¿Resuelve la crisis energética caracterizada por importaciones crecientes debidas a la pérdida del autoabastecimiento? La respuesta es "no", porque atenta contra la verdadera solución a la descapitalización que ha experimentado el sector: la inversión. Pero sí satisface una serie de necesidades políticas del Gobierno, como revertir la caída de su imagen, desviar la atención pública de los casos de corrupción e inseguridad, disponer de cargos ejecutivos para repartir políticamente entre militantes sin experiencia empresaria y, fundamentalmente, garantizar la caja. Es decir, se han priorizado otra vez las necesidades políticas por sobre los intereses del país.
La performance de YPF Repsol, como la de la mayoría de las petroleras que operan en territorio argentino, es la consecuencia lógica de la política energética del gobierno kirchnerista, no la causa.
A ninguna empresa un gobierno le puede exigir que invierta y produzca si éste ha trocado los contratos por arbitrariedades, ha cambiado las reglas originales, ha congelado los precios internos e ignorado los internacionales mientras los costos internos se multiplicaban por cinco y ha fijado aranceles a la exportación o retenciones por encima del 100%.
Esta metodología de desgaste por inanición ya fue aplicada antes para justificar la estatización del Correo, Aguas Argentinas, Aerolíneas y las AFJP, entre otras. El argumento siempre fue el mismo: la falta de las inversiones comprometidas contractualmente por las empresas, pero sin mencionar, claro, el manejo arbitrario de precios y tarifas al que se las obligó.
Las empresas que subsistieron en los servicios públicos se tuvieron que someter a la discrecionalidad de los subsidios, los que, sólo en energía, superaron en 2011 los 10.000 millones de dólares.
Esos subsidios incentivaron el consumo y desalentaron la oferta, lo que provocó la brecha económica que descapitalizó al sector y generó además una señal de precios que fomentó el uso irracional de la energía, con el consecuente daño ambiental.
Sin embargo, el Gobierno y amplios sectores políticos han instalado el mito de que la actual crisis energética arranca con las privatizaciones para así justificar las estatizaciones y la mala política implantada por el kirchnerismo. Pero las estadísticas, avaladas por la realidad, indican que a principios de los 2000 el sistema energético funcionaba bien, estaba correctamente estructurado y contaba con un stock suficiente que permitió superar los años de la crisis económica hasta comienzos de 2003 prácticamente sin inversiones y sin alterar la oferta. Entre 2001 y 2010 se invirtió en el sector una cuarta parte que en los 90, lo que produjo caídas en la producción de petróleo de más del 25% y crecimiento cero en la de gas, mientras las demandas aumentaban 40%.
Esa política energética del kirchnerismo, más bien de carácter intervencionista y cortoplacista, basada en una irresponsable transferencia de renta del sector energético a la población, no obstante los elevados crecimientos del PBI, es la verdadera causal de la estrepitosa caída de reservas y producción, aunque haya significado un gran rédito para el Gobierno en las urnas en 2007 y 2011.
Luego de la sanción de la ley 26.741 de estatización de YPF aprobada por los legisladores del oficialismo y la mayoría de la oposición -que trató de explicar lo inexplicable al aprobar la ley luego de haberla denostado-, sólo resta esperar que el daño, fruto de la ilegalidad de origen de la confiscación, sea mínimo y que a la nueva YPF la dejen funcionar con eficiencia y criterio empresario, blindada a las apetencias políticas partidistas. Deberá aplicar una gestión profesional para optimizar la producción y la exploración del tercio que tiene a cargo en el sector petrolero.
Pero de ninguna manera esta estatización resolverá el problema energético. Podrá hacer un aporte significativo a la recuperación del autoabastecimiento siempre y cuando se abandone la política energética que en nueve años llevó a esta crisis largamente anunciada, admitida recién ahora.
