La semana pasada, acompañado por la presidenta Cristina Fernández, Miguel Galuccio presentó el "plan estratégico" de YPF. El flamante presidente y CEO de la compañía anunció un plan que le permitirá a la empresa incrementar en un 36% la producción de petróleo y gas entre este año y el 2017, a razón de un 6% anual en promedio. Es francamente alentador que un gestor público anuncie y se comprometa con objetivos mensurables cuyo cumplimiento podrá ser luego verificado en el futuro. No obstante, persisten numerosos interrogantes sobre la forma de alcanzarlos.
Si bien Galuccio habló de "plan estratégico", lo cierto es que en una comunicación posterior a la Bolsa de Buenos Aires y a la SEC la empresa reconoció que se trataba simplemente de "estimaciones sobre las perspectivas de la compañía". Se añadía que YPF "no se compromete a actualizar o revisar públicamente esas estimaciones aun en el caso en que eventos o cambios futuros indiquen claramente que las proyecciones o las situaciones contenidas expresa o implícitamente en dichas estimaciones no se concretarán", con lo que se asumía implícitamente que el plan era, básicamente, una proyección de deseos.
El anuncio de Galuccio aclaraba que para obtener el prometido incremento en la producción de petróleo y gas era necesario efectuar una inversión de 3.500 millones de dólares en el 2012 y 7.000 millones de dólares anuales entre el 2013 y el 2017, es decir un total de 38.500 millones en el período. En cuanto al origen de esos fondos, la información añadía que esos recursos saldrían del flujo de fondos de la petrolera y de asociaciones de distintas naturaleza, entre ellas, el concurso de un socio estratégico o financiero para el desarrollo de los recursos no convencionales.
A la espera de la llegada del esperado "socio estratégico", Galuccio, en reuniones que mantuvo con banqueros y empresarios del sector, comentó que la empresa estudiaba la emisión de un bono en dólares garantizado por exportaciones como el principal objetivo que tenía YPF para obtener financiación. Se trata de un mecanismo que han utilizado otras petroleras como Petrobras o Pemex, pero en la Argentina, con un "spread" de riesgo país que alcanza los 1.160 puntos, la tasa de interés de cualquier préstamo se torna inviable. La empresa esperaba para los próximos días la reactivación de los programas Petróleo Plus y Refino Plus, que fueron creados para alentar las exportaciones de crudo y suspendidos en febrero pasado para quitarle un beneficio a Repsol.
Las dificultades para obtener fondos del exterior o asociarse con una empresa extranjera dejan como alternativa financiera más realista la de acudir a los flujos de caja. Esto obligaría, ineludiblemente, a terminar con el congelamiento tarifario, en especial el que sufre el gas en boca de pozo. Pero, como señaló Kicillof en su mítica exposición ante el Senado, "si la nafta o el gasoil en la Argentina se guía por los precios internacionales, eso generará un descalabro macroeconómico mayúsculo en la economía nacional y pondrá en riesgo nuestro modelo de crecimiento".
Kicillof, que aparece como el nuevo comisario político en el flamante directorio de YPF, es firme partidario de desvincular los precios internos de los internacionales y mantener "un precio interno bajo para sostener el poder adquisitivo del salario y fomentar la competitividad de la industria, el comercio y el transporte". En su exposición ante el Senado llegó a sostener la conveniencia de precios que "no sean rentables para la compañía" y "que tal vez haya que subsidiarlos", dado que "nuestro objetivo no es la rentabilidad de la empresa".
Existe, por lo tanto, una clara contraposición entre la visión ideológica de Kicillof y las más pragmáticas necesidades financieras de Galuccio. Algunos estiman que Galuccio será el ganador dado que ubicó a siete personas de su entorno en el nuevo directorio de YPF. Pero todavía es prematuro saber quién ganará esta pulseada cuyo resultado, más que por el número de directores afines en el directorio, se dirimirá por la proximidad que se tenga al entorno de la corte presidencial.
Por el mismo motivo, en un sistema donde lo institucional poco cuenta, carece de toda relevancia que los gobernadores de las provincias petrolíferas hayan podido ubicar a cinco directores de un total de diecisiete. Una muestra es que, a pesar de que el estatuto de YPF señala que las acciones son escriturales, las provincias no han recibido todavía la titularidad de las acciones que, según la ley de expropiación, les corresponde y que les permitiría compartir la eventual distribución de beneficios de la compañía.
En cualquier caso, el riesgo mayor de las provincias petrolíferas reside en que si YPF no tiene otra alternativa más que financiarse con los flujos de caja, tal vez será difícil que perciban las regalías con la regularidad anterior. O no sería descartable que, a partir de ahora, esas regalías sufran la condicionalidad política a la que viene sujeta la percepción del resto de los fondos coparticipables.
Según un comentario de Marcelo Bonelli publicado en "Clarín", el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, habría admitido estos riesgos en una reunión privada en la Ofephi. Según las palabras que Bonelli pone en boca del gobernador, el mandatario neuquino habría reconocido que "perdimos derechos porque tenemos una clara minoría. Vamos a ser las primeras víctimas políticas si YPF no tiene plata para invertir".
(*) Abogado y periodista
