Es necesario rescatar la lucha de quienes venimos alertando desde 1989 que la privatización de YPF era una estafa , que no se harían las inversiones prometidas, sino que se venían a llevar los 35 años de reservas y el país sufriría la mayor descapitalización de su historia.

Fueron más de dos décadas de enfrentamientos para evitar el saqueo de nuestras principales riquezas patrimoniales a partir de la ley de Reforma del Estado y que tuvo como punto de partida el banderazo que el 20 de noviembre de 1991 realizamos en el Congreso.

Sería injusto olvidar el recurso de amparo que presentó, en setiembre de 1992, Osvaldo Álvarez Guerrero , cuando era presidente de la Convención Radical, para impedir la venta de las acciones en New York. O al Grupo de los 8 de la Cámara de Diputados (Germán Abdala, Luis Brunati, Alberto Aramouni, Darío Alessandro, Chacho Álvarez, Moisés Fontela, entre otros).

Como tampoco se puede dejar de recordar a Adolfo Silenzi de Stagni ni la lucha de los trabajadores en Cutral Co, quienes en 1996 realizaron el primer piquete. O el asesinato de Teresa Rodríguez y el de Aníbal Verón y sus compañeros y los cortes de ruta en General Mosconi y Tartagal liderados por la UTD y Pepino Fernández. Fue una gran epopeya que se cobró todo tipo de víctimas sociales, desocupados y muertes.

En el 2002 se creó el MORENO , que tuvo como motores a Félix Herrero, Gustavo Callejas y José Rigane, a los que se sumaron los ex trabajadores de YPF, de Oro Negro, la Fetera, CTA y otras organizaciones sociales. A fines de 2008 presentamos el recurso de amparo por la privatización y estafa contra YPF y una denuncia penal por evasión fiscal contra las principales petroleras, elaborada por una comisión de abogados y especialistas presidida por Salvador María Lozada, Alejandro Olmos, Félix herrero y Julio Raffo.

Tenemos esperanza con la recuperación de YPF, pero si las cosas se hacen bien . Se ha obtenido el primer triunfo de una batalla político-cultural que hemos sostenido desde Proyecto Sur. Pero todavía falta. YPF debe ser 100 por ciento pública y con control social.

¿Tendremos una YPF nórdica o bolivariana?

La reciente estatización de la mayoría accionaria de YPF plantea, como gran interrogante, si volverá o no a repetirse el mal manejo que llevó hace veinte años a la necesidad de su transformación y privatización.
¿Acaso no resulta poco creíble que un gobierno caracterizado por su paupérrima calidad institucional pueda transformar a la petrolera estatal en una empresa pública ejemplar? Al respecto, llamó la atención que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner haya tomado como referencia a Noruega para justificar la administración estatal de YPF. Es que teniendo en cuenta el estilo de gobierno del kirchnerismo, su utilización patrimonialista de los recursos públicos, el criterio político “militante” que prioriza para desempeñarse en cargos técnicos de organismos estatales, la falta de rendición de cuentas y el bajo nivel de transparencia, parece entonces inverosímil la pretensión de incorporar en YPF las características ejemplares del manejo de la petrolera pública noruega Statoil.
Un detalle no menor es que Statoil está firmemente en contra de la corrupción. En setiembre del 2011, por ejemplo, lanzó un programa de aprendizaje “online” de anticorrupción, obligatorio para todos los empleados del grupo disponible en cinco idiomas y que demora tomarlo alrededor de 90 minutos. El programa consta de una introducción del CEO, un repaso por la legislación estadounidense y noruega en contra de la corrupción y nueve ejercicios interactivos que tratan los siguientes casos particulares: acoso laboral, sobornos, fraude a la empresa, información interna, confidencialidad y conflictos de intereses, inversiones sociales, contacto con oficiales públicos, intermediarios y “lobby”, regalos y atenciones.
A su vez, en su Código de Conducta Statoil hace referencia explícita a lo siguiente: brindar información, reportes contables e informes correctos que cumplan con las leyes aplicables de los “securities” y los estándares de las bolsas de valores; y combatir la corrupción, incluyendo coimas y tráfico de influencias.
Statoil no apoya a ningún partido político o político individual y a sus empleados se les recomienda advertir cualquier caso de incumplimiento o preocupación ética que tengan mediante los canales normales. Inclusive, existe el “Hotline” de ética, página web disponible en varios idiomas, en la cual un empleado puede hacer una denuncia hasta de forma anónima. Las denuncias se investigan en una unidad del departamento de Auditoría Corporativa.
Con presencia en 37 países y contando con 21.330 empleados, Statoil no es una empresa subsidiada o apoyada económicamente en cualquier forma por el Estado. De a cuerdo a los principios del gobierno noruego de buena gestión corporativa, la composición de la junta directiva se caracterizará por la capacidad, competencia y diversidad.
En el Informe Anual y de Sostenibilidad 2011, Statoil ofrece una página interactiva con cinco preguntas a cinco integrantes de la empresa, por ejemplo: “¿Cómo es la perspectiva de la industria de petróleo y gas en un mundo de inestabilidad financiera? ¿El ‘shale gas‘ vale el riesgo? ¿Presta Statoil suficiente atención a la prevención de riesgos laborales y medioambientales?” Considerando la política comunicacional del kirchnerismo, sería poco probable que replique una iniciativa informativa tan innovadora como la de la petrolera noruega.
Como broche de oro, cabe destacar que toda la política de exploración y explotación de Statoil, en las áreas del Mar del Norte noruego, está orientada a asegurar flujos de caja que permita al Estado del país nórdico pagar jubilaciones dignas a sus ciudadanos. Para ello tienen un fondo de inversión soberano de los más grandes del mundo adonde van las ganancias petroleras destinadas a las próximas generaciones. Sin dudas, muy diferente al despojo que hizo el kirchnerismo de los aportes privados a las AFJP y el manejo discrecional que tiene de la ANSES.