El nacionalismo ha sido el virus que ha destruido a Europa durante la primera mitad del siglo XX. La construcción de un espacio público compartido, profundizando las competencias comunes y ampliando a un mayor número de países, ha servido a Europa para superar esa patología que la llevó al enfrentamiento durante un siglo. Del impulso por superarla nació el ethos de la paz, la libertad y la cooperación solidaria entre adversarios históricos, para desarrollar lo que hoy llamamos Unión Europea. Lula la considera un “patrimonio democrático de la Humanidad que no tenemos derecho a destruir”.
Pues bien, de nuevo galopa esa bestia del nacionalismo insolidario, a lomos de esta crisis global a la que se está respondiendo con un diagnóstico y una terapia equivocados, que cada día nos acercan más a la zona de riesgo para la estabilidad y la supervivencia de la Unión. No se trata de señalar a nadie, aunque algunos tengan más responsabilidad que otros, porque el virus se está extendiendo por todas partes: los más golpeados por los ataques especulativos y los que se sienten más a salvo. Los primeros señalan al de al lado para cubrirse y los segundos se resisten a que se tomen decisiones firmes, coherentes para todos.
Si queremos salir de este agujero hay que actuar ya con los instrumentos disponibles. Necesitamos un gobierno económico y fiscal de la zona euro porque sin ello no es posible que funcione la Unión Monetaria. Pero para que haya gobernanza económica y fiscal hay que ceder soberanía y esto choca frontalmente con la galopada nacionalista. La resistencia es mayor porque se piensa que esa soberanía que se tiene que ceder no es para compartirla, sino para entregarla a otros que se mueven por sus propios intereses particulares y no por el interés común. La operación exige compromisos de todos y entre todos y la gestión debe ser común, sin imposiciones de directorios nacionales, que irritan y retroalimentan nacionalismos de respuesta.
Cada vez más gente seria y responsable está diciendo que la Unión hace poco y siempre llega tarde. Poco y tarde. El riesgo de perder una década parece el menor ante la amenaza creciente de que estalle la Unión Monetaria o la propia Unión Europea. Estos escenarios son posibles, incluso probables, y las respuestas para evitarlos son políticas.
La crisis de la deuda soberana está tratándose como un problema de solvencia, que no existe, pero que puede llegar a provocarse si sigue faltando la liquidez y contrayéndose la economía. La falta de crecimiento y empleo aumenta los tipos de interés, compromete al sistema financiero y agrava exponencialmente el problema de la deuda. Además, sufrimos divergencias económicas y fiscales que se reflejan en las diferentes balanzas comerciales y de pagos, y en la productividad y competitividad dentro de las distintas zonas de la Unión, que hay que corregir con reformas estructurales para responder a los desafíos de la economía global y avanzar hacia la convergencia en la zona euro y en la UE.
Para enfrentar estos desafíos las instituciones tienen que funcionar, proveyendo bienes públicos para el conjunto de la Unión, sin condicionamientos de directorios que impongan a los demás sus propias reglas. El Banco Central Europeo tiene que actuar como lo hace la Reserva Federal de EE.UU., el Banco de Inglaterra o el Banco Central de Japón. Es decir, tiene que cumplir su papel de prestamista de última instancia y hacer la política monetaria que responda a los intereses del conjunto de la zona euro. Es el único instrumento de la Unión Monetaria -hoy- para contrarrestar el ataque especulativo que afecta ya a 12 de los 17 países de esta zona.
Los países de la Unión se tienen que comprometer a garantizar la estabilidad presupuestaria, como una regla común, con premios y sanciones para todos y controles presupuestarios rigurosos y comunes. Pero nada aconseja que la progresión hacia el ajuste tenga que hacerse tan rápidamente que ahogue cualquier posibilidad de crecimiento y empleo. Por eso hay que graduar el ritmo del ajuste de las cuentas públicas.
Parece que los dirigentes europeos han olvidado que el objetivo prioritario de la política económica es el crecimiento sostenible y generador de empleo, mejorando nuestra competitividad en la economía global. Si nos equivocamos en esto, la gobernanza de las democracias representativas que conforman la Unión se degradará y la respuesta social será inevitable. El nacionalismo rampante hace pensar a la gente que unos u otros estarían a cubierto si actuaran solos, sin tener en cuenta al conjunto. Grave error que nos arrastrará a todos. Cada vez se oyen más las voces de los extremos, cargados de discursos xenófobos y antieuropeístas. Y cada vez recogen más votos.
Necesitamos gobernanza económica y fiscal para que funcione coherentemente la Unión Monetaria, con soberanía compartida e instituciones que sirvan a todos. Pero para avanzar hay que tener una puerta de salida para los que no estén dispuestos a hacerlo. Los países tienen derecho a salir, pero no lo tienen a vetar el avance de los que deseen hacerlo. Esto vale para todos.
