El “Shock distributivo” fue la propuesta de la CTA para superar la crisis del 2001. Pretendíamos una política de inclusión masiva y urgente al mercado de trabajo de millones de desocupados, basada en la fuerte intervención estatal y una política activa de formación profesional.
Creímos que “la insurrección popular” de diciembre había creado las condiciones objetivas.
El Gobierno, por el contrario, eligió el gradualismo : inclusión paulatina al mercado de trabajo de la mano de obra excluida a la medida que éste lo requiriera, con continuidad del asistencialismo de los sectores marginados.
En este contexto, los aumentos de suma fija implementados a partir del año 2002 impulsaron la recuperación de la negociación colectiva, y un paulatino aumento del salario.
Sin embargo, luego de varios años de negociación colectiva ininterrumpida, una gran cantidad de empleadores eluden la aplicación del convenio colectivo por diversos medios: la no registración; la tercerización; el falso cuentapropismo; o por su no aplicación lisa y llana, favorecida por ausencia de inspección del trabajo, de representación sindical en los lugares de trabajo y la tolerancia o complicidad de muchas direcciones sindicales.
La cantidad de trabajadores convencionados nunca superó al 45 % de la fuerza del trabajo, y el 55% restante sirvió como disciplinador del mercado de trabajo formal.
Las reglas del mercado, en la última década, no han permitido revertir el proceso de heterogeneización de la estructura ocupacional.
Hasta el año 2007, el poder adquisitivo de algunos sectores de trabajadores del mercado formal creció sustancialmente, en un marco de situación inmejorable. No obstante, la brecha entre el crecimiento del PBI y el del salario se ha incrementado significativamente , lo que es demostrativo de la muy pobre redistribución que aún en esas condiciones se ha operado.
Desde entonces, el producto bruto ha continuado su camino ascendente, pero el salario se ha estancado. El ingreso del conjunto de los trabajadores en el mes de diciembre de 2011 era similar al del último trimestre de 2001, mientras que en el mismo período el PBI se incrementó en un 90,6% (Boletín de remuneraciones y negociaciones salariales elaborado por el Observatorio del Derecho Social y el Taller de Estudios Laborales).
Por otra parte, el promedio de ingresos del conjunto de los ocupados, provenientes de su ocupación principal, al cuarto trimestre de 2011, asciende a $ 3.198 mensuales, y el 80% de los ocupados percibe ingresos, inferiores a $ 4.500 mensuales.
El ajuste por inflación y la informalidad laboral resultaron insuficientes: es evidente que la intención es trasladar los costos de la crisis a los asalariados formales.
Los agresivos discursos presidenciales, orientados a los representantes sindicales, son coyunturales, no intentan modificar el estatus-quo del modelo sindical, ni favorecer la libertad sindical; menos aún combatir la corrupción.
Solo se trata de debilitar a los trabajadores en la negociación para forzar la baja del salario real. Simultáneamente se envía un claro mensaje a los empleadores para que no cedan ante los reclamos.
Hasta la fecha, son pocos los convenios firmados: el primero en importancia es el docente (salario mínimo garantizado de $ 2.800, equivalente al 19,8%, impuesto por decreto). Les siguieron otros como el caso de Alimentación (sector avícola): 16,7%; el de transporte de pasajeros entre el 15% y un 18% y el de vestido: 22% en tres cuotas. El más significativo en el sector privado ha sido el de los trabajadores de prensa de Buenos Aires, que pudieron lograr un incremento de entre el 23,5% y el 35%, en una negociación por rama de actividad luego de más de dos décadas de ausencia de este nivel. El último fue el acuerdo de la Administración Pública Nacional solo firmado por UPCN-CGT (no lo hizo ATE-CTA) por 21% (dos cuotas acumulativas de 10% en junio y en agosto).
Si a esto le sumamos la injerencia del Gobierno en los sindicatos y la búsqueda constante sujeción al mando de sus dirigentes, podemos describir algunos rasgos de la negociación 2012 : a) Las negociaciones cerradas hasta el momento se encuentran por debajo de la inflación , y persisten importantes sectores de trabajadores asalariados formales cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza.
b) El intento gubernamental de imponer una pauta en torno al 18% no se ha podido instalar en forma definitiva, pero la mayoría de las actividades todavía están en plena paritaria, con conflictos muy importantes en muchas de ellas.
c) La injerencia del poder político se está efectuando ahora por vía indirecta: ejerciendo presiones sobre los dirigentes sindicales y empleadores.
d) Los convenios colectivos numéricamente importantes, como docentes y Administración Pública Nacional, fueron elegidos como “testigos” y se caracterizaron por la subordinación a las pautas con sus principales referentes cooptados por el oficialismo.
La “sintonía fina” en materia salarial está en marcha. Todavía es incipiente y seguramente se irán agregando nuevos elementos. Pero el rumbo fue trazado; por ahora navega con dificultad …, pero navega. Serán los grandes gremios lo que en definitiva deberán resolver entre la presión de las bases para superar la pauta oficial o el sentido inverso. Esa es la cuestión.
