Por Eduardo Van Der Kooy
Nadie conoce, con exactitud, si Cristina Fernández tenía pensada la expropiación de YPF cuando el 1° de marzo en el Congreso, hizo algunos anuncios sobre el conflicto con Londres por las Malvinas, entre ellos la oferta de que vuelos de Aerolíneas Argentinas comuniquen al territorio con las islas. Pero lo cierto es que la decisión adoptada la semana pasada sobre la empresa de mayoritario capital español, habría terminado de obstaculizar los pocos senderos disponibles para intentar destrabar, en un mediano plazo, aquel conflicto entre Buenos Aires y Londres.
Ayer, la nueva embajadora ante el Reino Unido, Alicia Castro, presentó una propuesta de dos puntos al Foreign Office. La de los vuelos de Aerolíneas y la de una tentativa de negociación sobre los recursos pesqueros del Atlántico Sur, que los ingleses desarrollan de manera unilateral .
La iniciativa de Castro, o del Gobierno de Cristina, debería ser interpretada como un gesto destinado a cumplir, en términos públicos, con la palabra empeñada. Pero de casi imposible progreso en un contexto internacional que se agitó con la súbita expropiación de la empresa petrolera. Ya resultaba difícil, incluso, antes de que todo eso ocurriera: basta con recordar el endurecimiento del premier inglés, David Cameron, detonado por sus necesidades de política interna, y la hostil opinión de los kelpers hacia nuestro país al cumplirse, el 2 de abril pasado, el trigésimo aniversario de la guerra.
La Argentina podría conjeturar con los planes que enuncia ahora si existiera alguna tregua o acuerdo político con Londres. Podría, tal vez, imaginar cosas todavía más ambiciosas: la explotación de petróleo en el mar austral. Se trata de una tarea de altísimo costo que requeriría inversiones millonarias. No las habrá mientras el conflicto bilateral permanezca, como ahora, inmodificable.
Del mismo modo no habría razones para suponer que Londres accedería a la oferta de comunicación entre el continente y las islas. No se condeciría con la escalada política y diplomática que sufrió el pleito, de ambos lados, en los últimos meses.
La supuesta aceptación de Gran Bretaña implicaría el regreso a un status-quo bilateral sobre las Malvinas anterior a la guerra de 1982 que provocó la dictadura. En esa época existía una conexión aérea semanal desde Comodoro Rivadavia que cumplía la empresa LADE. Pero en esa época existían otras cosas: cooperación con los kelpers en materia de salud y educación, una delegación de YPF en el archipiélago y el envío, cada siete días, de las ediciones de los principales diarios argentinos.
Cuando se afirma que la guerra representó un retroceso histórico, en todos los sentidos, no se incurre en una exageración. La propuesta de que Aerolíneas pueda conectar al continente con las islas no se agotaría en la sencilla idea de aviones que van y regresan. La empresa aérea nacional debería instalar en las Malvinas una base de logística y un mínimo de personal permanente . Algo inaceptable, con seguridad, para el estado en que se encuentra el pleito. No sólo por la situación política británica: también por la mala predisposición con la Argentina que manifiestan los kelpers.
El modo en que se resolvió la expropiación de YPF, además, complicó el tramado que el gobierno kirchnerista venía haciendo en el plano internacional. Cristina tuvo constancia de ese enrarecimiento cuando asistió a la Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias. Esa reunión concluyó sin una declaración final por los desacuerdos sobre Cuba y las Malvinas.
La Presidenta concurrió a Cartagena de Indias antes de anunciar la expropiación de YPF. Pero el secreto le sirvió de poco porque la medida, en el contexto de esa Cumbre, se dio por descontada. Aunque no incidió en el incordio por Malvinas: en ningún caso, Estados Unidos y Canadá hubieran participado de una declaración de condena a Londres y de reivindicación del reclamo argentino. De hecho, cuando Cristina emprendió el regreso anticipado a Buenos Aires Barack Obama repitió la postura “neutral”de su país en el litigio.
La diplomacia argentina, desde septiembre del año pasado, había trabajado con éxito en amalgamar la solidaridad regional con el reclamo argentino por el archipiélago. Esa solidaridad se mantiene, aunque la expropiación de YPF permitió escuchar ciertas voces disonantes.
El problema de Cristina no está en la región. Estaba ya fuera de ella antes de su decisión de expropiar la empresa petrolera. Era conocida la frialdad en el vínculo con Washington. También la distancia con la Unión Europea, cuyo único trampolín, frágil y solitario, representaba España. Esas distancias se habrían convertido ahora en un abismo.
Probablemente las represalias económicas prometidas por España sean mucho menores de las anunciadas. Mariano Rajoy, el jefe del gobierno, lidia con una durísima crisis que también tiene en vilo a la UE. No hay mucho tiempo para ninguna distracción. Pero en la estrategia argentina de tratar de empujar a Londres a un diálogo por Malvinas, ese concierto de naciones europeas resultaría fundamental. Dudosamente la UE, después de lo ocurrido con YPF, tenga voluntad –por largo tiempo– de ejercer alguna presión sobre Gran Bretaña.
Cristina venía diseñando una normalización en la relación con Londres –cubrió la Embajada luego de tres años– cuando de arrebato decidió lo de YPF. Ninguna política exterior se suele construir con eficacia a los saltos.
Por Hugo Luis Biolcati. PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD RURAL ARGENTINA
La calidad institucional es un insumo fundamental para la actividad agropecuaria porque de él depende la seguridad jurídica, sostén ineludible de la confianza y la previsibilidad que impulsan la inversión. Sin inversión, no hay evolución posible del negocio agropecuario ni de cualquier otra empresa.
Nuestro país sufre de una escasez crónica de capitales. No nos podemos dar el lujo de ahuyentar inversiones .
Pensemos que sólo en 2011, el campo invirtió en la producción agrícola, ganadera, lechera y en las producciones regionales más de 41 mil millones de dólares.
Por eso, el concepto de seguridad jurídica no es “un fantasma que se agita” , como se expresa desde las más altas jerarquías del Ministerio de Economía. Lejos de eso, es la condición mínima para que cualquier negocio prospere. Pero se ve permanentemente amenazada.
En lo que hace a nuestro sector, la intervención a los mercados, el cierre de las exportaciones, y la constante discrecionalidad en las reglas de juego nos generan sobrecostos y condiciones competitivas desfavorables respecto de nuestros pares de otros países.
Esto se ve reflejado también en el caso de YPF.
Su abusiva apropiación por parte del Estado Nacional y el proyecto de ley que intenta expropiar selectivamente el 51% de sus acciones dejan al país en una zona de marcada incertidumbre. Como productores agropecuarios, nos interesa el tema porque uno de los principales derivados del petróleo, el gasoil, es para nosotros tan esencial como el agua para nuestros cultivos.
No se trata, en esta instancia, de plantear como se intenta, si una empresa de energía debe ser privada, estatal o mixta. Recordemos YPF de Mosconi y también la gestión de Estenssoro. En la actualidad, muchos estados poseen empresas petroleras y se ocupan de la energía. También existen modelos privados exitosos.
El problema no es ese. Se trata de las políticas energéticas, de la necesidad de planificar una estrategia de largo plazo con normas claras.
Se trata de lograr eficiencia en una gestión pública, o bien en el control por parte del Estado de una gestión privada o mixta que garanticen la provisión de energía para la producción y para el uso cotidiano de la población.
En última instancia, el responsable de la política energética es siempre el Estado , con empresas públicas, mixtas o privadas, ya sea a través de la gestión o del control.
Es por las desatinadas políticas públicas que hoy la Argentina está obligada a importar combustibles por 14 mil millones de dólares anuales , una necesidad que comenzó en 2004 con el fin del autoabastecimiento, que fue ampliamente anticipada por ex secretarios de energía y que nos provoca un marcado deterioro de la balanza comercial así como de la economía en general. No es inusual transitar los caminos, las rutas y las autopistas del interior de la Argentina e ir de estación de servicio en estación de servicio sin conseguir una gota de gasoil o nafta.
En el mundo civilizado las formas son tanto o más importantes que las cuestiones de fondo.
Por eso, hoy la discusión relevante no es si YPF es estatal o no lo es. La discusión pasa por la calidad institucional y por la forma en que en la Argentina se realizan las cosas.
Como se hizo con las AFJP, o con Aerolíneas Argentinas, el relato del Gobierno instala el debate fuera de su verdadero foco, que disimula exacerbando un sano pero a veces equivocado fervor nacionalista. Digamos la verdad. Aquí ha fallado la política energética de este Gobierno, y además YPF es una caja apetecible a la que se buscó echar mano . Vale aquí recordar la célebre frase de Juan Bautista Alberdi, “el peor enemigo de la riqueza del país es la riqueza del fisco”.
Porque mucho se ha puesto en riesgo luego de la decisión del Poder Ejecutivo de nacionalizar YPF a través de la expropiación del 51% del capital que estaba en poder de Repsol. Tras esta decisión, el Gobierno español anunció una serie de medidas “claras y contundentes”, que ya comenzaron con la suspensión de la importación de biodiesel de origen argentino. Y esa es la primera medida que conocemos. Solo España el último año compró 1106 millones de dólares en biodiesel y 550 millones de harina de soja.
Hoy, como productores agropecuarios y como ciudadanos argentinos, parecería que solo nos queda desear que la gestión que inicia esta intervención sea más exitosa que la de Aerolíneas Argentinas.
