Por Carlos Zaffore FUNDACION DESARROLLO Y SOCIEDAD
La decisión de que el Estado retome el control de YPF pudo ser una buena medida. No comparto la perspectiva neoliberal. Pero no lo fue buena por dos razones. Una porque, aun cuando se hubiese respetado la seguridad jurídica, el desembolso que deberá hacerse no es prioritario dentro de las necesidades del país, incluida la pobreza . Y no es prioritario porque, sin expropiar, podrían haberse corregido los incumplimientos de YPF con controles e instrumentos de política económica que dispone el Estado y no se utilizaron en nueve años. Sin gastar esa plata, la mitad del capital, pudo hacerse que la empresa se adecuara a los objetivos del país.
La segunda razón por la no fue una buena medida – fue muy mala – es porque al vulnerar la seguridad jurídica, actuar con prepotencia con un país amigo y de manera no confiable, ha provocado un severo aislamiento internacional. Y siempre el aislamiento, más que por el gobierno, es sufrido por el pueblo en términos de pérdida de inversiones, salario y empleo.
¿Por qué se dio ese paso estatista? Por razones ideológicas o principistas no fue , porque no se hubiesen esperado nueve años. Por el contrario, hasta no hace mucho todo eran elogios y fueron los Kirchner quienes impulsaron la participación del grupo argentino ahora estigmatizado. Y en su momento los Kirchner estuvieron lejos del estatismo cuando apoyaron la privatización de YPF durante el neoliberalismo menemista.
Tampoco fue porque la importación de 9.000 millones de dólares anuales pesa en el balance de pagos; para aumentar la producción y lograr el autoabastecimiento había que atraer inversiones, no espantarlas . Esto podría explicar el giro adoptado ante la existencia de una gran impericia.
Y eso puede ser, pero la explicación más fundada parece ser la creciente necesidad de caja. Hay un claro paralelismo con la estatización de las AFJP , y así como los fondos de la ANSES sirven para cubrir baches fiscales, con YPF puede ocurrir a lo mismo.
Mientras se discuta el precio de las acciones, la facturación de la compañía cercana a los 14 mil millones de dólares anuales estará a mano del nuevo socio mayoritario. Es una ley de estos tiempos, detrás del “relato” suele estar la caja.
Y para pasar a analizar lo que debe hacerse ahora destaquemos la primera línea de esta nota. Esclarece la experiencia de Frondizi: generando un clima favorable a la inversión hizo una amplia convocatoria al capital privado y en sólo tres años triplicó la producción y logró el autoabastecimiento . Pero YPF no sólo se mantuvo estatal: aumentó su producción y fue un brazo ejecutor de la política petrolera: los contratistas privados le entregaban el crudo extraído de las áreas a su cargo.
Haciendo abstracción de los funcionarios actuales hay que pensar a futuro. Con la realidad de la nueva YPF, con las demás compañías actuales y otras nuevas se debe articular un programa dinámico para los hidrocarburos, ampliando las reservas y la producción e incorporando las nuevas tecnologías. Y eso, claro, en el marco de un cambio político y un proyecto nacional, con trasparencia y seriedad. Hacia eso debe llevarnos el debate todavía pendiente. Y el desvarío de lo de YPF puede tener su lado bueno si lo promueve.
Roberto Dante Flores. Profesor de Historia Económica y Social. UBA
La actual expropiación del 51% de Repsol YPF, Argentina nos hace recordar, en algunos aspectos, a la anulación de los contratos petroleros firmados por el presidente Arturo Frondizi. Entonces el gobierno de los Estados Unidos actuó en defensa de las compañías petroleras. Hoy el gobierno del Reino de España está defendiendo a sus accionistas de YPF, tanto en Europa como en el continente americano. El ministro español de Industria, José Manuel Soria, advirtió que la expropiación de YPF “no sólo afecta a una empresa aislada, sino que perjudica también a miles de accionistas y sus ahorros”. Esta frase contrasta enormemente con lo ocurrido en Argentina en la década de 1990. En esa época, un famoso periodista argentino, a favor de las privatizaciones, decía que al abrir un teléfono de la empresa argentina ENTEL no encontró a la Patria. Parece que los estadounidenses y españoles sí encuentran a su Patria, o al dinero invertido, cuando miran el tanque de combustible de sus vehículos.
En noviembre de 1963, días antes de su asesinato, el presidente estadounidense John Kennedy, a través del subsecretario de Estado, Averell Harriman, le hizo una advertencia al presidente argentino Arturo Illia. Un contrato firmado entre dos partes no podía ser anulado por una de ellas unilateralmente. También advirtió de la existencia de sectores en el Congreso norteamericano interesados en cortar la ayuda a los países de la región que expropiaran empresas estadounidenses o anularan contratos con éstas. El presidente Illia señaló a Harriman que los contratos habían sido anulados por una causa política, de manera que la resolución del gobierno argentino estaba por encima de cualquier explicación de carácter jurídico. Las consecuencias de esa determinación -en sintonía con las observaciones de Frondzi- no se hicieron esperar.
En un informe al Departamento de Estado, en 1966, el embajador Edwin Martin señalaba:
1) Argentina pudo haber sido autosuficiente en petróleo, pero finalizó con un amplio déficit en el intercambio comercial debido al peso de las importaciones.
2) A las compañías extranjeras debió pagárseles en dólares e YPF tuvo que buscar nuevas inversiones.
3) La cancelación de los contratos petroleros había socavado la confianza de los inversores extranjeros.
4) Illia había generado las peores relaciones posibles con el FMI, el Banco Mundial, y la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID).
5) Argentina no recibió ningún crédito del Banco Mundial o de la AID en dos años y medio. Además mostraba una notable diferencia con Brasil, país que, a pesar de su gobierno militar, fue respaldado con gran ayuda económica extranjera. El gobierno de Illia, con la anulación de los contratos petroleros, le costó al país millones de dólares en concepto de indemnización a las compañías, el retorno a la importación de petróleo y detuvo el flujo de inversión externa pública y privada,
Las recientes declaraciones de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y del portavoz adjunto del Departamento de Estado, Mark Toner, sugieren cierto dejá-vu de 1963: Argentina “deberá justificar y asumir la expropiación de YPF”. “‘Acontecimiento negativo contra inversores extranjeros”. “Puede tener un afecto adverso en la economía argentina y podría desalentar más aún el ambiente inversor en Argentina”.
Sin embargo, hoy la pregunta clave es: El Estado argentino ¿puede pagar los costos, mejorar la producción de energía y logar un desarrollo integrado?
La respuesta parece tenerla el viceministro de Economía, Axel Kicillof, quien mencionó a Exxon y a Total como posibles interesados en asumir mayores inversiones. También a los capitales chinos, de la firma CNOOC, que participan en Pan American con el grupo argentino Bulgheroni.
Pero, este camino señalado tropieza con la siguiente observación. Las empresas candidatas en que confía el gobierno ya están operando en Argentina, y en los últimos cinco años pusieron límites a sus inversiones.
En Argentina operan 49 empresas dedicadas a la extracción de petróleo y gas natural. El 90 % de la producción de hidrocarburos se concentra en una decena de compañías. YPF y Pan American, son las mayores. YPF, con el 35 % de la producción de petróleo y algo más del 22% en gas. Pan American, produce el 19 % en petróleo y el 12 % en gas. Petrobras, Pluspetrol, Sinopec y Chevron alcanzan un 6% cada una. Tecpetrol, Total, Austral y Petrolera Entre Lomas completan el grupo de las más grandes. Durante años, junto a YPF, estas empresas y la política del gobierno, han sido responsables de la actual: caída de las inversiones y de la producción de hidrocarburos. ¿Porque van a cambiar?
