Los ambientalistas se preparan para celebrar el 20° aniversario de la Cumbre de Río y analizar si se han cumplido los compromisos de proteger el planeta. La actividad no gubernamental comenzará en Río el 13 de junio e incluye más de 250 reuniones, una conferencia de economistas, dos conferencias de abogados, y la Cumbre de los Pueblos, reunión con tintes animistas inspirados en enfoques de pueblos originarios.

Los gobiernos, por su parte, han convocado una reunión de jefes de Estado, breve, porque durará del 20 al 22 de junio, y escuálida, porque no hay acuerdo sobre los asuntos a tratar . Los gobiernos, en su conjunto, no han hecho lo que prometieron en 1992, ni parecen dispuestos a tomar nuevos compromisos. La crisis internacional dificulta que los ministros de economía y de hacienda gasten en medidas para proteger el ambiente. Probablemente concluyan con una declaración de metas, formuladas con ambigüedad para lograr el consenso.

Las actividades no gubernamentales llegarán a Río con fuerte impulso, pero sin que sus participantes se hayan tomado el trabajo previo de convencer a sus gobiernos sobre lo que deberían hacer.

La preparación de la Conferencia fue encomendada a la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS), hija de la Cumbre de Río que no fue capaz de convertirse en el órgano mayor del desarrollo sostenible . Los parámetros de esa preparación fueron restringidos y las delegaciones negociaron en reuniones informales-informales (SIC), denominación a la que se recurre para tipificar conversaciones fuera de las pautas.

El trabajo preliminar se enredó dos años en la dialéctica de los delegados habituales de la Segunda Comisión de la Asamblea General de la ONU, apegados a sus propias verdades que cada año repiten en un catálogo de modismos que nadie lee.

La Cumbre del ‘92 fue optimista: había caído el muro de Berlín y terminado la guerra fría. Se hablaba de una reasignación de recursos al servicio de la cooperación.

Había ilusión, hoy hay penuria.

La idea de economía verde, traída por el G-20 sin definiciones previas, irrumpió causando división y desconcierto. La acumulación de frustraciones en las negociaciones sobre el clima desde Bali en 2007, creó recelos a la hora de encarar Río+20.

Las conferencias de 1972 en Estocolmo y de 1992 en Río, dejaron un legado institucional en las Naciones Unidas que ahora se quiere perfeccionar para ordenar la gobernanza ambiental, lo cual sería laudable. Europa postula convertir el PNUMA en un organismo internacional con mayores recursos y cierta autoridad sobre los Estados. La situación no está madura para avanzar en ese sentido y esto motiva una controversia de utilidad relativa: ningún gobierno ratificaría un tratado que le imponga una autoridad que no quiere aceptar.

Sin análisis previo ni ordenamiento conceptual, un gran número de temas se ha propuesto para la conferencia de tres días. Esos temas, van desde la erradicación de la pobreza hasta la equidad de género, pasando por la agricultura sostenible, la seguridad alimentaria y la reducción del riesgo de desastres.

¡Misión imposible para tres días! Cada jefe de Estado podrá hablar cinco minutos en el plenario, según el orden que resulte de un sorteo. Se realizarán además 4 mesas redondas a las que serán invitados a conversar sobre el “modo de avanzar en la implementación de los resultados que se esperan de la Conferencia”. Sería de gran interés si se conocieran los resultados que se pueden esperar, pero no es el caso.

Más allá de los reclamos de financiamiento y transferencia de tecnología, los gobiernos de América Latina y el Caribe no lograron definir una posición de la región , donde Brasil tiene el destacado papel de anfitrión. Tampoco pudimos hacerlo para las conferencias de Río en 1992 y de Johannesburgo en 2002.

La posición argentina no ha sido difundida ni hay indicaciones que haya sido discutida con la sociedad civil. El gobierno llevó a la CDS el “informe nacional relativo a los progresos concretos realizados” en la ejecución de la Agenda 21.

Fue elaborado por áreas del gobierno y no ha tenido difusión ni convalidación pública .

Probablemente lo más razonable que deba esperarse de la Conferencia, sea una decisión para preparar Río+25, como ya lo insinuó la Asamblea General de la ONU que le indicó tener en cuenta que en 2017 está previsto realizar una evaluación general de la ejecución de la Agenda 21.