El decreto debería supuestamente reglamentar la ley de expropiación de YPF. Sin embargo, va mucho más allá y crea una comisión gubernamental con amplias atribuciones de planificar la inversión tanto pública como privada en el sector de hidrocarburos.

Todo inversor en esta actividad en cualquiera de sus etapas, deberá estar inscripto en un registro del cual la comisión creada podrá excluirlo si incumple con sus imposiciones. No sólo habrá un programa de inversiones al que deberán atenerse las empresas del sector, sino también estipulaciones sobre precios y comercialización.

Sigue sin entender el Gobierno que nadie arriesga su capital si estará sujeto a cumplir con una planificación en la cual sólo participará entregando compulsivamente información. El contenido de este nuevo decreto recuerda la clásica planificación centralizada que caracterizó las economías colectivistas, pero que no es compatible con la iniciativa privada.

Si la pérdida del autoabastecimiento fue consecuencia de la insuficiencia de inversiones debida a los controles de precios, esta nueva norma no sólo convalida ese error, sino que lo multiplica para que ahora sí se desaliente cualquier atisbo de capital de riesgo aplicado en la actividad. En adelante, cualquier esfuerzo que realicen petroleras privadas será prácticamente como contratistas de obras o servicios. Ya no dispondrán de grados de libertad sobre el petróleo o el gas extraídos, ya que no tendrán capacidad de definir sus precios.

La estatización del control de YPF se produjo cuando el Estado ha perdido su solvencia y está ademas imposibilitado de tomar deuda a tasas de interés razonables. La recuperación del ritmo de inversiones y el desarrollo de los costosos yacimientos no convencionales no ofrece otra alternativa que encontrar socios dispuestos a arriesgar; de lo contrario, YPF no podrá hacer otra cosa que ver declinar su producción.

Las otras petroleras reclaman igualmente un marco razonable de reglas para invertir, de las que no dispusieron en los últimos años Ya la intervención gubernamental desde 2002 sobre los precios del gas, y luego sobre los del petróleo por la vía de retenciones, desalentó la exploración y la perforación con las funestas consecuencias conocidas. La manipulación oficial de los precios de los combustibles, aunque no estaba amparada por normas legales, fue practicada por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, también con efectos destructivos. Más de un tercio de las estaciones de servicio del país han desaparecido.

La obligación de liquidar localmente al tipo de cambio oficial las divisas de exportación fue otro hecho de desaliento denunciado por potenciales inversores. No es difícil imaginar qué ocurrirá en adelante luego de esta nueva vuelta de tuerca. Unicamente el Estado podrá tomar iniciativas de inversión en la actividad petrolera, incluyendo la refinación y la comercialización.

Sólo una obcecación ideológica apegada a un ideal colectivista anacrónico puede haber inspirado este decreto. Lo deben saber el ministro Julio De Vido y el ingeniero Miguel Gallucio, que han escuchado de boca de empresarios petroleros convocados para asociarse con YPF que es condición disponer del petróleo y el gas extraídos, a los precios internacionales de mercado. Sabrán ellos también ahora que el dinero deberán encontrarlo en las arcas agotadas del Estado, y que en caso de hallar unos pocos pesos tendrán frente a sí a contratistas recelosos y probablemente hábiles en negociar condiciones que los cubran de un pagador insolvente. Habrá nuevamente espacios para la corrupción, pero no lo habrá para inversiones de riesgo y competitivas que son las que se necesitan.

La Argentina dispone de importantísimas reservas en yacimientos no convencionales, incluyendo Vaca Muerta, que nos colocan en el tercer lugar en el mundo. Con reglas apropiadas podríamos convocar inversiones que en poco tiempo harían posible recuperar el autoabastecimiento e incluso volver a tener saldos comerciales favorables.

Si no resulta entendible cómo hemos llegado a tener que importar energía por 12.000 millones de dólares anuales -indicador de que en los últimos años hemos retrocedido varias décadas- resulta inimaginable y francamente deplorable este nuevo golpe destructivo a una actividad vital para nuestro presente y nuestro futuro.