Fueron muchos los años de relatos falsos que no pudieron ocultar la realidad de las caídas de las reservas y de la producción de petróleo y gas por más de ocho años. Los intentos constructivos por alertar a los funcionarios de la gravedad de la pérdida del autoabastecimiento eran irónicamente descalificados, incluso por el último jefe de Gabinete, quien llegó a escribir: “¿Cuáles son los serios problemas estructurales y la poca inversión de la cual hablan? ¿Hermoso bolazo? (ver página 52 del libro publicado por Alberto Fernández en enero del 2012).
Pero por suerte la Presidenta no creyó este falso relato de su funcionario y encaró la realidad por vez primera de una manera contundente en ese mismo mes de enero. Se generó así una serie de acontecimientos que acaban de culminar con la ley de expropiación accionaria en YPF.
Veamos ahora cuál es el escenario deseable futuro si pretendemos quebrar la tenaza de energía escasa y cada vez más importada. La mejor política energética es aquella que maximiza la capacidad de restaurar rápidamente el perdido autoabastecimiento. Los recursos financieros que serán necesarios para lograr este objetivo en el próximo trienio llegan a 45.000 millones de dólares, es decir, el 3 por ciento del PBI anual.
Habrá que invertir en exploración y desarrollo de nuevos yacimientos, tanto en nuestro olvidado mar (que poco hizo Enarsa creada para tal fin) como en el continente, apuntando a los recursos tradicionales y a los nuevos y difíciles no convencionales.
También habrá que invertir en una nueva refinería (hace ya décadas que no se incrementa la capacidad de procesar petróleo); recordemos que el año pasado hubo que importar gasoil por 4400 millones de dólares.
Habrá que invertir en instalaciones portuarias para las importaciones de GNL (el año pasado estas importaciones nos costaron 1900 millones de dólares).
También habrá que modificar el consumo energético que depende excesivamente del petróleo y gas con más del 90 por ciento del consumo total, cuando en el mundo esta proporción se ubica en 55 por ciento. Esto exigirá centrales hidroeléctricas y nucleares, además renovables como la eólica.
Todas estas fuentes de energía eléctrica exigirán fuertes inversiones iniciales de capital (entre 2 y 4 veces el costo de las centrales térmicas). Hoy cada KWH adicional que consumimos significa más importaciones de gas, gasoil y también fuel oil; el año pasado gastamos 1000 millones de dólares en importar este producto.
Para minimizar el esfuerzo fiscal o la carga sobre los consumidores será necesario contar con inversiones privadas, por eso se necesita una nueva ley de petróleo que consagre la previsibilidad jurídica y tributaria de los contratos y licitaciones sin “amigos”y que establezca auditoría de las reservas y de las inversiones comprometidas.
Al mismo tiempo habrá que reorientar el transporte hacia formas masivas que consumen menos energía por pasajero o tonelada transportada. El ferrocarril de cargas y de pasajeros deberá ser modernizado, pero esto exigirá inversiones; la buena noticia es que no gastaremos nada en el caro proyecto del tren bala.
Todas estas inversiones para estimular la producción de hidrocarburos y al mismo tiempo controlar la expansión de su demanda deben ser complementadas con políticas que apunten a la conservación y eficiencia energética.
Es mucho lo que se puede hacer, comenzando por normas técnicas en la industria manufacturera y la construcción y equipamiento de nuevos edificios; se requieren códigos de edificación que apunten a minimizar el consumo energético.
La industria automotriz no puede quedar al margen de este esfuerzo por lograr el autoabastecimiento. Es posible técnicamente minimizar la relación entre consumo de combustible y kilómetros recorridos por los automotores.
Son innumerables las acciones concretas en todas las áreas donde es posible reducir el consumo energético por unidad de actividad. Desde ya que todo esto será compatible con el cumplimiento de nuestra responsabilidad por controlar las emisiones globalmente contaminantes.
