Por Rafael Pascual. EX PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
La UCR tiene una larga historia en materia de petróleo.
Desde la creación de YPF por Yrigoyen, la designación de Mosconi por Alvear, pasando por Illia y Alfonsín, que mantuvo el autoabastecimiento , siempre defendió con vigor el control de los hidrocarburos por parte del estado nacional.
El peronismo por el contrario tuvo una actitud zigzagueante. Henchidos del nacionalismo de Perón en los ´50 se celebraban los contratos con la California y en la fiebre privatista de los noventa se burlaban de nuestros diputados acusándolos de estar detrás de las cortinas y no dar quorum, que por supuesto, era mejor que convalidar la entrega de nuestro patrimonio que materializó el menemismo.
Hoy la historia parece repetirse.
¿Por qué creer en la pregonada recuperación para la Nación de la petrolera por parte de los mismos que la entregaron? Podemos pensar que la intención, como ha sido habitual en el kirchnerismo, es utilizar la bandera de otros partidos para obligarlos a avalar la iniciativa con el exclusivo objetivo de recuperar el alicaído protagonismo en la sociedad, golpeado por casos resonantes de corrupción que involucran directamente al vicepresidente de la nación, niño mimado y elegido de la presidenta ¿Porqué en nombre de la coherencia histórica de la UCR, que no necesita ser demostrada ni ratificada, tenemos que votar junto con los que durante ocho años controlaron mal y fueron por lo menos cómplices del vaciamiento de YPF? ¿Porqué tenemos que votar junto a los que con el desparpajo propio del peronismo y la ligereza del relato inventado, adjudican a sus socios de Repsol la exclusiva responsabilidad del desguace, cuando en realidad fueron ellos los que impusieron la venta de un 25% a un socio argentino para tener relaciones aceitadas con el Gobierno y todos juntos aprobaron balances y repartieron utilidades por encima de las ganancias? ¿Para qué necesita un concesionario honesto tener buenas relaciones con un gobierno honrado? , ¿será para lo mismo que el vicepresidente Boudou precisa un estudio jurídico afín al Gobierno (el de Righi) para aceitar sus relaciones con los jueces adictos? Por otro parte, no tiene sentido aprobar en general y oponerse en particular porque es más que sabido que este gobierno y sus incondicionales levanta manos del Congreso no aceptan propuestas mejoradoras en sus inamovibles decisiones . Entonces, la UCR fiel a su tradición histórica no puede dejarse llevar por el canto de sirena del circunstancial patriotismo del Gobierno y debe votar en contra del proyecto enviado por el ejecutivo y votar por su propio proyecto que respete la Constitución y la ley y que establezca el ineludible control de la Auditoría General de la Nación.
No es borrar con el codo lo que se escribió con la mano, cuando la mano y el codo son ajenos.
Por Jorge Riaboi. DIPLOMATICO Y PERIODISTA
Aunque el perfil de la “nacionalización selectiva” de YPF desbordó los códigos del escenario de crisis que hace tiempo previeron tanto el grupo de ocho ex secretarios de Energía como otros reconocidos expertos sectoriales, sería ingenuo suponer que ya estamos a punto de conocer toda la verdad. Pasando por alto la innecesaria sobreactuación de los actores de este conflicto, vale la pena detenerse en las consecuencias de sus respectivas conductas.
Del lado argentino resulta extraño que los protagonistas de una economía sometida a una dieta prusiana de “pan y agua” en materia de importaciones, muestren disposición a convivir impávidos con la pérdida de unos 3.700 millones de dólares anuales de oportunidades tangibles de exportación como las que el país consiguió abrir en el marco de los Sistemas Generalizados de Preferencias (SGP) de EE.UU. y la UE (dos de los diez mercados que brindan este tipo de concesión unilateral). Una cosa es perder ese patrimonio al concluir su ciclo reglamentario y otra cederlo por mero afán dramático.
La ponderación referida a cuánto se aprovechan esas oportunidades de comercio no es hoy el punto relevante. El paquete es valioso y está claro que ningún interlocutor extranjero tiene la culpa de que el país beneficiado por una concesión del SGP no logre convertir en divisas el 100 % de las ventajas que obtuvo; o que el mismo reniegue de sacar buen partido de otras concesiones tradicionales, como la Cuota Hilton, por administrar con enfoques extravagantes su política comercial.
También la UE quiere darle una lección a la Argentina. Sin abrir juicio acerca de la validez de los argumentos en disputa, un eventual conflicto sobre los mecanismos nacionales de importación tendrá efectos al finalizar el o los procesos de solución de diferencias que sean sometidos a la OMC; ejercicios que pueden insumir, como mínimo, de dieciséis meses a dos años.
Recién entonces se sabrá si los demandantes pueden o no exigir a la Argentina que modifique los aspectos ilegales de su política, o si el país elige la alternativa de compensar los eventuales daños absorbiendo una reducción de exportaciones.
En cualquiera de los escenarios adversos, el posible recorte adicional de las oportunidades de acceso a los mercados de exportación se sumaría al efecto comercial que originen las medidas ya anunciadas en materia de SGP, hecho que duplicaría el valor y los conceptos de la indemnización económica a pagar, “si es que alguna”, a los socios excluidos de la propiedad de YPF. Si todos desean forzar ese camino, no estaría de más evaluar si la reorientación de las compras españolas de biocombustibles argentinos que dispuso el gobierno español, es o no consistente con las reglas sobre acceso a los mercados de la OMC. En tercer lugar, sería razonable dejar las especulaciones de lado para averiguar cómo piensan algunas de las fuentes potenciales de capital a las que podría acudir la “nueva YPF”. Habrá quien diga, con razón, que hay otros inversores dispuestos a aceptar enfoques menos rigurosos. Pero eso puede no resolver las carencias de la “nueva YPF”. Como recordó el ex ministro Roberto Lavagna, nadie puede darse el lujo de repetir la equivocación de buscar socios entre quienes no están en condiciones de aportar capital y tecnología eficiente.
Gustavo Ferrari. Diputado de la Nación
Lo que el politólogo Bovero llama “autocracias electivas”, en las que el decisionismo del Ejecutivo fuerza normas e instituciones y violenta la libertad y la igualdad, encuentra en nuestro país una de las expresiones más acabadas.
Argumentos no faltan y son palabras de sentimientos populares las que fundan decisiones complejas: “argentinización”, “soberanía”, “pueblo”, todas formando parte de un discurso que, tras su música, esconde consecuencias de una gravedad que no es posible aún dimensionar en pleno.
No puede perderse de vista que ante esas decisiones aventuradas pocos parecen reaccionar, sea porque no lo recomiendan las encuestas o, aún más, porque el miedo atormenta voluntades que prefieren esconderse en el silencio. Así queda el campo libre para que el Gobierno decida lo que quiera y, a la vez, avise a los contradictores, disciplinando conductas.
En el regodeo de esas formas, el Ejecutivo se aprovecha del “todo vale si total no pasa nada” y del “van a ver de qué somos capaces”, expresado en el “vamos por todo”, llevándose por delante cada límite y enviando el admonitorio mensaje disciplinador. YPF es gráfica expresión de esta actitud.
Si es tan clara la Constitución con que la propiedad sólo puede ser limitada por expropiación “por causa de utilidad pública... calificada por ley y previamente indemnizada”, da el Gobierno un claro aviso de que no le importa, y confisca sin previa ley ni pago. Pero, además, para hacerse del control de YPF por DNU utiliza sin pudor un instituto creado por ley de la dictadura, aunque con ello contradiga su “relato”. E ignora el tratado de “Protección recíproca de inversiones” firmado con España, que dice que “la expropiación... en ningún caso deberá ser discriminatoria”, y sólo expropia a la empresa española, acusándola de hechos que consintió nueve años y deja intocable a su socio histórico. Una señal al mundo de que está dispuesto a todo, aun contra sus tratados.
Y para hacer de YPF una empresa a la que nadie audite, en la propia ley la excluye de todo control público.
Habrá que tomar conciencia de esta situación. Especialmente la oposición, para que discurso y voto no vayan por caminos diferentes. Con convicción votaré negativamente, no porque no crea que el Estado no deba tener injerencia y control en los recursos estratégicos, sino porque con igual firmeza creo que hay que cumplir con la ley y los contratos. Y porque, más allá de miedos o encuestas, no se pueden convalidar las formas y el fondo del “modelo”.
