En muy pocas horas el gobierno de Uruguay asestó -el 27 de septiembre pasado- dos duros golpes a nuestro país. O quizás contragolpes, más bien. Porque nuestro gobierno ha mantenido respecto de nuestros vecinos una conducta hostil constante, en todos los frentes, a la que cabe calificar de perversa.
Una obra importante y una oferta, al final, rechazada
La obra en juego era ciertamente importante. Para cualquiera. El escenario es el uruguayo. La licitación a la que nos referimos es la que tiene que ver con la ampliación de la central térmica uruguaya de ‘Punta del Tigre‘. Hablamos del concurso público más grande jamás convocado -en toda su historia- por la empresa estatal oriental UTE. De unos 500 millones de dólares de provisión para la construcción de una planta generadora de ciclo combinado, con la que se atenderá el aumento del consumo eléctrico oriental hasta el 2020. La planta deberá generar 580 MW. Esto es, la mitad del consumo uruguayo total.
Es, en rigor, la segunda licitación convocada para ese objeto. La primera terminó siendo anulada, con una denuncia penal. Lo que dejó el ambiente en torno al proyecto particularmente enrarecido. Los oferentes de la segunda vuelta fueron, según se informa, los mismos que habían cotizado en el frustrado primer llamado a licitación.
Además de la empresa argentina, oferentes coreanos, italianos y norteamericanos.
El tema fue seguido de cerca por los principales medios uruguayos. Para algunos, la ascendente empresa argentina: “Electroingeniería”, calificada por los medios orientales como “empresa K”, que fuera precalificada como ganadora, habría presentado “documentación falsa” sobre el rendimiento de algunos equipos. Para otros, esa acusación era pueril.
Cuando la comparación de ofertas, la empresa argentina se ubicó en el primer lugar. Otras oferentes, sin embargo, presentaron recursos en los que inter alia se acusaba a “Electroingeniería” de haber adulterado la información sobre el rendimiento de las turbinas generadoras, aumentándolo entre un 4 y un 5 por ciento. Eran así mayores que los de otros dos oferentes que, curiosamente, ofrecieron utilizar también equipos provistos por Siemmens, los que cotizaron, en cambio, los rendimientos que la proveedora garantiza.
Para peor, se informó asimismo que la propia Siemmens habría presentado una carta complicada, dirigida a la oferente Hyundai, confirmando que los valores presentados por la empresa argentina iban “más allá” de los resultados esperados de las máquinas Siemmens cotizadas.
No obstante, las referidas impugnaciones no prosperaron y fueron dejadas de lado. Quedaban, sin embargo, dos obstáculos que la empresa argentina debía superar, a saber: (i) la incertidumbre acerca de si las máquinas propuestas eran -o no-las adecuadas para el proyecto; y (ii) los antecedentes y fortaleza de la empresa argentina.
Pero había otra incógnita flotando en el aire. Mucho más compleja. ¿Adjudicaría una empresa pública uruguaya una obra tan importante a una empresa argentina, cuando nuestro país ha actuado -y sigue actuando- con perversidad -en todos los frentes- respecto del país vecino? El interrogante era grueso. Particularmente cuando en el país vecino crece la sensación de que la actitud sumisa del presidente Mujica respecto de la coacción constante de nuestras autoridades está lejos de ser la ideal.
Tras un mes de estudios e intenso trabajo, la empresa UTE acaba de rechazar formalmente la oferta de la empresa argentina, la misma que fuera anteriormente preseleccionada. Dejaron así afuera a “Electroingeniería”. Por decisión unánime, adoptada por su Directorio. Por “no haber dado cumplimiento a los requisitos de capacidad y experiencia solicitados en las bases de esta contratación, ya que no acreditó haber actuado como contratista principal en ninguno de los antecedentes presentados”. De nada valieron los 78 millones de dólares de diferencia entre la cotización de la empresa argentina y la segunda oferta. La UTE decidió convocar a la coreana Hyundai (calificada originalmente como segunda) a negociar. El rechazo tuvo que ver con la “falta de experiencia” del oferente y no con los rendimientos atribuidos a los equipos cotizados.
“Tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe” es la obvia conclusión a sacar en este episodio. Habiendo provocado incansablemente a nuestros vecinos, parecía impensable que la obra se adjudicara a una empresa de nuestro país. Mucho menos aún, a una a la que se tiene por estrechamente vinculada, al menos según Jorga Lanata, a los K.
Modificación y demoras al tratado tributario
El segundo tema tiene que ver con el Tratado de Intercambio de Información Tributaria entre Argentina y Uruguay, que aún no ha sido aprobado por el Senado uruguayo.
Aparentemente porque se estaría estudiando una propuesta presentada por expertos tributarios orientales que supondría modificar su texto original. Otra vez inspirada en la perversidad característica del andar administrativo del gobierno argentino, habituado a abusar de su poder de policía administrativo.
Se trata concretamente de una propuesta del experto Leonardo Costa, que persigue aclarar debidamente que la información que pueda obtener “el Estado requirente” no podrá ser nunca utilizada respecto de hechos, actos, o situaciones anteriores a la entrada en vigencia del acuerdo. Esto es con efectos retroactivos, con la finalidad de iniciar reliquidaciones, investigaciones o procesamientos penales basados en hechos anteriores a la vigencia del acuerdo.
El artículo adicional ahora propuesto establece que esta última causa afecta el orden público del Uruguay, por lo que habilitará, en su caso, el rechazo de la solicitud.
Es obvio que si el texto del acuerdo es modificado en el legislativo del Uruguay, el mismo debería volver a ser tratado por las partes y aprobado una vez más por ambas partes, con las modificaciones que fueran introducidas.
Marcha atrás, entonces. Porque no puede haber dos textos distintos del mismo acuerdo. Ambos deberían ser idénticos. El mismo, entonces. Si el Senado uruguayo modifica el texto ya aprobado por el parlamento argentino, el nuevo texto debería ser nuevamente considerado y aprobado por nuestros legisladores. No hay duda alguna. La demora parece inevitable.
Dos noticias adversas -queda visto- que nos llegan desde la Banda Oriental, que no son precisamente favorables para nuestra administración.
Quien siembra vientos, cosechas tempestades. Es cierto. Ocurre que pervertir es no sólo causar daños intencionadamente, sino también alterar -con conductas extrañas- el cauce habitual de las relaciones bilaterales. Y eso es lo que hemos hecho respecto del Uruguay. Lamentablemente.
