Por: Jorge Landau. Diputado nacional FpV
Falacia.
(Del lat. fallacia).
1. f. Engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a alguien.
2. f. Hábito de emplear falsedades en daño ajeno.
(Diccionario de la Real Academia Española)
El debate planteado sobre si la iniciativa sobre YPF es una expropiación o una confiscación pretende convertir una medida legítima de Gobierno, manifestada por el Poder Ejecutivo en un proyecto de ley a aprobar por el Congreso de la Nación, en una medida inconstitucional que sólo podría darse en un régimen totalitario no regido por nuestra Constitución. La expropiación, en nuestro Derecho, prevista en el artículo 17 de la Constitución Nacional, significa, al decir de Joaquín V. González «tomar la propiedad del particular para ser empleada en provecho, comodidad o progreso de la comunidad». El requisito constitucional es que el objeto a expropiar sea declarado de utilidad pública y previamente indemnizado.
La confiscación, en cambio, es tomar la propiedad sin contraprestación alguna ni indemnización al particular titular de dicha propiedad.
El proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación es claro: declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF. No se apropia, no confisca, declara que el patrimonio está sujeto a expropiación por causa de utilidad pública, y que consecuentemente deben cumplirse todos los extremos constitucionales y legales para tal expropiación.
¿Va a pagar el Estado argentino a Repsol el 51% de las acciones que posee en YPF? Por supuesto que sí, va a pagar el valor de su patrimonio. ¿Va a recibir Repsol la totalidad de ese valor? Repsol va a recibir el valor de su patrimonio al que se le descontarán los pasivos que el Estado deberá afrontar luego de la expropiación. ¿Entonces es una confiscación como dice La Nación? De ninguna manera; es una expropiación absolutamente constitucional y una compensación absolutamente legal. Cualquier diferencia de criterios entre el valor patrimonial de las acciones y la compensación por deudas será zanjada por la Justicia.
¿Se ha producido ya la expropiación? No. Una vez que se dicte la ley que declara la utilidad pública, el Tribunal de Tasaciones fijará el valor del patrimonio a expropiar y al hacerse efectivo el pago de tal valor se producirá la expropiación. Se cumplirán así todos los pasos previos constitucionales y legales del instituto de la expropiación.
Considerar ese proyecto como una confiscación es una falacia, es decir, un razonamiento no válido o incorrecto pero con apariencia de razonamiento correcto. Es un razonamiento engañoso o erróneo (falaz), pero que pretende ser convincente o persuasivo. Todas las falacias son razonamientos que vulneran alguna regla lógica. Así, por ejemplo, se argumenta de una manera falaz cuando en vez de presentar razones adecuadas en contra de la posición que defiende una persona, se la ataca y desacredita: se va contra la persona sin rebatir lo que dice o afirma.
Era hora de revertir los errores en que incurrieron Gobiernos anteriores, aunque fueran del mismo signo político que el partido gobernante. La cuestión de fondo es primordial: el autoabastecimiento de hidrocarburos es un derecho inalienable del Estado argentino y de su pueblo.
Durante años fuimos pacientes esperando que una empresa privada cumpliera este objetivo. La realidad ha demostrado que su único interés era obtener beneficios para desarrollar su actividad en otros países e importar lo que no extraía a valores más caros.
La Presidenta ha dado muestras, una vez más (y van..) de que tiene la voluntad política para incorporar a nuestro país en el contexto mundial no como productor de materias primas solamente, sino como un país que busca afianzar su desarrollo y que ello se traduzca en mayor bienestar e inclusión social para nuestro pueblo.
Sebastián Scheimberg, Fundación Pensar
Por Ricardo Esteves
Desde su limitada esfera de acción, el autor de esta nota se opuso tenazmente a la desnacionalización de YPF, o sea, a la venta del control de la compañía a Repsol, por considerarla una aberración para el país. Es más: publiqué un artículo en este diario a propósito de esa venta, titulado "El suicidio energético".
Sin embargo, considero que para madurar como país y para evitar seguir cometiendo errores caros que luego paga toda la sociedad, la Argentina tiene que aprender a hacerse cargo de sus decisiones, sobre todo cuando éstas son tomadas en democracia. De lo contrario, se seguirán adoptando medidas de conveniencia política y de corto plazo, sabiendo que en el futuro vendrán otros que las enmendarán pateando el tablero. Y sin tablero, es decir, sin reglas de juego, el país deambulará en la mediocridad y el atraso, postergando a los sectores populares y mirando cómo nuestros vecinos, es decir, los países de América del Sur, con muy poco pero respetando el tablero sacan año a año ingentes cantidades de ciudadanos de la pobreza y mejoran su nivel de vida de manera sólida y sustentable.
¿Qué es el tablero? El tablero es el marco donde se mueven las piezas del ajedrez. Sin ese marco, no hay juego posible. Y nosotros nos hemos pasado pateando tableros. Ningún país puede progresar sin tablero. Por eso mismo nos estamos quedando fuera del gran juego que beneficia, en estos tiempos, a los países emergentes.
La segunda gran aberración que se viene cometiendo es la política energética: precios irrisorios para los productos energéticos, que sobreestimulan el consumo y desalientan la producción.
Otra aberración fue forzar a los accionistas españoles a cederle una cuarta parte de la empresa a un grupo argentino sin la capacidad financiera para encarar esa operación. Para consumarlo, amenazaron a YPF con quitarle áreas concesionadas y desvalorizar así la empresa, algo que después se hizo de todos modos. Por esos riesgos, reales y latentes, a pesar de los valiosos hallazgos, la compañía nunca logró el valor de mercado que merecía. Para concretar esa venta absurda se comprometieron las utilidades de la empresa, que en lugar de ser destinadas a la reinversión fueron a la parte que correspondía al socio local para pagar su compra.
Alertados los españoles por dónde venían las balas, aprovecharon esa coartada que el Estado argentino les sirvió en bandeja y, al igual que una inmensa mayoría de los actores económicos y los particulares, que sacaron a refugio fuera del país 80.000 millones de dólares en los últimos años, sacaron también todo lo que pudieron de la caja de YPF. Podría haber sido previsible que así actuaran. Mal que nos pese, defender su capital es un acto instintivo en una empresa -que no es una ONG ni una entidad de beneficencia-, especialmente en un contexto de beligerancia hacia todo el sector energético, no sólo el petrolero.
Es cierto que en esa huida hubo muchísimo que reprochar. Pero ¿quién la generó? ¿Qué se pretendía, que pongan mansamente la cabeza en la guillotina? También es verdad que el tablero que privilegia el mercado no es la panacea y está lleno de baches e imperfecciones, pero es al día de hoy el único que de manera práctica y concreta saca a la gente en estado de miseria a la pobreza y de la pobreza a la clase media. Y ése es el gran objetivo de toda sociedad en vías de desarrollo. Así lo entendieron China, Vietnam y muchos otros países de la esfera socialista que están produciendo una verdadera revolución en el interior de sus sociedades.
Mientras el país trata de revertir lo que califica un acto de piratería sobre una parte de nuestro territorio cometida hace más de un siglo con las islas Malvinas, con su conducta en el caso de YPF no hace más que justificar ese tipo de despojos.
Es obvio que en una empresa energética repartir el total de las utilidades no es la mejor práctica. ¿Pensó en eso el gobierno argentino cuando orquestó la venta al socio local? ¿Por qué aprobó año a año el representante del Estado los balances de YPF donde constaba esa distribución de dividendos?
A partir de un legítimo y sentido deseo -recuperar la parte de nuestro territorio que no ocupamos-, un general trasnochado nos embarcó, embriagado por el mezquino interés político de afianzar el régimen que representaba, en una guerra que perdimos y que nos alejó de nuestro objetivo.
Hoy, el objetivo primordial en materia energética es recuperar el autoabastecimiento, para poder destinar los 10.000 millones de dólares al año que se destinan a importar hidrocarburos a otros fines sociales más útiles: mejorar el sistema ferroviario y la infraestructura del país, hacer un plan nacional de viviendas para erradicar las villas, entre otras cosas.
El factor clave para recuperar el autoabastecimiento reside en los multimillonarios recursos que se necesitan para inversión y que el Estado no dispone. Capital sobra en el mundo, pero si no hay un tablero confiable no vendrá un dólar al país para invertir en el sector energético ni en ningún otro sector. ¿De qué nos servirá tener la mitad o el total de YPF si no tendremos recursos para que invierta y explore nuevas áreas? Las utilidades de las propias compañías no alcanzan; se requieren capital adicional y tiempo si se desea recuperar el autoabastecimiento.
Por eso, la estatización de YPF hay que analizarla en función del objetivo deseado: ¿nos ayuda a lograr el autoabastecimiento energético? ¿Qué daños provoca colateralmente esa medida en los demás sectores de la economía y en el país en general?
Apelando a la memoria que hoy tanto se invoca, conviene recordar por qué en su momento se privatizó YPF. Se privatizó porque era la única compañía petrolera en el mundo que perdía dinero, presa de la corrupción y de la política.
La teoría de la victimización es parte de nuestro ADN. Los españoles están en Chile, en Perú, en Brasil, en México, en bancos, en telefonía y en otros rubros. Los únicos estafados somos los argentinos. Esos países no se quejan del "avasallamiento" español. ¿Cómo se explica que los más "listos" de América latina seamos siempre los estafados? Además, si bien es cierto que de las muchas empresas petroleras que operan en el país YPF es la más grande, con más de la tercera parte del negocio petrolero, resulta ahora que es la única responsable de la crisis. ¿El resto del mercado es ajeno a esos males? ¿Nada tiene que ver la política petrolera que se ha aplicado?
Desde el centro del poder se llenan la boca con el Estado y no hacen más que castrarlo y degradarlo. Cada funcionario que despiden es reemplazado por otro de menor nivel. Promueven el servilismo en lugar del servicio al país. Es verdad que existe un Estado que se ha expandido repartiendo dádivas y beneficios y cumple una función social más allá del clientelismo y del desincentivo al trabajo. Pero ese Estado no alcanza si se quiere construir un país moderno y de clases medias.
¿Dónde más está el Estado? ¿Controlando el sistema de trenes? ¿Socorriendo a las víctimas de los temporales? ¿Combatiendo a la delincuencia? ¿Dónde está? ¿Gerenciando la compañía de aviación? ¿Quieren YPF para hacer otra Aerolíneas y dársela a los chicos de La Cámpora? ¿Quién les va a aportar el capital necesario para aumentar la producción? ¿Por qué no convocan a los 80.000 millones de dólares que acaban de fugarse del país? Con la cuarta parte alcanzaría para motorizar un plan de desarrollo petrolero. Pero vendrán sólo si les conviene y si hay garantías de que el país respetará el tablero, que debe incluir un capítulo que les permita sacar del juego sus utilidades cuando lo deseen, como les permiten Perú, Chile, Uruguay o Brasil.
A los fines de recobrar el autoabastecimiento, es menester cambiar la política energética, otorgar precios rentables a los inversores y construir un tablero creíble, tarea nada fácil en las actuales circunstancias a raíz de los desmanes cometidos con los mercados y con el sector energético.
Si bien ese camino requiere tiempo y disciplina, sería una pena desaprovechar otra vez más el extraordinario potencial del país.
