La sanción de un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos se encuentra entre las más importantes asignaturas pendientes de nuestra democracia.
Durante los últimos años se ha consolidado en nuestro país un politizado esquema fiscal centralista en el cual el Estado Nacional se ha ido apropiando de recursos que corresponden al conjunto de las provincias y sus municipios, subvirtiendo la esencia de nuestro federalismo.
Esta creciente concentración de recursos ha puesto a las provincias en un contexto de extrema vulnerabilidad financiera, y ha convertido a gobernadores e intendentes en rehenes del poder central, obligándolos a ceder sistemáticamente ante el rigor de la ‘caja’, contrariando muchas veces el interés de sus propios representados.
Es que no hay peor injusticia que sujetar la distribución de la masa coparticipable a meros intereses políticos electoralistas, ya que los directos perjudicados son los ciudadanos, cuya suerte dependerá de la alineación política de sus representantes respecto del Poder Ejecutivo Nacional.
Consecuencias del reparto
Por ello, el esquema de reparto que en este sentido lleva adelante el Gobierno termina afectando también la democracia, el pluralismo y el sistema de partidos.
Debemos por tanto replantear urgentemente la relación fiscal entre las diferentes jurisdicciones, de una manera seria, madura, responsable y compatible con un nuevo modelo de desarrollo nacional, que integre solidariamente a todas las regiones, atenuando las enormes asimetrías existentes.
La plata está. Queda claro que el problema no es cuánto se recauda, sino cómo se distribuye; y si el recurso llega efectivamente a quienes tienen la responsabilidad primaria del gasto, y deben por tanto dar respuesta inmediata a las principales demandas de la ciudadanía: seguridad, educación, salud, infraestructura social y productiva, entre otros.
Resulta imprescindible cumplir la manda constitucional fijada en 1994 y sustituir la obsoleta ley de coparticipación vigente –que rige ‘transitoriamente’ desde 1988– y que ha sido sucesivamente alterada por infinidad de pactos fiscales, sobre todo en los ‘90, a través de los cuales se ha detraído, con afectaciones específicas, parte importante de la masa de recursos coparticipables.
“Debemos corregir algunas graves distorsiones del régimen vigente, como la enorme y progresiva discriminación que sufre en el reparto de recursos la Provincia, que aporta casi el 40% recibiendo menos del 20%”.
Por supuesto esto deberá ser de manera gradual, progresiva, responsable, con metas objetivas, quizás a lo largo de una década, comprometiendo varias administraciones. Pero debemos empezar de inmediato a trazar este camino.
Comparto la idea de consensuar una nueva generación de pactos fiscales federales, un ‘new deal’ fiscal federal, institucionalizando fondos estructurales de convergencia, los cuales deberían operar fundamentalmente sobre variables “sociales”.
En el mientras tanto, debemos también corregir algunas graves distorsiones del régimen vigente, particularmente la enorme y progresiva discriminación que sufre en el reparto de recursos la Provincia de Buenos Aires, que aporta a la masa coparticipable casi el 40% recibiendo de ella menos del 20%, lo cual es inaceptable, máxime albergando más de una tercera parte de la pobreza estructural del país.
En efecto, del total de $141.382 millones de recursos nacionales girados directa y automáticamente a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2011, la Provincia de Buenos Aires recibió sólo $27.554 millones (19,5%), incluyendo $1.538 millones del ‘fondo sojero’, que se enviaron como transferencias de capital.
En términos per cápita, la Provincia de Buenos Aires es, por lejos, la jurisdicción provincial más relegada: del total recaudado por Nación en 2011 ($540 mil millones) se le transfirió por cada bonaerense sólo $1.447 en concepto de coparticipación, una séptima parte de lo que se le giró por igual concepto a Tierra del Fuego, menos de una cuarta parte de lo que se giró a Santa Cruz, y menos de la mitad del promedio nacional, que ronda los $ 4430.
Sólo recuperando los casi siete puntos de coparticipación cedidos en los ‘80, o restituyendo el famoso ‘Fondo del Conurbano’ –del 10% del Impuesto a las Ganancias instituido como ‘reparación histórica’ en 1992 y congelado en $650 millones desde 1996– la Provincia contaría con recursos adicionales suficientes para quebrar la dependencia financiera que hoy afronta.
En este último sentido se inscribe un proyecto de ley, que hemos presentado en marzo del 2011 en conjunto con el diputado Francisco de Narváez en el Congreso Nacional, que a valores corrientes aportaría a la Provincia de Buenos Aires recursos adicionales por alrededor de $4.000 millones anualizados. Estos son los debates impostergables. Más y mejor federalismo fiscal contribuirán sin lugar a dudas al bienestar de todos los argentinos.
