El proyecto de Ley de Riesgos del Trabajo que está por aprobarse hoy en la Cámara de Diputados es, en lo laboral, lo que la Ley Antiterrorista es en el plano de las libertades civiles. Ambas son normas que marcan un claro retroceso .
El proyecto del Poder Ejecutivo es una norma extorsiva que limita los derechos ciudadanos de acceso a la Justicia buscando la eliminación de la doble vía, que es el derecho del trabajador de litigar cuando se siente defraudado por la indemnización de la ART. El Gobierno busca ganar tiempo hasta que la Corte Suprema, seguramente, dicte su inconstitucionalidad, como lo hizo catorce veces con la 24557.
Sacar al Riesgo del Trabajo del Fuero Laboral es tan antinatural como llevar el delito de narcotráfico a los Juzgados de Familia. La persistencia de entidades financieras con fines de lucro como agentes del sistema ratifica la visión que impusieron Cavallo y la Fundación Mediterránea en los 90. El oficialismo parlamentario y sindical lo sabe y calla.
Un aspecto poco debatido es la implicancia del actual régimen desde el punto de vista de la Seguridad Social y la Salud Pública. Después de 10 años de crecimiento la ausencia de políticas universales de Salud Pública hicieron que nuestro país no pudiera bajar de manera significativa las tasas de mortalidad infantil y mortalidad materna.
Nada diferente ha ocurrido con la morbimortalidad de origen laboral . Con más de mil cuatrocientos muertos por año en accidentes, nuestra tasa de infortunios se acerca a los 9 cada 100.000 trabajadores. Gran Bretaña tenía en 2005 una tasa 0,7/100.000, 12 veces menor. Más de 7.000 muertes al año causan las enfermedades relacionadas con el trabajo, buena parte de ellas oncológicas.
Las enfermedades laborales no reconocidas son la principal causa de litigiosidad. Esa es la realidad y no la industria del juicio como dijo la Presidenta.
El postergar sine die una política de prevención con el pretexto de que ese debate retrasaría la sanción de la norma demuestra que a este gobierno la salud y la vida de los trabajadores le importa nada.
El oficialismo tira por la borda los compromisos asumidos al firmar el Convenio Iberoamericano y ratificar los convenios 155 y 187 de la OIT. Mediante esa ratificación, Argentina se comprometía a desarrollar una política nacional de Salud Laboral, uno de cuyos ejes es la prevención. Nada de eso ocurrió. El proyecto de ley ignora las políticas preventivas.
Durante dos años, desde la CTA, en un proceso participativo en el cual intervinieron miles de trabajadores, elaboramos un proyecto que tiene como ejes la prevención y el fin del negocio de las ART . Ese proyecto fue presentado el 13 de septiembre en una masiva movilización por el diputado Víctor De Gennaro. El senador Rubén Giustiniani lo hizo suyo en el Senado. En lugar de abrir el debate, el oficialismo lo cerró sin considerar estas propuestas alternativas, firmando los dictámenes aun antes de escuchar las opiniones de los trabajadores y los académicos.
Si se aprueba la ley hoy, mañana los trabajadores estaremos igual o peor que antes.
