YPF vuelve al estado argentino tras la expropiación del 51% de las acciones al grupo español Repsol. Es difícil imaginar que esta YPF que nace como hija putativa de muchos nacionalistas sinceros, vuelva a reencarnar el espíritu de Irigoyen o de Mosconi.
La YPF controlada por el Estado reaparece en una crisis sistémica del sector provocada por la política energética desplegada en todos estos años, donde reglas, señales de precio y planificación quedaron entrampadas en el corto plazo.
La cuestión de previo y especial pronunciamiento para abordar los interrogantes de la nueva gestión es si la política energética seguirá siendo la misma o no. Con la misma política energética condenamos a YPF a una frustración de corto plazo. Pongámoslo en términos muy concretos. Si la Argentina va a seguir pagando el gas de Bolivia a 12 dólares el MMBTU y el GNL (gas por barco) a 15 dólares en promedio, mientras remunera la producción local de YPF y de las otras empresas a 2.70 dólares en promedio, la nueva gestión estará condena al fracaso. Claro que si se reajustan los precios del gas natural habrá que pagar un costo político por la recomposición de precios que ello produce en toda la cadena de valor. Si hubiese un cambio favorable de reglas de juego, los entusiastas de la nueva YPF tampoco tienen que exacerbar expectativas en la población.
La ley de estatización ha declarado de interés público y objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento energético. Es una mochila muy pesada sobre la empresa nonata. La YPF que se expropia sólo produce alrededor del 30 por ciento del petróleo y el gas natural. Hay un setenta por ciento de producción que depende de otros actores del mercado que hoy están releyendo la novela de Ernest Hemingway, Por quién doblan las campanas. Focalizar la recuperación del autoabastecimiento en las espaldas de YPF es derivarle una carga que no podrá sobrellevar. Peor, hacer creer que el autoabastecimiento perdido está a la vuelta de la esquina se dará de bruces con la realidad de futuro inmediato de mayor caída de la producción y crecientes compras de gas y combustibles en el exterior.
La incertidumbre sobre la política energética que comprende a YPF y al resto de los actores del mercado petrolero, se suma a otra incertidumbre que concierne a la propia empresa ahora controlada por el estado: el futuro de su management. ¿Habrá un management profesional o habrá creciente interferencia política en la gestión? Nadie lo sabe, y aquí no hay que guiarse por las promesas políticas. Convengamos que en la estructura jurídica de la nueva YPF se mantiene el giro comercial de una sociedad anónima con parte de acciones que cotizan en la bolsa local e internacional. Por supuesto que hay dudas sobre lo que sucederá con 25.46% de acciones que pertenece a la familia Eskenazi. Pero hay otro 17% de acciones que tienen terceros accionistas, incluidos algunos fondos de pensión de los Estados Unidos, y hay un remanente de acciones de Repsol. La cotización de esas acciones de tenedores independientes, que hoy está por el suelo, puede en el futuro servir de termómetro del grado del grado de independencia de la nueva gestión. La cotización de acciones en bolsa que caracteriza a otras empresas mixtas como Petrobras o Ecopetrol somete a las gestiones corporativas a periódicos informes y a transparentar sus estados patrimoniales y financieros. ¿Con qué mecanismos aseguraremos transparencia y control?
La conformación de la estructura accionaria estatal genera lugar a dudas. Del 51% expropiado, las provincias recibieron un 24% con el compromiso de ejercer sus derechos en forma unificada con el Estado Nacional por 50 años (pacto de sindicación). Las provincias están obligas a operar en acuerdo con la Nación, pero cuando vengan las decisiones inversión y el management profesional quiera privilegiar opciones de que maximicen los resultados de la compañía, el tironeo va a ser inevitable. ¿Inversión exploratoria en esta u otra provincia? ¿Desarrollo de los recursos no convencionales o potenciación de los recursos convencionales? Si esto termina distorsionando los objetivos de gestión, se empiezan a inflar los costos y reaparecen las presiones del conjunto del país para fijar precios políticos. Se resiente la inversión, la empresa puede dar pérdidas, no paga impuestos y paga menos regalías. El circuito se retroalimenta con enfrentamientos entre la Nación y las provincias productoras. Lamentable pero posible.
Por último, y no menos importante, las dudas sobre la gestión futura de YPF van a trasladarse a la gestión del resto de los actores. Si la YPF expropiada es más ministerio que empresa, el resto de las empresas deberá reajustar su operación a una convivencia de creciente intervención discrecional.
Por Daniel G. Montamat. Ex Secretario de Energía y ex Presidente de YPF
