El gran apagón de ayer tiene como escenario de fondo un sector eléctrico en situación crítica y a la espera de medidas de fondo que el Gobierno viene postergando peligrosamente desde hace varios meses.
Como nunca se había dado en los últimos veinte años, las empresas privadas y estatales que prestan el servicio eléctrico en todo el país se hallan virtualmente quebradas y con casi todas las cadenas de pago a proveedores y contratistas cargadas de incumplimientos.
Tarifas congeladas desde hace más de una década, cuentas en rojo, costos y salarios crecientes, agotamiento de las fuentes de financiación y un Gobierno que no resuelve los problemas operativos constituyen el combo de factores que tiene en jaque a las eléctricas.
La CAMMESA, la administradora del mercado eléctrico que controla el Estado, sólo está cobrando el 40% de las facturas mensuales que emite a las distribuidoras por la energía que reciben del sistema nacional. Sobre un movimiento mensual de $ 870 millones, arrastra un nivel de morosidad que roza los $ 620 millones e involucra a más de 20 distribuidoras y cooperativas del interior.
Por efecto dominó, al no poder cobrar la totalidad de la energía vendida, la CAMMESA cuenta cada vez con menos recursos para pagarle a las generadoras y a los transportistas eléctricos.
Las situaciones más complejas se registran con las siguientes empresas: -Edenor: entró en default en octubre, al pagar sólo la mitad de los $220 millones que tenía que girar le a la CAMMESA.
-Edesur: La segunda distribuidora más grande del país pidió una financiación especial para pagar $214 millones por la energía de los últimos meses que no pudo abonar en su totalidad.
-Edelap: Tenía un plan de pagos que dejó de cumplir a mediados de año y ahora espera que le aprueban una nueva financiación para una deuda de más de $ 100 millones en un plazo cinco años.
-Edemsa: La distribuidora mendocina del grupo Vila-Manzano cortó los pagos en agosto y debe más de $ 130 millones que equivalen a casi meses del consumo eléctrico de la provincia.
-La lista de morosas se completa con las empresas provinciales de Santa Fe, Córdoba y San Luis que no pagan parte de las facturas por amparos judiciales y otras 20 distribuidoras y cooperativas que arrastran atrasos de todo tipo.
En este contexto, la variable de ajuste de las empresas pasa por el recorte de las inversiones que no solo afecta la ampliación de las redes, sino también las tareas de mantenimiento que requiere el sistema para no colapsar en momentos críticos y poder atender los picos de demanda.
Tras haber estado desde el desembarco del kirchnerismo a cargo del ministro de Planificación, Julio DeVido; ahora el manejo y el futuro del sector eléctrico está en manos del viceministro de Economía, Axel Kicillof.
El nuevo hombre fuerte del Gobierno prometió en agosto una “solución de fondo” y nuevas reglas de juego para el sector. Pero desde entonces, lo único que ha hecho es requerir una impresionante cantidad de datos e informes a las empresas que aún siguen esperando una definición mientras el servicio se degrada día a día.
Entre el cuestionamiento a la privatización y las críticas a la pasada década de congelamiento tarifario con defensa de la gestión privada pivotean las opiniones de los expertos para explicar la grave situación de colapso energético que se vivió ayer.
Jorge Lapeña, ex secretario de Energía de la Nación, cuando el apagón ya llevaba 2 horas, señaló el hecho de que ni el Ministerio de Planificación, ni Edesur ni Edenor, ni el Ente de Nacional de Regulación Eléctrica (ENRE) habían dado un comunicado explicando la situación.
En otro orden, Lapeña hizo hincapié en que “las empresas de distribución eléctrica están en situación económica financiera al borde de la cesación de pagos”. Y añadió que esto no es consecuencia de la gestión empresaria, sino de “años de congelamiento tarifaria y no cumplimiento de la ley por parte del Gobierno”. Concluyó que si las empresas se ven precipitadas a esta situación “no es de extrañar” que se incumplan planes de mantenimiento.
Por su parte, Gustavo Calleja, ex subsecretario de Combustible, dijo que a las empresas privadas “hay que echarlas y cobrarles los daños, porque la desinversión es desde 1993 y no desde 2003” cuando se congelaron las tarifas.
“Este problema se origina con las privatizaciones de lo que no debió privatizarse y con la ruptura de la integración vertical que tenía Segba, que funcionaba porque YPF le daba el combustible de calidad y a buen precio”, consideró Calleja.
El especialista criticó, sobre todo, que a su juicio en las condiciones de privatización no se exigió que las concesionarias hicieran inversiones, sino sólo que prestaran un buen servicio.
“Segba había invertido mucho durante el gobierno de Raúl Alfonsín”, se quejó Calleja, y sostuvo que ahora el problema es que los privados “no han cambiado un metro de cable”.
También se quejó porque fueron despedidos de Segba 5.000 técnicos de primer nivel, para reemplazarlo con “chicos” y en mucho menor cantidad.
Consideró que cuando llega Néstor Kirchner a la Presidencia ve este problema y empieza a tomar medidas que a su criterio, no fueron más que “parches”. Citó las Usinas Belgrano y San Martín, cerca de Buenos Aires y Rosario, y la elevación a 83 de la cota de Yacyretá.
Finalmente, Calleja dijo que la situación “no tiene una solución en dos días”, sino que es necesario volver a integrar el servicio eléctrico en una sola compañía estatal para todo el país”, porque así dejará de ocurrir que “cada vez que se pasan los 31 grados de temperatura, salta el sistema energético”, enfatizó.
El Cronista
Por Hernán de Goñi
Hay capítulos enteros de la agenda económica en los que el Gobierno no puede hacerse el desentendido. La política energética es uno de ellos. La expropiación de YPF fue justificada, entre otras razones, por la acentuada caída en la producción que había mostrado la petrolera desde el año 2001, pero sin dar una explicación de por qué no hubo una acción oficial que buscara revertirla en todos los años de gestión kirchnerista.
Con el resto del sector sucede algo similar. Los diez años de congelamiento de tarifas para los usuarios del área metropolitana fueron definidos por el Gobierno como una pieza clave de la política de ingresos, lo que revela que la distorsión acumulada fue plenamente conciente. No le importó afrontar su creciente costo fiscal (hasta que su financiamiento se transformó en una carga demasiada pesada) ni acumular desincentivos a la inversión. Este año, de la mano de Axel Kicillof, comenzó un giro en la política energética que todavía no encontró destino. Con un mayor intervencionismo sobre el mercado, el principal objetivo oficial todavía está lejos de redundar en un mejor funcionamiento del sistema. La prioridad hoy es disminuir las erogaciones del Estado a las empresas. El apagón de ayer le recordó al Ejecutivo que la llegada del verano le acaba de sumar otra prioridad a su agenda.
Lo mejor que le puede pasar al Gobierno es encontrar un culpable para las fallas que tuvieron ayer dos líneas de 220 kilovoltios de Edesur . Tal vez no aparezca nunca, a pesar del exhaustivo sobrevuelo que hacía un helicóptero de Gendarmería entre Hudson y Buenos Aires, tramo de ese tendido de alta tensión. Será el único modo de darle razones a un sistema que en las últimas dos décadas ha quedado librado a la Providencia.
La lógica fue inaugurada por Julio De Vido el 8 de agosto de 2003, durante un encuentro de la Unión Industrial Argentina. Habían pasado unos días de la caída de tres líneas de alta tensión y el ministro atribuyó el accidente a la presión de las empresas para aumentar las tarifas. "En la Argentina no hay falta de inversión en generación, así que, si hay apagón, es porque alguien bajó la llave", dijo.
Pero la búsqueda se vuelve acaso absurda en un sistema que viene, desde 2002, cediendo atribuciones al Estado hasta extremos insólitos. La última extravagancia es salarial: desde principio de año, quien paga los aumentos de sueldo de los empleados de la mayoría de las compañías -muchas de las cuales, como Edesur, están controladas por corporaciones multinacionales- es el gobierno argentino.
¿Está el fisco en condiciones de destinar a esos fines los 24 millones de pesos mensuales que cuesta el aporte? Es lo que ha decidido el Gobierno, a cambio de no otorgar incrementos de tarifas. Entre 2002 y 2011, mientras los costos de las distribuidoras se multiplicaron por nueve, sus precios subieron apenas un 60%. Ahí anduvo, desde enero, parte del tiempo de Oscar Lescano, secretario general de Luz y Fuerza: en negociar, todos los meses, que esa suma efectivamente se desembolsara.
Fatiga en los materiales
Nada es gratis ni en la economía ni en la física. En estas condiciones, las empresas no invierten y los materiales se deterioran. Habrá que tenerlo en cuenta para el verano. Algunos indicios empiezan a percibirse. Veinte turbinas de la central de Yacyretá, uno de los pocos orgullos energéticos que puede exhibir el Gobierno -subió en 800 megavatios la generación del país al aumentar la cota de 78 a 83 metros sobre el nivel del mar-, vienen sufriendo fisuras en sus alabes. No están claras las razones: aparentemente, haberlas usado durante casi 15 años por debajo de su potencia de diseño (preparadas para 150 megavatios, funcionaron a no más de 120 hasta la ampliación), habría provocado cavitación, vibraciones y averías en las máquinas.
Lo del apagón de ayer pudo haber sido cualquier cosa. Las empresas no descartaban anoche un atentado. Ni que se hubieran combinado, una vez más, la mala suerte y la desidia de un sistema al límite. Una junta explosiva que volvió a reclutar a un antiguo soldado de las filas oficiales: Roberto Baratta, el coordinador del Ministerio de Planificación que había perdido protagonismo con el advenimiento de Axel Kicillof y sus técnicos y que ayer recuperó atribuciones telefónicas ante las distribuidoras. Con la emergencia no se ensaya. Lo mismo pasó a mitad de año cuando, acorralada por los bloqueos de Camioneros en varias plantas fabriles, la presidenta Cristina Kirchner recuperó a De Vido como negociador.
Cortes rotativos secretos
Baratta fue, así, el único gestor para suplir los 2000 megavatios que, con la caída de las líneas, faltaron de las centrales Costanera, Puerto y Dock Sud. Nunca es sencillo hacerlo, pero pocas veces tanto como ayer, con temperaturas superiores a los 30° y la demanda de oficinas y domicilios en el punto más alto desde el 22 de febrero.
¿Cómo hacerlo con tan poco margen de maniobra? Se apeló entonces a un viejo recurso: el Centro de Movimiento de Energía (Sacme) instruyó a Edenor a dar de baja ocho subestaciones para reconfigurar el sistema y tapar el peor bache en la Capital Federal, vidriera de los problemas argentinos. Se desabasteció, por lo tanto, a otras zonas del país. Una idea largamente conocida en el sector, cuyos ingenieros la llaman "Cortes rotativos secretos". O, con menor malicia, intento de evitar más costos políticos. Nada nuevo: es el corazón de la política energética de los últimos años.
antecedentes de apagones
Tal vez el más recordado sea el del 16 de febrero de 1999, cuando 70.000 usuarios de Edesur se quedaron sin luz durante dos semanas, pero el 2 de diciembre de 1999 fueron cuatro millones los afectados por un acto de sabotaje que provocó la caída de tres torres de alta tensión en Olavarría y Bolívar..
