Por: Enrique Szewach
Hace rato que en la Argentina los recursos públicos son «unitarios», mientras el gasto es «federal».
Independientemente de lo inconstitucional que esto resulta (a estas alturas, un dato «menor»), en contextos relativamente estables en materia de inflación y elevados en actividad, esta deformación estructural no genera demasiados problemas. Pero en un marco de alta inflación y desacelaración del nivel de actividad, la situación se torna insostenible.
En efecto, el grueso del gasto público provincial está constituido por salarios, por la obligación de brindar los servicios más intensivos en trabajo, y por la escasa inversión en infraestructura y los deficientes marcos regulatorios para atraer inversión privada, que lleva a muchos gobernadores a ganar votos vía aumentos desmedidos del empleo público. Y mientras tanto, los sueldos se «indexan» en paritarias nacionales. (La docente, por ejemplo.) Cuando los ingresos, por caídas de actividad o shocks de diverso tipo no siguen el ritmo de los gastos, las provincias entran en déficits fiscales crecientes.
Esta situación se agudizó en los últimos años por la introducción de impuestos no coparticipables (o coparticipables muy parcialmente), como los impuestos a la exportación y las diversas prohibiciones de exportar y los controles de precios que afectan, principalmente, a las provincias productoras de bienes agropecuarios. A su vez, tampoco se coparticipa el asalto final a las reservas del Banco Central. Y el financiamiento del gasto con emisión y el control de importaciones, al reducir nivel de actividad, completa la «tenaza» de más inflación para los gastos y menos actividad para los ingresos (que se indexan menos dado que, si bien la inflación ayuda en los precios, el menor nivel de actividad, al afectar la rentabilidad de las pymes, aumenta la evasión).
Las provincias petroleras, a su vez, sufrieron el mismo problema que las «sojeras» o «ganaderas», al padecer las consecuencias de la política energética. El no reconocimiento de los precios internacionales a los productores redujo la actividad y la recaudación por regalías y otros impuestos. (El mismo efecto que altas retenciones a la soja o prohibir exportaciones de carne o destruir el mercado del trigo.)
La expropiación de YPF es la frutilla del postre.
En efecto, la propiedad del petróleo y el gas ya era estatal, pero de las provincias. (No se ha recuperado nada, ya lo teníamos.) Y eran las provincias las que concesionaban a empresas variadas y de distinto origen la explotación de las áreas respectivas. Si estos contratos de concesión no se cumplían, por falta de inversión, las provincias tenían el derecho y la obligación de cancelar los contratos
-como de hecho hicieron hace unas semanas- y relicitar las áreas a nuevas empresas o renegociar dichos contratos con nuevas condiciones. Inclusive la «joya» de Vaca Muerta, propiedad de Neuquén, también pudo ser relicitada o renegociada con la propia YPF Repsol o Exxon o la que fuera. Ésa era la solución «federal». Las provincias renegociando y obteniendo mejores condiciones y ventajas financieras para «independizarse» del Estado central. Pero para ello, el Gobierno nacional tenía que ceder en condiciones de precio -que fija la Nación-, en el marco regulatorio y, eventualmente, en menores retenciones a la exportación de petróleo. Ceder en precios le quitaba al Estado nacional negocios de importación («los barquitos», como bien dice mi amigo Moreno), porque aumentar la exploración y la producción de gas reduce la necesidad de importar con sobreprecios. Y bajar retenciones implicaba menos ingresos fiscales nacionales.
Obviamente, se optó por la alternativa «unitaria». Expropiar las acciones de Repsol en YPF, y obligar a las provincias a «devol-
verle» a esta empresa las áreas quitadas recientemente, contra una porción minoritaria y sindicada de acciones de la empresa. Es ahora la intervención la que renegocia con las empresas extranjeras asociaciones con la empresa estatal y no los gobernadores. Y es ahora cuando el Gobierno nacional dará «senderos de precios» para aumentar la producción de gas. Aumento que irá a parar a las arcas de YPF y no a la de las provincias, salvo por algo más de regalías. Es la Nación la que buscará socios para la «joya» y no la provincia de Neuquén. Las utilidades serán reinvertidas y «compartidas» con contratistas, funcionarios, sindicatos, etc. Asimismo, la expropiación les dificultará a las provincias el acceso al crédito internacional, con garantía en las regalías petroleras. (Se imaginan que ante cualquier «problema financiero», YPF demorará estos pagos, como hace la Nación con otros fondos para las provincias.)
Mientras tanto, el resto de las provincias, que ya cedieron los ingresos del sector agropecuario y nada recibieron de los fondos de la privatización original, mirarán, en los entretiempos de Fútbol para Todos, el nuevo escudo de YPF con la escarapela.
Obviamente, el Congreso, con las provincias manteniendo la dependencia de fondos del Gobierno central seguirá siendo una escribanía y el poder político seguirá concentrado en unos pocos, sin control, rumbo a la reforma constitucional.
En síntesis, las verdaderas expropiadas, como siempre, han sido las provincias, con la complicidad de gobernadores, legisladores del oficialismo y de gran parte de la oposición.
Por Carlos Andrés Ortiz, Investigador de temas económicos y geopolíticos
Petróleo, Política y Poder bien podría haber sido el título de este artículo. Quien domina las fuentes de energía, tiene acceso al poder estratégico; eso es tan cierto como elemental, aunque las sibilinas falsedades del liberalismo apátrida hayan pretendido descalificar a los hidrocarburos y a la energía en general, como simples commodities, meras materias primas supuestamente carentes del enorme valor geopolítico que sin duda poseen.
Es interesante constatar que a lo largo de la historia argentina, las oscilaciones de la política energética, e incluso la nada inocente ausencia de ella en determinados períodos, guarda una clara relación con las sucesivas orientaciones político – económicas de los sucesivos gobiernos de Argentina.
Dejando de lado la prefabricada dicotomía entre “izquierdas” y “derechas” (otro europeísmo que básicamente aporta a la confusión), al analizar las orientaciones básicas de los sucesivos gobiernos de Argentina se advierten las respectivas constantes que enmarcaron y guiaron las acciones en la muy sensible y estratégica área de la energía.
Tal como con maestría señalaba Jauretche, lo esencial pasa por la orientación básica de los gobiernos, y la línea divisoria se define entre lo nacional y lo antinacional. Esto último puede tener el ropaje exterior de “derechas” cerradas o de “izquierdas” declamatorias pero huecas y carentes de sentido y propósitos propios.
Entre las primeras (las “derechas” antinacionales) están los diferentes gobiernos oligárquicos que hemos padecido, incluyendo en ellos a los siempre confundidos “patrioteros de himno y bandera”, que con o sin uniformes han suplantado el amor a La Patria Argentina por la sumisión a la “libre empresa”, mediante un formidable proceso de lavaje de cerebros, cuando no de simple espíritu mercenario, como el que con valentía denunció José María Rosa, al diferenciar a los Generales de la Patria (nombró a Guglialmelli como el último de estos, en pleno “proceso”); muy diferentes a los “generales de empresa” que pulularon desde la “revolución fusiladora”, siendo posiblemente Alcides López Aufranc el más acabado ejemplo de “general empresario”.
Entre las segundas (las “izquierdas” declamatorias y funcionales a los intereses antiargentinos), se tiene al siempre zigzaguente Partido Comunista, elitista y mentalmente cerrado, peón dócil del politburó soviético, aliado al embajador norteamericano Spruille Braden en la vergonzosa y oligárquica “Unión Democrática” en 1945; para luego ser complaciente del infame “proceso” videlista, obediente al Kremlin que necesitaba el abastecimiento de carne argentina. También coexisten diversos piqueteros de confusas y agresivas reclamaciones, ultra ecologistas dóciles a Gran Bretaña y otros inconformes crónicos varios.
Durante “el régimen” mitrista liberal (1862-1916), con alternancia en el poder del bipartidismo ultra conservador, mantenido mediante el voto cantado y otras presiones varias, fue “políticamente correcto” afirmar que “Argentina no tiene petróleo ni carbón”, con lo cual se mantuvo el monopolio del suministro de hulla británica, y luego de petróleo importado por las anglosajonas Shell y Esso. Las primeras modestas explotaciones petrolíferas criollas en el NEA (a fines del siglo XIX) se desalentaron y luego se taparon con un denso manto de silencio. El típico “ninguneo” en lo que son tan hábiles los liberales del establishment extranjerizante y oligárquico.
Pese a ello, en 1907, en una exploración petrolífera disfrazada de búsqueda de agua (para que no sea frenada por “el régimen”), se descubrió petróleo abundante y de muy buena calidad, cerca de Comodoro Rivadavia. Un detalle no menor, fue que las máquinas perforadoras y los profesionales que guiaban su uso eran alemanes, o sea que no respondían a las potencias anglosajonas.
Tuvo que venir un gobierno de clara orientación nacional y popular como el de Yrigoyen, y debió existir la vocación patriótica de los Generales e Ingenieros Mosconi y Baldrich, para que en 1922 fuera creado el ente estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales, primera empresa petrolífera estatal del mundo, que prontamente pasó a regir el mercado argentino de combustibles, con precios menores y abasteciendo a todo el territorio continental como una de las prioridades estratégicas. ¡Era el petróleo al servicio del desarrollo argentino, en lugar del negocio financiero de las transnacionales!
El golpe de Estado de 1930 –con fuerte olor a petróleo- pronto dejó de lado a los nacionalistas elitistas de Uruburu, para encaramarse al poder el contubernio oligárquico – liberal pro británico, que mediante el fraude y otras presiones, se mantuvo en el poder hasta que en 1943, el único golpe de Estado de orientación nacional del siglo XX, lo desalojó del poder.
El petróleo, el acero, la industria en general, y la dignidad nacional, eran fuertes preocupaciones del GOU (Grupo de Oficiales Unidos), de clara ideología nacional, que expulsó a “la rosca” de la partidocracia de la década infame (1930-1943), que entre otras sumisiones ignominiosas, creó el Banco Central según estatutos impuestos desde Gran Bretaña, y tuvo un vicepresidente (Julito Roca), que abiertamente se manifestó “orgulloso” de ser súbdito del hoy vetusto imperio.
Del GOU surgió Perón, quien llegó a la presidencia pese a la fuerte oposición anglosajona, con los “democráticos” oligárquicos sumados al coro del embajador de EEUU puesto a “dirigente” político antiperonista.
El petróleo y el gas natural fueron prioridades del peronismo, y en tiempo récord se construyó el gasoducto Comodoro Rivadavia – Buenos Aires, dándose inicio a la enorme red de gas natural argentina, en su momento entre las mayores y más eficientes del mundo.
Buscando la diversificación energética y el desarrollo tecnológico, en esos diez años (1946-1955) se crearon Agua y Energía Eléctrica y la Comisión Nacional de Energía Atómica. La primera se abocó a la provisión de agua potable en diversos puntos de nuestra dilatada geografía, y comenzó la tarea de aforamientos (mediciones de caudales) de los ríos, amén de otros estudios para desarrollar proyectos hidroeléctricos. La segunda nos posicionó entre los lideres mundiales en energía nuclear, para fructificar dos décadas después en la primera de las hoy tres centrales nucleares; eso además de diversos usos pacíficos de la tecnología nuclear.
Pese a que nuestra neutralidad había sido funcional a Gran Bretaña en la Segunda Guerra, las potencias anglosajonas nos pasaron factura, y limitaron los suministros de equipamiento y tecnología, entre ellos los necesarios para el autoabastecimiento petrolero.
Los contratos firmados en 1954 con la Standard Oil de California, apuntaban a aumentar aceleradamente la producción de crudo, el cual sería totalmente de propiedad de YPF. Al no estar dentro de la ortodoxia del peronismo de 1945, esos contratos fueron duramente criticados, pero como sea el golpe “libertador” de 1955 los anuló…y seguimos importando petróleo caro y escaso.
Claramente el modelo de país de la “revolución fusiladora” no contemplaba el bienestar socio económico ni el desarrollo industrial, por lo que la producción petrolífera no estaba dentro de sus prioridades.
Saliéndose de los moldes preestablecidos, e incluso transgrediendo promesas preelectorales, Frondizi puso en marcha un agresivo plan petrolero y gasífero, mediante contratos con empresas extranjeras –básicamente norteamericanas-, con los cuales rápidamente se alcanzó por primera vez el autoabastecimiento petrolífero. No es un dato menor que esas empresas extraían el crudo, el cual inmediatamente quedaba en plena disposición de YPF; o sea muy lejos del modelo “privatista” de los años ’90.
Tras el golpe de Estado oligárquico – liberal de 1962, y las elecciones condicionadas posteriores, el radicalismo llegó al gobierno pero en una posición muy débil. Tal como prometió, anuló los contratos petrolíferos, pero carente en los hechos de un plan alternativo, Argentina volvió a importar petróleo.
Otro golpe de Estado se dio en 1966, pero este tuvo una impronta difícil de encasillar, pues comenzó como otra irrupción de liberales recalcitrantes, siendo Krieger Vasena (primer ministro de Economía), su claro personero.
Pero otros referentes de la autodenominada Revolución Argentina, tenían otras concepciones, que podrían definirse entre el viejo nacionalismo y el desarrollismo frondicista. Dentro de estos, descollando por su aguda inteligencia, su visión geopolítica y su patriotismo, estaba el General Juan Enrique Guglialmelli. Su impronta se advirtió en el fuerte énfasis industrialista, en el desarrollo hidroeléctrico (se comenzaron las obras de El Chocón y Cerros Colorados), y los muy consistentes apoyos dados al Sector Nuclear, diagramándose un ambicioso plan de obras, comenzándose Atucha 1.
Con el General Lanusse en el poder, la Revolución Argentina retomó la desgastada impronta oligárquica liberal y cerradamente antiperonista.
Muy a su disgusto, en 1973 debió entregar la Banda Presidencial al peronismo, nuevamente ganador en los comicios.
Con todo el desgaste de aquellos azarosos años, marcados ya por la guerrilla, que según testimonios del Dr. Julio González y otros analistas, fue instigada e incluso armada bajo subterfugios, con clara participación británica, acorde a las ideas de analista inglés Harry S. Ferns, quien afirmó que los avances sociales y económicos que había concretado Argentina, solo podrían ser destruidos por una guerra civil. Esa guerrilla muchas veces irracional, y las Fuerzas Armadas cooptadas por la nefasta doctrina de la Seguridad Nacional, harían realidad ese brutal enfrentamiento posterior, de cuyos coletazos aún necesitamos salir definitivamente.
El breve gobierno peronista de los ’70, con sus diferentes matices, intentó dar impulso a YPF, a Gas del Estado, a la hidroelectricidad y al Plan Nuclear. Logró firmar con Paraguay los acuerdos por Yacyretá, inauguró Atucha 1 y comenzó Atucha 2.
En 1976 nuevamente fue destituido el peronismo por una asonada militar, de neto corte ultra liberal, esta vez en una visión corregida y aumentada hasta el paroxismo. Los postulados retrógrados del liberalismo “criollo”, fogoneados desde los centros del poder financiero mundial, fueron impuestos a punta de fusil, buscándose la destrucción sistemática de la industria argentina, la desarticulación total del movimiento obrero, la desaparición del peronismo, y la reinstauración del modelo de “país – estancia” ya caduco en 1930.
En línea con la clásica alianza entre ultra liberales y los poderes petrolíferos transnacionales (léase anglosajones), se buscó en forma perversamente sistemática el endeudamiento irracional de las Empresas del Estado, con énfasis especial en YPF; todo ello como acciones previas a su posterior “privatización” o según el caso, desaparición lisa y llana.
A la vez, tal como siempre lo hicieron los liberales –operando como “aliados menores” de las petroleras anglosajonas (de EEUU y Gran Bretaña)-, buscaron frenar y/o desmantelar el Sector Hidroeléctrico y el muy estratégico Sector Nuclear. En este último, solo el claro patriotismo del Contraalmirante e Ingeniero Nuclear Carlos Castro Madero, logró enfrentar las ingentes presiones de Martínez de Hoz y sus secuaces ultra liberales.
Comenzaba así el tristísimo cuarto de siglo neoliberal, que duró desde 1976 a 2001, desembocando en la orgía destructiva de los años ’90, que desguazó al Estado y vendió o concesionó por monedas cuanto pudo, entre ello YPF y Gas del Estado; mientras que Agua y Energía Eléctrica fue suprimida, perdiéndose sin inocencia sus valiosísimos archivos, e interrumpiendo “Marijú” Alsogaray las invaluables tareas de aforamientos de los ríos.
A un tris estuvieron en 2001/2002 de lograr “el premio mayor” a tantos desatinos intencionales, pues sin duda buscaban la balcanización de Argentina en media docena de dóciles republiquetas bananeras.
Hasta Rudiger Dornsbusch tuvo el tupé de “recomendar” que nos impongan una suerte de “virrey financiero” del FMI, tal como de algún modo ahora lo consiguieron con Grecia, transformado el país Heleno en un vulgar protectorado financiero manipulado por la Banca Transnacional.
Desde siempre el liberalismo apátrida contó con los apoyos del “periodismo serio”, de “comunicadores sociales exitosos” y de “economistas de renombre”; los mismos que han quedado en evidencia como simples operadores a sueldo o comisión de los grupos de poder extranjeros que operan en Argentina.
Lo demás es historia reciente, con final abierto; pero también con un muy diferente contexto interno e internacional, con el BRICS moviendo fuertemente el tablero geopolítico mundial. No por casualidad, las potencias del BRICS aplican políticas económicas heterodoxas, alejadas de las “recetas” recesivas del liberalismo…heterodoxia económica que ha permitido a Argentina crecer a “tasas chinas” y ubicarse entre las 20 mayores economías del mundo, lo cual no es poco…por ahora.
Roberto Kozulj Universidad Nacional de Río Negro
La nacionalización de YPF o, mejor dicho, la recuperación de su control empresario por parte del Estado, constituye tan sólo un instrumento para establecer una estrategia energética integral que la Argentina requiere a gritos.
Como es sabido, uno de los mayores desafíos que enfrentará la nueva YPF será la de establecer un plan integral para desarrollar los recursos no convencionales (shale oil y shale gas), que -según estima la Agencia de Energía de los Estados Unidos de América- alcanzarían una cifra de 774 TCF, varias veces superior a la de las reservas de gas remanentes existentes hoy en el país (EIA, 2011, World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States).
La importancia de tal objetivo sólo puede ser ponderada si se considera que actualmente la matriz energética argentina es altamente dependiente del gas natural y que el abastecimiento eléctrico depende de este recurso, presentando inflexibilidades a corto y mediano plazo, difíciles de superar.
Traducido: a medida que se agote el gas natural convencional se requerirá de GNL o Gas Natural Licuado en grandes cantidades y siempre crecientes. Estas variantes del gas son productos muy costosos y generan un alto grado de dependencia del mundo exterior. Para que nos hagamos un panorama: en 2011, el gas importado representó ya el 14% de la demanda abastecida.
Intentar aplicar otras alternativas sería aún más costoso. El problema general de Argentina conlleva uno muy particular: la parte más importante de subsidios del gobierno nacional se deriva de los denominados ‘sobrecostos transitorios de despacho‘ que cobran los generadores eléctricos por utilizar combustibles más caros que el gas nominado para generación. Por supuesto, importaciones crecientes, bajo los actuales precios internacionales, también tienen su impacto sobre la balanza de pagos y sobre nosotros, los consumidores.
¿Cómo superar esta situación? Habría que incrementar las tarifas de gas y electricidad para los usuarios, en un ámbito de fuego cruzado entre quienes critican los subsidios si el gobierno los mantiene, pero también cuando da señales de intentar corregirlas. Así, el principal desafío de la matriz energética argentina es revertir la decreciente disponibilidad local de hidrocarburos, sin mayores costos.
Contar con un instrumento de política para incrementar la oferta de gas es adecuado. Se sabe que en las regiones del mundo en las que se importa gas natural, las condiciones económicas son favorables para el desarrollo de recursos no convencionales. Según un informe de la Academia Nacional de Ingeniería, el gas “convencional” y el “no convencional” presentan diferencias en materia de costos y riesgos de exploración. El gas no convencional se encuentra en cantidades abundantes y distribuidas en grandes extensiones, lo que disminuye mucho el riesgo exploratorio, pero requiere de tecnologías de extracción más costosas e implica nuevos desafíos ambientales, especialmente en lo referido a la conservación y protección del agua y al uso de productos químicos.
Bajo condiciones de mercado y de regulación adecuadas, las empresas productoras deberían -en primera instancia- incrementar considerablemente el número de equipos de perforación y, en paralelo, debería desarrollarse la infraestructura y logística apropiada para las tareas de fractura de los múltiples pozos a perforar. Requerirá esfuerzo, de desarrollo de proveedores, tecnología y recursos humanos nacionales, asimilable al que en su momento emprendió la Argentina en materia nuclear. De idéntica manera, se necesitará de financiamiento para investigaciones en instituciones académicas locales. Si se considera que la creación de empleos calificados y más estables es hoy un desafío mundial, la meta se inscribe en una visión más amplia y de futuro.
Es obvio que la estrategia de Repsol -más aún tras los impactos de la crisis financiera en España- no ha sido la de asumir riesgos en la Argentina y que su política de deslocalización de rentas, endeudamiento y diversificación de portafolio no eran compatibles con un desarrollo de estos recursos.
Hay que decirlo clarito: para Repsol era más conveniente que Argentina siga dependiendo de forma creciente de importaciones de GNL y Gas Oil, en lugar de que nuestro país pueda proveerse solo. Hay que comprender también que la falta de inversiones superaba por lejos la mera cuestión de la nominación de los precios.
En definitiva, los principales desafíos a corto y mediano plazo son: a) lograr la eliminación de los subsidios estatales, que seguramente sólo será tolerable para la mayor parte de los consumidores si se realiza gradualmente; b) aplicar los recursos operativos de YPF -y de los producidos por la eliminación de subsidios- a desarrollar los recursos no convencionales; c) lograr instrumentar una cadena productiva en torno a dicho desarrollo con un claro consenso ciudadano; y d) incentivar un uso eficiente de la energía mediante programas cada vez más específicos.
La disyuntiva sigue abierta: plan estratégico nacional o negocio “cerrado” para quienes ocupan el Estado.
