Resulta alentador observar el nuevo plan de inversiones de la nueva YPF que ahora cuenta con mayoría accionaria estatal. Es, en verdad, un contraste muy marcado con lo que venía sucediendo durante los años de su privatización total, cuando quedó en manos de los españoles de Repsol.
El programa de actividades del quinquenio 2013-2017 se propone invertir 37 mil millones de dólares con el propósito de aumentar la producción de petróleo y gas, y, consecuentemente, la elaboración de combustibles para reducir y eliminar su importación, lo cual llegó a costarle al Estado nacional nada menos que 10 mil millones de dólares el año pasado.
Si bien, como dijo esta columna oportunamente, lo ideal hubiera sido la recuperación total de la principal "joya de la abuela" descuartizada por el menemismo en su ominoso gobierno neoliberal de la década de los noventa, el hecho de que hoy el Estado nacional asociado a las provincias cuente con mayoría accionaria comienza a hacerse sentir. Y es así porque, sencillamente, la lógica que rige el mundo de los negocios petroleros torna imposible conciliar las necesidades de un país con los poderosos intereses de los privados que dominan ese mercado.
El mejor ejemplo lo constituyen empresas como Pemex, de México; Pedevesa, de Venezuela; Petrobrás, de Brasil y la de la mayoría de las naciones árabes. Todas ellas son completa o parcialmente gobernadas por los respectivos Estados. De ahí que sus políticas obedecen a los intereses de sus gobiernos. Cuando YPF fue rematada a precio vil, y una compañía privada pasó a ser su dueña, sus objetivos se distanciaron notablemente de las necesidades del país.
Con solo ver algunos pocos detalles del nuevo plan de inversiones se puede advertir la distancia que hay entre una empresa comandada por capitales privados y extranjeros y la misma empresa bajo la administración de un Estado (aunque éste, como se dijo, no detenta la totalidad del paquete accionario). El renovado impulso a la exploración y al mejoramiento de la capacidad de producción de las refinerías es un punto central, porque apuesta a aumentar tanto la explotación de hidrocarburos como la elaboración de combustibles.
La intención de destinar parte de ese incremento productivo a la exportación es el punto que aparece como más cuestionable. Si bien esas ventas aportarán divisas para el país, y parte de ellas se destinarán a sustentar el ambicioso programa de inversiones, debería analizarse con más cuidado la ecuación final.
A corto plazo puede ser un buen "negocio" de caja, pero en el mediano plazo no. A nivel global, la matriz energética, hoy mayoritariamente basada en los hidrocarburos, está en vísperas de ser sacudida por un cambio estructural, que no será tranquilo. Lograr que ese período de transición tenga lugar en la forma menos conflictiva posible es una de las grandes miras que se plantean las naciones de todo el mundo. Es un objetivo de alto vuelo político, estratégico y hasta humanitario. Y no se está tan lejos de esos tiempos. Apenas dos o tres décadas, según afirman los que conocen del tema y pueden hablar con autoridad.
Invertir para mejorar el abastecimiento energético, ahorrar divisas sustituyendo las importaciones de combustibles y garantizar un horizonte de cierta tranquilidad a toda la población del país no es poca cosa. Es cierto que colisiona con la necesidad inmediata de ingresar divisas, pero también lo es que el país dispone hoy de un ahorro en reservas monetarias como nunca antes. Esta situación favorable debería obrar para poder "ahorrar" energía para un futuro que no es tan lejano, y para asegurar a la sociedad argentina niveles de bienestar que podrán estar en riesgo cuando los combustibles fósiles comiencen a ser escasos y caros y la realidad imponga un cambio drástico de fuentes de energía que no será sencillo de afrontar.
