El petróleo sigue en manos privadas

La opinión pública las conoce poco y nada. Son las empresas privadas que aportan nada menos que 70% de nuestra producción anual de petróleo y gas: Pan American Energy, Sinopec, Tectpetrol, Chevron, Capex, Total Austral, Entre Lomas, Petroandina, Apache, Compañías Asociadas Petroleras, Petroquímica Comodoro Rivadavia, Enap-Sipetrol, Roch, Chañares Herrados, Petrolífera Petroleum, El Trébol, Petróleos Sudamericanos, Medanito, Central Internacional, Gran Tierra Energy, Olistone Energía y otras. Las que no pertenecen al Estado argentino, aunque sean estatales en su país, se asimilan aquí a las privadas.

YPF es, por su parte, una sociedad mixta de la cual los privados tienen (al menos por ahora) 49 por ciento. Es cierto: no hay en la Argentina petrolera más grande y, aunque el Estado no tenga 100 por ciento, hoy conduce la empresa, otorgándole un poder político del cual carecen sus competidores.

Eso permite que YPF lidere el sector, pero no que logre, por sí sola, el autoabastecimiento. Ni a corto ni a mediano plazo.

No, aunque Vaca Muerta y la plataforma subma- rina sean, de verdad, capaces de convertir a la Ar- gentina en potencia petrolera. Resultará demasiado caro verificarlo y, en todo caso, el eventual beneficio no llegaría de la noche a la mañana.

Descubierto por Repsol, el yaci- miento no convencional de Vaca Muerta, ubicado en la cuenca neuquina, alberga en sus rocas una cantidad inapreciable de petróleo y gas. Los técnicos de la compañía española estimaron que, a la tasa de nuestro actual consumo, tendríamos allí combustible para 500 años. Claro que esa riqueza, ahora en manos de la nueva YPF, no puede explotarse a pleno sin inversiones inmensas, tecnología de última generación y largo tiempo. Se calcula que, mientras no se hagan 2.000 perforaciones, se perderá plata; y hacer la prueba costaría 40.000 millones de dólares. El proyecto enfrentaría, además, los embates ambientalistas: para extraer hidrocarburos de una roca, se utiliza un procedimiento similar al de la minería del oro.

La plataforma submarina, si albergara tanto pe- tróleo como algunos presumen, dejaría atrás a las petroleras privadas. La estatal ENARSA, que fue creada en tiempos de Néstor Kirchner como una "YPF alternativa" (pero que representa apenas 0,1% de la producción de hidrocarburos) es dueña anticipada, por ley, de todo el petróleo que pudiera existir en las aguas marítimas del país. Esa PYME pública tiene un acuerdo con PDVSA y, a cambio de aportar la plataforma, lograría que la corporación venezolana pusiera el dinero, la tecnología y la experiencia que requiere explotarla. Convertir el acuerdo en operativo, hallar petróleo y levantarlo del lecho oceánico es una faena tan pesada como costosa; y aun si sus resultados fueran los deseables, habría que esperarlos mucho.

El autoabastecimiento no se logrará a corto (ni a mediano) plazo sin una asociación estratégica entre YPF y sus pares. Para que esa alianza se consiga y sea fructífera, el Estado debe premiar la inversión, asegurar una rentabilidad mínima suficiente y garantizar la estabilidad jurídica.

No es sencillo. Si no se hace rentable la produc- ción, habrá que aumentar la importación de com- bustible, que en 2011 ya nos hizo perder, como lo ha destacado la propia Presidenta, 9.300 millones de dólares.

Hoy existe un techo, impuesto por el Estado, que casi no permite extraer gas y ganar dinero. En 2011, las empresas recibieron, en promedio, 2,74 dólares por millón de BTU. Unas se conforman con una utilidad ínfima y otras prefieren no producir antes que quebrar. Por eso la producción cae y una cuarta parte del gas que consumimos en invierno proviene de fuera. El que llega de Bolivia es tres veces y media más caro. El que arriba líquido, de países como Trinidad-Tobago, cuesta cinco veces más y hay que regasificarlo.

A la vez, si se dejara que el productor cobrase precios internacionales, crecería la inflación -que ya es la segunda del hemisferio- y el aumento de tarifas causaría un descontento social que no podría apaciguarse con más subsidios.

¿Cómo parar entonces la sangría de divisas? La solución requiere gradualismo y coraje. Ni se puede satisfacer a los productores abruptamente, ni se puede seguir regalando energía al mercado interno. El equilibrio debe conseguirse poco a poco.

Claro que los cambios graduales tendrán costos políticos por partida doble: los productores se quedarán por un tiempo insatisfechos, y los consumidores irritados. Los gobernantes deben tener coraje para hacer lo que debe, esforzándose por contener las demandas de unos y evitar la ira de los otros.

También hará falta coraje para conciliar la retórica de la auto- suficiencia con la necesidad de inversión extranjera. La idea de "vivir con lo nuestro" podrá ser atrayente, pero ningún país puede vivir con lo suyo. Ni siquiera los más desarrollados. Las inversiones foráneas acumuladas en Estados Unidos, sin contar la compra de acciones, suman casi 3.000 millones de millones de dólares. Francia y Gran Breña están arriba de los 1.000.

Para sostener un crecimiento de 4% del produc- to, la economía argentina necesita, sólo en energía (incluida la eléctrica), una inyección de 15.000 millones de dólares por año. No se puede llegar a tal cifra sin dinero de fuera. Pero la Argentina no es hoy un imán de inversiones. Brasil recibe seis veces más que nosotros; México nos triplica y Chile nos dobla. Si bien las corporaciones petroleras están acostumbradas a asumir riesgos, lo hacen allí donde la rentabilidad es mayor que el peligro.

Optar por una expropiación gratuita, en vez de una desinversión consensuada, no es la forma de seducir a los capitales productivos. Eso no dejará a la Argentina anémica, pero, sin abandonar esa clase política, las inversiones extranjeras estarán muy por debajo de las necesarias. La soberanía formal se puede defender con discursos. La verdadera, no.