores oficiales y modificar decisiones de las empresas para defender derechos de las minorías accionarias (en muchas de las cuales se encuentra el propio Estado). Todo un desincentivo para que más compañías se decidan a ingresar al futuro mercado bursátil nacional, popular e interconectado.
Para compensar la merma de inversiones productivas, el BCRA obligó a una treintena de bancos privados a otorgar antes de fin de año 15.000 millones de pesos en créditos a tres años y tasas subsidiadas (de 15% anual) para financiar proyectos de empresas. Pero esta mayor intervención potencia problemas estructurales. Entre ellos el descalce de plazos (el promedio de depósitos no supera 30 días); su correlato de tasas negativas frente a la inflación para los ahorristas y el aumento de servicios bancarios (por mantenimiento de cuentas o alquiler de cajas de seguridad, por ejemplo). Del otro lado del mostrador, las empresas que pueden acceder a estos créditos también deben asegurarse que no se encontrarán con sorpresas a la hora de importar bienes de capital. Incluso en proyectos de sustitución de importaciones, donde el Gobierno suele convocar a proveedores de grandes compañías para negociar facilidades, pero sin mayores exigencias de competitividad, escalas de producción o exportación para hacerlos sustentables en el tiempo.
En otro caso de intervencionismo estatal, a las compañías aseguradoras se les heló la sangre durante el ruidoso enfrentamiento del Gobierno con los "fondos buitre", que derivó en el polémico fallo del juez Griesa: por la escalada del riesgo país, en esos días se redujo 40% el valor de los activos por 7000 millones de pesos que deberán canalizar hacia "inversiones elegibles" por el Gobierno y cuyo destino aún no fue definido. En otro plano, una incógnita similar es compartida por las distribuidoras de electricidad y gas, convertidas en simples recaudadoras de los "cargos" aplicados en las facturas para financiar inversiones ($ 2000 millones anuales), sin que sepan si se asignarán en función de prioridades técnicas o políticas durante el año electoral. Y hasta las compañías petroleras, que celebraron el reciente aumento del precio del gas natural en boca de pozo a 7,5 dólares a cambio de nuevas inversiones, también ignoran quién será el comprador a esos valores: la mayorista Cammesa suele pagar con atrasos (ya que depende de fondos del Tesoro) y los usuarios industriales se resisten a pagar más si el Gobierno no les garantiza que no sufrirán cortes en las épocas de mayor demanda.
No hace falta incursionar en el mundo de las empresas para advertir inconsistencias oficiales. Quienes compraron autos en los últimos años hoy sufren la escasez y el encarecimiento de estacionamientos; así como congestionamientos en avenidas, accesos y rutas, sin mejoras desde que el parque automotor tenía dos millones menos de vehículos. Incluso pagan dos aumentos consecutivos de peaje en la ruta Panamericana a cuenta de un ensanche de la avenida General Paz anunciado antes de las últimas dos elecciones y que aún brilla por su ausencia. También enfrentan ahora la perspectiva de nuevos ajustes en patentes y combustibles. Y quienes no tienen más remedio que viajar en los atestados trenes suburbanos lo hacen peor, porque después de años el Gobierno decidió comenzar a ocuparse del mantenimiento, pero sin otra opción que retirar formaciones, estirar frecuencias y suspender servicios.
Moraleja: las medidas caso por caso pueden servir para empujar algunos proyectos, en detrimento de muchos otros que nunca aparecerán en la cadena nacional ni en la propaganda del Fútbol para Todos. Pero no cubren la ausencia de políticas coordinadas y reglas generales para promover inversiones genuinas, empleos y mejor calidad de vida.
