La República Argentina comenzó a abandonar a partir de los años 90 el "capitalismo de Estado", sistema que le permitió llegar a niveles de autoabastecimiento energético. La ola "neoliberal" que atravesó el globo en aquella década, a la que rindió culto el gobierno argentino, determinó que se privatizaran empresas emblemáticas como Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Gas del Estado.

Desde entonces comenzaron a declinar los niveles de producción y de reservas. Sin dudas se trató de un plan deliberado para cambiar las reglas económicas del país, en consonancia con el resto de mundo, y sus consecuencias las padecemos aún en la actualidad, a pesar de los denunciados cambios de rumbo que, a juzgar por los resultados, no fueron tales.

Está claro que desde el 2003 a la actualidad el Estado nacional no tuvo en su agenda la generación de políticas energéticas para morigerar las consecuencias revirtiendo las políticas neoliberales aplicadas.

El 25 de enero de 2012 parece haberse producido un punto de inflexión. Por primera vez el gobierno nacional reconoce la crisis del sector, pero no lo hace asumiendo las responsabilidades que le caben sino cargando la culpa sobre quienes hace poco tiempo consideraba como aliados estratégicos.

La inacción, desidia o imprevisión de la actual administración produjo que en los últimos diez años la Argentina dilapidara un valioso stock de recursos energéticos cuya dimensión (a valores de mercado) es de unos 240.000 millones de dólares. Esto explica por qué este año superaremos la barrera de los 10.000 millones de dólares en importación de combustibles sobre alrededor de 40.000 millones que necesita el país anualmente. Si consideramos que las necesidades de hidrocarburos crecen año a año, aun frente a la evidente desaceleración de la economía; que las reservas de gas natural cayeron en un 50% y las de petróleo lo hicieron en un 11% (1) desde el 2002, sumado a que la expropiación de acciones de YPF y su nuevo direccionamiento no revertirán esta situación en el corto plazo, la importación de combustibles en el año próximo será igual o tal vez mayor que la del presente período.

Para tomar dimensión de cuál es la magnitud del problema que enfrentamos basta con realizar una simple comparación: el superávit comercial fue de 10.347 millones de dólares en el 2011, casi la misma cifra que se tiene que erogar para importar combustibles. Podríamos argumentar que las fuerzas de la producción están al servicio de sostener el abastecimiento energético necesario, cercenando las posibilidades de crecimiento y mejora de la calidad de vida de los argentinos, sobre todo de aquellos que se encuentran sumidos en la pobreza y en la indigencia, que no son pocos en este país a pesar del relato oficial.

Si se hubieran hecho las cosas bien la Argentina no tendría por qué enfrentar la crisis que señalamos. El nuestro es un país con un horizonte hidrocarburífero capaz de abastecer sus necesidades energéticas, pero para que ello sea una realidad debe salir del letargo e incluir en un plan sustentable las medidas populistas que tomó el gobierno. Resulta imperioso hacerlo, porque la crisis del sector energético hace que la misma produzca una suerte de metástasis que condiciona severamente la situación económica y social de la Argentina.

El relato oficial pone el acento en los avances en materia de inclusión y equidad social en la última década, cosa que es reconocida; el desafío es darle sustentabilidad en el tiempo. Para lograrlo resulta imprescindible reconocer la energía como un bien social imprescindible. Sin recursos energéticos la humanidad no podría producir, ni alimentarse, ni educarse ni curarse. Los argentinos tampoco.

(1) Fuente de cifras y valores: Instituto Argentino de Energía