En Argentina se hizo cada vez más común la toma de espacios públicos para dirimir conflictos sociales, gremiales, estudiantiles. La idea común a todas estas manifestaciones era que tomando una ruta nacional, una calle céntrica, una escuela o un bien público (un ferrocarril, un aeropuerto) e impidiendo a muchos el uso del espacio o del bien público se hacen visibles los reclamos y se logra la solución de los problemas que desencadenaron el conflicto.

Este fenómeno estuvo acompañado de una tolerancia oficial infinita con la protesta , bajo un lema erróneo impulsado por el Gobierno desde 2003: la protesta no debe ser criminalizada y por lo tanto se deben tolerar las formas en que la protesta se materializa .

En forma errónea se postula que orden es igual a autoritarismo; y como autoritarismo es sinónimo de dictadura, se colige que orden es sinónimo de dictadura . Bajo ese paraguas conceptual las autoridades constituidas toleraron la protesta, pero además los métodos de la protesta cualesquiera que estos hayan sido . El Estado perdió así -de hecho- el control del espacio público.

El error en que se incurre es confundir el concepto “criminalizar la protesta” con el hecho de que “el método elegido para la protesta puede ser delictivo o criminal”,que no es lo mismo. Puede haber protesta con métodos criminales y protestas con métodos normales.

Veamos un ejemplo: protestar gremialmente tomando un acueducto e impidiendo a una población acceder al agua potable es un hecho criminal que puede tener consecuencias terribles para la salud de una población. Lo criminal no sería la protesta gremial que puede ser lícita; lo criminal es dejar sin agua a la población . Es obvio que ni la justicia, ni la las autoridades deberían permitir atropellos de esta naturaleza.

El máximo de esta errónea política oficial en estos años fue el corte del puente internacional Fray Bentos-Puerto Unzué con el Uruguay a raíz del conflicto con la papelera Botnia. Por su parte, un comunicado reciente de la empresa Pan American Energy hace un balance de la situación en el yacimiento de Cerro Dragón en Chubut después de una toma violenta en el marco de un reclamo de índole gremial. Transcurridas más de dos semanas desde la toma se verifica que el yacimiento está produciendo al 54% de su producción equivalente de hidrocarburos anterior a la toma.

La empresa denunció que “ha enfrentado las condiciones más adversas que se le hayan presentado en toda su historia y – muy importante- que no contó con el auxilio de fuerzas de seguridad de la Provincia como para evitar la toma de sus instalaciones”. Tampoco obtuvo una rápida intervención para reponer en tiempo real el control de la empresa sobre instalaciones estratégicas para la Provincia y la Nación.

Luego de haberse retirado los ocupantes ilegales, dejando tras de sí instalaciones devastadas, no hubo fuerzas de seguridad que garantizaran el tránsito entre Comodoro Rivadavia y Cerro Dragón ; y “que tampoco hubo jueces que acogieran las denuncias” que investigaran rápidamente las pruebas recogidas y detuvieran a los más evidentes responsables.

Estos graves hechos se suman a los del año pasado en Santa Cruz y Chubut que tuvieron como blanco a YPF. Esas prácticas son inadmisibles en una república moderna y están reñidas con la democracia y con el derecho; son delitos que no deben quedar impunes.

La dirigencia política debe denunciarlos como formas aberrantes de la protesta. Es necesario asumir que la libertad de cada ciudadano tiene límites impuestos por la libertad y los derechos de los demás ciudadanos.

Todo esto nos introduce en la temática de la seguridad de las fuentes de energía frente a riesgos de diferente tipo . Riesgos que si bien pueden tener baja probabilidad de ocurrencia no son imposibles, y cuya ocurrencia puede tener consecuencias irreparables para la Nación. Nos estamos refiriendo a los riesgos de ataques (terroristas, militares, turbulencias sociales) y de su adecuada prevención, que en una sociedad cada vez más compleja preocupan a todos los gobiernos modernos del mundo.