El martes 27 de noviembre se presentó el documento “Consensos para recuperar la confianza y transformar en riqueza nuestro potencial energético” , elaborado por el grupo de 8 ex secretarios de Energía (ver www.exsecretarios.com.ar). El grupo tiene algunas características singulares: está integrado por la mayoría de quienes han ejercido el cargo de Secretario de Energía desde 1983 hasta el presente; los documentos nunca fueron considerados por el gobierno; cada documento fue cuestionado por los funcionarios gubernamentales recurriendo a la descalificación personal .
Se trata del undécimo documento elaborado por el grupo desde el 11 de marzo de 2009. En este caso, a diferencia de los anteriores que se remitieron a la Presidenta de la Nación, la presentación se realizó en la Cámara de Diputados de la Nación, ante numerosos legisladores de varias bancadas y público especializado.
El trabajo trata, actualiza y profundiza los anteriores y lamentablemente nos da la razón a los autores. La crisis energética estructural ahora es evidente y sus efectos son perceptibles por toda la sociedad. El trabajo se elaboró sobre la base de las conclusiones de un Seminario que se realizó en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y contó con el auspicio de la Asociación de Dirigentes de Empresas (ADE) y del Instituto Argentino de la Energía Gral. Mosconi. Lo original es que los autores no participamos de los paneles; nos limitamos a coordinar y apuntar las conclusiones que especialistas calificados e independientes fueron vertiendo en cada panel.
El Documento aborda cuestiones centrales que explican el mal funcionamiento sectorial: 1) La caída de las reservas de hidrocarburos que se ha producido particularmente en la última década debida a la inexistencia de una política pública coherente ; 2) La caída crónica de la producción de hidrocarburos, consecuencia de lo anterior y que es la causal principal de la pérdida del autoabastecimiento energético; 3) El incremento de la importaciones, que este año rondarán los 10.000 millones de u$s aún con una economía estancada; 4) La irracional política tarifaria aplicada por el gobierno nacional desde 2003 que acaba de ser ratificada en los últimos días y que ha llevado a numerosas empresas prestatarias de servicios públicos a la cesación de pagos, lo que es incompatible con la ampliación normal de la oferta energética; 5) La irracional política de subsidios energéticos que recarga el presupuesto nacional y distrae fondos públicos que nuestro país requeriría para otros fines prioritarios.
El Documento trata también dos temas fundamentales. El primero de ellos es la situación de YPF, a seis meses de la expropiación. Sobre este punto se constatan hechos relevantes: 1) La empresa todavía no fue tasada; 2) La porción expropiada por lo tanto no ha sido pagada ; 3) La acción de la compañía hoy cotiza un 55% por debajo de lo que cotizaba a principios de año; 4) Su producción de gas natural hoy es inferior a la de 2011 y su producción de petróleo es inferior a la de 2010 ; 5) El Plan Estratégico presentado por el CEO de la Compañía a los 100 días hoy parece inviable a la luz de los resultados de su último balance trimestral; 6) La empresa inexplicablemente está fuera de la orbita de la AGN .
El segundo tema es la denuncia que formulamos de que en nuestro país se ha producido, y se continúa produciendo lamentablemente, la toma especulativa de áreas petroleras que pueden contener recursos petrolíferos por empresas sin experiencia petrolera . Esto solo es posible en una situación de desquicio administrativo y tráfico de influencias en algunas provincias que es perentorio corregir.
Los ex secretarios de Energía afirmamos que Argentina puede tener un futuro energético mejor que su presente decadente. Sin embargo ese futuro solo será posible si somos capaces de cambiar. Hemos estimado que revertir la situación requiere de un flujo de inversiones que rondará los 15.000 millones de u$s por año.
Estos recursos deben ser atraídos hacia la Argentina con políticas racionales y nacionales que hoy no existen. Está todo por hacerse: plasmar consensos sobre una política de Estado que se mantenga por 25 años; hacer nueva legislación; crear institucionalidad; elaborar un Plan Estratégico a largo plazo; finalmente, y muy importante, firmar contratos de buena fe y cumplir y hacer cumplir lo firmado.
