Toda organización tiene una capacidad de acción limitada por los recursos financieros y humanos de que disponga. Este parámetro es aplicable en el contexto universal y no puede dejar de ser aplicado a nuestro país. Nuestra actividad petrolera, disminuida significativamente, ya no está en capacidad de proveer los inmensos recursos que se necesitan para reconstruir y desarrollar nuestro país. Si a eso agregamos el deterioro generalizado de todo lo que hay en el país, bien sea privado o público, debemos convenir que es indispensable un ejercicio especial y honesto para dimensionar los requerimientos y establecer un orden de prioridades que permita dividir la acción entre el sector privado y el sector público, de modo que cada sector atienda a lo que le es posible, tomando en cuenta la capacidad de gestión del Estado y las que deben ser sus prioridades, a la luz de las inmensas lagunas deficitarias que ya conocemos.
Si analizamos nuestras posibilidades viendo los ejemplos de España, Grecia y otros que se barajan en la actualidad en cuanto a la dimensión del Estado, debemos ser muy cautelosos en cuanto a lo que debe ser la conformación de la estructura de un Estado al que, por Carta Magna e, indelegablemente le corresponde atender a muchas responsabilidades y actividades. Lo demás debe ser atendido por y con el sector privado para permitir que haya progreso y no involución. Tenemos ejemplos de sobra en este país de las actividades que ha desarrollado el Estado que no han producido resultados aceptables, incluyendo, últimamente y para nuestra desgracia, a Pdvsa, la industria que por haber llegando a su capacidad máxima de gestión, para fines de los ochenta, abrió el compás para reincorporar el esfuerzo del sector privado. Anteriormente se había hecho lo mismo con otras empresas del Estado como Cantv que no daban pie con bola, al igual que los bancos del Estado.
En estos últimos años de exacerbación centralista y controladora, se ha obstaculizado y detenido el progreso real del país bajo una serie de suposiciones ideológicas con sus consecuentes acciones que, en la práctica, solo contribuyen a hacer inviable a nuestro país: importador y monoproductor.
El Estado, como toda empresa, tiene bienes, ingresos y recursos humanos finitos y limitados. La inversión requerida para enderezar el país es gigantesca y la determinación de prioridades de acción es indispensable. Como es correcto y, a la luz de las apremiantes necesidades, incluyendo las que sospechamos pero no conocemos a ciencia cierta, es necesario determinar si vale la pena invertir para seguir perdiendo, como es el caso de las empresas de Guayana, la actividad bancaria, el suministro de alimentos al estilo de la Mersifrica de otros tiempos superados o del mantenimiento de empresas de servicio que han dado mejores resultados en manos de la empresa privada.
Para progresar es indispensable educar a la gente, darle servicios médicos, proveerle de plazas de trabajo, darle calidad de vida con una infraestructura física adecuada, protegerlos de las calamidades, darle la posibilidad de tener la libertad de escoger la vida que prefieran, darle seguridad jurídica, protegerlos de la impunidad; es decir, lograr el Desarrollo Humano de la gente. Esta es la prioridad en fin de cuentas. Como país pobre, debemos entenderlo, aceptarlo y adecuar nuestras acciones.
