Todos los gobiernos populistas han convertido al "imperialismo" en el enemigo natural de los pueblos. El presidente Rafael Correa no ha sido menos.
En abril de 2010, haciendo uso de la "cadena presidencial" afirmó: "Como presidente (pro témpore) de Unasur, voy a enviar una carta a todos los miembros de Unasur porque aquí debemos unirnos para enfrentar a estas transnacionales". Las declaraciones las formuló después que se supiera la decisión de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) en la que se establecía que Quito debía pagar 700 millones de dólares a la petrolera Chevron por el incumplimiento del acuerdo bilateral de inversiones entre Ecuador y Estados Unidos.
"Esta transnacional quiere pulverizar al país, deslegitimar a su sistema jurídico por ese juicio que le pusieron algunas comunidades de la Amazonia", afirmó el mandatario ecuatoriano. "A mí nunca me han gustado estos discursos antiimperialista –añadió–, pero créanme que el imperio existe, los imperios existen y hay transnacionales que se creen imperios y unidos somos más, pero tenemos que unirnos para poder enfrentar a estos monstruos que nos creen todavía su patrio trasero, colonia, creen que pueden pisotear nuestra dignidad y nuestra soberanía".
Para Correa, Ecuador enfrentaba "un intento de desprestigiar a la Justicia ecuatoriana, tratar de acorralarnos y el objetivo es el otro juicio en el que nata tiene que ver el gobierno ecuatoriano. Un juicio por 27 mil millones de dólares por haber, de acuerdo a los denunciantes, contaminado la selva amazónica. Entonces están aterrados con ese juicio y quieren desprestigiara a la Justicia ecuatoriana, están persiguiendo al país, desprestigiándonos, más de 20 millones han gastado en lobbistas: Chevron es una enemiga abierta del país".
En el año 2003, alrededor de 30.000 pobladores de la Amazonia ecuatoriana iniciaron reclamos contra la firma Chevron –en su carácter de adquirente de Texaco– por supuestos daños ambientales producidos en actividades de producción de petróleo entre 1964 y 1990. Chevron había adquirido Texaco en 2001. En ese año, un tribunal de Nueva York dispuso que la multinacional debía plegarse a la decisión de los tribunales del país en el cual operaba.
Si bien el presidente de Ecuador ha expresado públicamente, en reiteradas ocasiones, su apoyo a los demandantes, existen indicios que señalan una clara intervención del gobierno ecuatoriano. Según Gustavo Coronel, experto en petróleo y miembro del directorio entre 1975 y 1979 de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), "Petroecuador", la empresa petrolera estatal ecuatoriana, era socia mayoritaria en un consorcio con Texaco desde 1977 y había sido operadora exclusiva del área durante casi 20 años. Por tal motivo, en 1998, Texaco fue liberada de toda responsabilidad por el gobierno de Ecuador.
Con posterioridad, los tribunales de ese país acogieron la demanda de los pobladores de la Amazonia, y el perito designado, cuya imparcialidad ha sido cuestionada, hizo una evaluación exagerada del daño, suscribiendo la tesis de los demandantes que elevaron a 27.000 millones de dólares los perjuicios, considerados por éstos equivalentes a "otro Chernobyl" .
El perito redactó un informe en el que hace responsable a Texaco por la contaminación del agua y excesivas muertes por cáncer, absolviendo a "Petroecuador" de cualquier responsabilidad. Como señala Coronel, la escena del crimen ha estado habitada por muchos actores y ha sufrido el impacto durante más de 20 años. En ese contexto, es difícil encontrar al verdadero criminal.
