Las razones de mi voto negativo al proyecto de declaración en apoyo a la expropiación de Repsol YPF -no en representación del bloque sino en forma personal- son de diversa índole. Yo siempre he sido un firme opositor a las políticas públicas que ha llevado adelante el gobierno nacional y de la forma en cómo las instrumenta, en lo personal creo que este gobierno nacional le ha hecho mucho mal al país, pero particularmente creo que esta medida, tomada intempestivamente sobre la petrolera mencionada, será la que más daño va a generar a las futuras generaciones de argentinos.
Cuando uno observa los países que han logrado un desarrollo económico envidiable encuentra que algunos de ellos poseen una cantidad importante de recursos naturales como pueden ser Canadá, EE.UU. o Australia, hay otros países desarrollados que no tienen ningún recurso natural como pueden ser el caso de Japón, Suiza u Holanda. Pero todos los países del mundo desarrollado sin lugar a dudas tienen una serie de características en común, las cuales conforman el mayor activo que puede tener un país, estos son la credibilidad y la confianza que generan en el mundo sus políticas. En estos países el respeto al derecho de propiedad y la previsibilidad institucional son una característica troncal de su sistema político económico.
Nosotros en Argentina hemos cambiado las políticas energéticas constantemente, siempre de la mano, por lo menos en lo últimos años, del peronismo, y esto no se debe a la falta de coherencia de dicho partido, sino que se debe a que la ideología del peronismo ha sido siempre la misma, y esta es la ideología de la caja. Esta ideología lo único que busca es mantener el mayor dominio de los recursos económicos para mantener sus políticas populistas y su estructura política-partidaria.
Vale recordar que al peronismo se le ha achacado que fueron ellos los que privatizaron YPF y esto es cierto, muchos de los que forman parte del gobierno nacional, con el matrimonio Kirchner y su secretario Parrilli a la cabeza, en aquel momento cuando Menem era presidente, aplaudían, votaban y argumentaban a favor de la privatización de la por entonces petrolera estatal. Cuando Menem privatizó YPF lo hizo por una necesidad de caja, y ahora la Presidenta estatiza la empresa por la misma razón. No hay detrás de esto una convicción nacionalista ni una visión estratégica de desarrollo. Demás está decir que a nivel local el MPN también ha seguido siempre la misma lógica que el PJ, por ello acompañó la privatización entonces y acompaña la estatización ahora.
La realidad es que este gobierno se encuentra es una situación de recaudación fiscal débil, con problemas muy profundos, necesitando importar 10 mil millones de dólares de energía por año, y necesita hacerse de activos para seguir financiando el gasto público. En esta discusión los argumentos esgrimidos por el oficialismo y sus aliados son falaces, se escudan detrás de una bandera chauvinista, de un falso nacionalismo para justificar su voto, hablan de casos testigos de otros países sin tener en cuenta que en las naciones citadas impera una previsibilidad institucional, un respeto por los contratos y una profesionalización de este tipo de empresas a diferencia de aquí que han sido capturadas por el Estado, el cual ha utilizado dichas empresas para crear empleo artificial capitalizable electoralmente y contratos prebendarios con empresas amigas.
En Argentina tenemos una empresa estatal petrolera, se llama Enarsa y fue creada hace pocos años por Néstor Kirchner. Esta empresa en sus pocos años de vida no invirtió un solo peso en exploración y explotación en la República Argentina, ni siquiera invirtió en yacimientos en la plataforma marítima que son de su exclusiva facultad. La principal función de esta empresa fue la especulación y negocio financiero, importando barcos de gas a 22 dólares el millón de btu, de esta forma le pagamos a las empresas extranjeras que invierten en países extranjeros para vender el gas acá, ese ha sido el rol de la empresa del Estado kirchnerista en materia energética.
De aquí en adelante es de prever que Repsol demandará a la Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), y que dentro de algunos años la Argentina será condenada al pago de una gigantesca suma de dinero. Seguramente esta condena la deberán afrontar los próximos gobiernos, debiendo pagar ellos con fondos públicos la fiesta estatista del gobierno actual.
Otro de los argumentos vertidos a favor de la medida tomada por el gobierno es que Repsol no invirtió sus ganancias en exploración y explotación en la Argentina, y que sacó excesivos dividendos al exterior. Esto es totalmente cierto, pero lo que no se dice es que Repsol hizo esto con pleno acuerdo del gobierno nacional. El anterior gobierno nacional gestionó la venta del 25% de las acciones de Repsol a favor de Eskenazi, en una operatoria totalmente insólita y permitiendo a la petrolera desinvertir y sacar dividendos a fin de cobrarse la venta que se realizó casi sin desembolso alguno por parte del comprador. Asimismo, el gobierno nacional estableció valores ficticios de hidrocarburos atentando contra la inversión y las provincias petroleras renunciaron a su poder de control sobre las inversiones realizadas por las empresas concesionarias de áreas petroleras.
Por todo lo dicho es de esperarse que la crisis energética argentina siga en aumento, que la falta de confianza y reglas de juego claras hagan caer más la inversión en todos los sectores de la economía, y que los problemas estructurales de la Argentina se sigan agudizando.
(*) Concejal NCN
