El populismo energético

En el debate público más superficial, es frecuente asociar linealmente los resultados económicos a determinados enfoques ideológicos. Así, oscilamos de manera pendular de un extremo a otro del arco de políticas públicas, donde la hiperinflación de fines de los 80 fue la excusa perfecta para un "tsunami privatizador" que arrasó las funciones regulatorias del Estado sin medir consecuencias sociales, y la crisis de 2002 parece otorgar un "aura de eficacia divina" a cualquier iniciativa que rotule como "estatal", ya sea para administrar los recursos previsionales, para dirigir el crédito privado (Carta Orgánica BCRA) o gerenciar empresas de energía.

Son simplificaciones útiles para hilvanar algún ligero discurso "tribunero" o justificar extravagantes medidas de política sin sustento técnico, pero menos válidas para diseñar una estrategia económica o un programa de gobierno.

Bajo ese enfoque, es frecuente proyectar lo transitorio como permanente, rebatiendo cualquier advertencia crítica respecto del futuro con la palpable prepotencia del presente. Una sociedad particularmente refractaria a las malas noticias ("que no me corten los subsidios") y con una altísima "tasa de impaciencia" ("quiero todo ya"), es terreno fértil para los experimentos populistas del tipo "gaste hoy, alguien pagará mañana".

El esquema provee rédito político en la abundancia (47% de apoyo popular en 2007, 54% en 2011, con la economía creciendo al 8% anual), pero cruje en la escasez (29% de votos en las elecciones parlamentarias del recesivo 2009). Ya sin los pilares que sostenían el régimen macroeconómico (superávit fiscal y externo, y tipo de cambio competitivo), medidas menos simpáticas aparecen cuando se ponen de manifiesto las carencias: de divisas (cepo cambiario), de fondos públicos ("abordaje" sucesivo de Anses, Banco Central) o de energía ("demonizar" a un tercero para autoexculpar una política energética insólita).

En la coyuntura, la principal fuente de incertidumbre es la probable reacción del Gobierno ante dilemas de escasez. Dos prioridades dominan la política económica actual: que no falten dólares y "que no decaiga" el nivel de actividad. Como no hay un plan integral, sino reacciones espasmódicas, los objetivos chocan: las restricciones a la demanda de dólares (para atesorar, para importar o para girar dividendos) afectan el crecimiento (cae la inversión, porque nadie quiere entrar en una fiesta si no está seguro de poder salir), y la emisión monetaria y liberación de reservas para financiar el exceso de gasto público promueven la demanda de dólares. La inflación, las cuentas fiscales, el ritmo de emisión y la previsibilidad de reglas del juego serán el "residuo" necesario para alcanzar esos objetivos.

Algunas inconsistencias de la descapitalización se manifiestan de manera trágica. El récord de recaudación tributaria y subsidios al transporte no fue suficiente para prevenir el accidente de Once, pero tampoco para construir normas de seguridad. En los países serios también hay accidentes, pero ningún tren arranca con las puertas abiertas. Si no lo hicimos tras 8 años de crecimiento a tasas chinas, ¿cuándo? Otras se incuban más silenciosamente, como el régimen previsional con crecientes pasivos contingentes y una relación beneficiarios/aportantes insostenible a mediano plazo; algunas no pueden disimularse mucho en las señales de precios, como el de la carne, y otras se manifiestan de manera rotunda en las cuentas públicas y externas, como el déficit energético.

Con las reservas fuertemente decrecientes (18% menos de petróleo y 50% menos de gas que en 1999), caída de producción (33% en petróleo y 13% en gas, respecto de sendos picos de 1998 y 2004) y exploración (50% entre décadas), fin del autoabastecimiento e importaciones exponenciales (US$ 3000 millones de déficit en 2011), el dilema público-privado, presente desde el descubrimiento del primer yacimiento petrolero en 1907, no parece admitir respuestas dogmáticas. Aun concediendo presunta pericia al Gobierno para explotar una empresa energética (aunque Aerolíneas o Enarsa desalientan el optimismo), la tendencia del desbalance es tan pronunciada, la magnitud de los recursos necesarios tan abultada, y la maduración de la inversión tan dilatada en el tiempo, que difícilmente pueda abordarse una solución estructural sin la concurrencia del sector privado. La inversión -de altísimo riesgo- no se atrae con un revólver, ni con retórica edulcorada, subsidios arbitrarios ($ 42.000 millones en 2011) o regímenes tarifarios alejados de los parámetros internacionales (el precio al productor equivale a un tercio del costo del gas importado), sino con previsibilidad y esquemas regulatorios consistentes y perdurables.

Aun con la falta de perspectiva de la inmediatez analítica, la experiencia regional contemporánea pone en evidencia que no hay una "receta única" del desarrollo. Se puede crecer con baja inflación, atrayendo inversión y sin hipotecar el futuro liquidando los stocks previsionales, de reservas monetarias y energéticas. Proyectar la foto a la película no sólo podría ser prematuro, sino traicionero. Sería imperdonable que los libros de historia tuvieran que reseñar la etapa actual, con condiciones internacionales inéditamente favorables para nuestro país, como una nueva oportunidad perdida.

La soledad de Eskenazi empieza por casa

Norberto Peruzzotti, director ejecutivo de Adeba -la asociación de bancos que conduce Jorge Brito-, y Carlos Wagner, líder de la Cámara de la Construcción, volvían de Punta del Este en un vuelo de Pluna. Era el jueves anterior a Semana Santa y hablaban de política. Uno de ellos preguntó por incógnitas empresariales recurrentes de estos días: cuándo juntarse, qué decir públicamente, si en verdad convenía alzar la voz. "Nosotros seguimos metidos en la cueva", sonrió el otro.

La reclusión no es nueva. Pero viene a cuento si se repara en que el Grupo de los Seis, que nuclea a ambas cámaras junto con la de comercio, la Rural, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Bolsa, no se encontró nunca todavía en 2012. José Ignacio de Mendiguren, presidente de la UIA, lo intentó sin éxito hace un mes; su llamado se topó con las disculpas de Adelmo Gabbi, jefe de la Bolsa, que no había enfrentado aún la acusación de Amado Boudou.

Todo empeoró desde entonces. El silencio llama la atención porque recrudeció en el momento de mayor preocupación del establishment , tras la embestida contra los Eskenazi, propietarios de parte de YPF y convertidos por sus pares en arquetipos de la ingratitud kirchnerista hacia ex aliados. ¿Qué debería esperar entonces un desconocido?, razonan. Nadie dirá entonces absolutamente nada.

Para peor, lo poco que trasciende del Gobierno no los tranquiliza. Al contrario. Algún funcionario receloso de sus pares jóvenes avisó en la UIA que, tras la muerte de Eduardo Luis Duhalde, la Secretaría de Derechos Humanos sería menos indulgente con ejecutivos que hayan colaborado con gobiernos militares. "La participación civil en el golpe" fue la consigna del 24 de marzo pasado, tomada al unísono incluso por militantes para quienes estas retrospecciones resultan inaugurales, como Boudou o Aníbal Fernández.

Hay, por caso, viejos procesos judiciales que podrían reverdecer. Si esto cunde, la novedad tomará a los empresarios desprovistos de nexos con el Gobierno. Hace ya tiempo que no hay allí con quién hablar. La semana pasada, en una reunión por un tema petrolero, un gobernador le preguntó a Axel Kicillof por qué no estaba Julio De Vido. Respuesta del economista: En estas cosas no tiene por qué estar . La descortesía no es recíproca: hasta hace poco, el arquitecto decía en privado que, en comparación con Mariano Recalde, otro de los alfiles novatos, el secretario de Programación era infinitamente más propenso al diálogo.

Hay que entender algunas de estas distancias desde aspectos dogmáticos. Para varios referentes de La Cámpora, reunirse con empresarios equivale a traicionarse a sí mismos. Eduardo De Pedro, uno de los ideólogos de esa agrupación, se lo corrigió oportunamente a Cecilia Nahón cuando la subsecretaria de Desarrollo daba los primeros pasos en la administración. Y Guillermo Moreno lo exhibió con orgullo ante "la escuelita", el grupo de ejecutivos que recibe los viernes. Acá no hay cafecito, no hay amigos , advirtió. Ese día, el secretario agregó dos comentarios desoladores al oído corporativo. Olvídense de repartir dividendos hasta el último trimestre , adelantó. Lo otro fue un chiste agresivo que los directivos celebraron con risas nerviosas y que los terminó de convencer del límite que estaba dispuesto a trasponer el orador. ¿Creen que soy como el boludo de Boudou? , empezó, y se interrumpió enseguida: Perdón, quise decir Lousteau. Acto fallido, como dice la Presidenta . Moreno hizo exactamente la misma broma, con las mismas palabras, por lo menos en dos reuniones distintas.

Semanas atrás, ejecutivos de la industria alimenticia se acercaron a Juan José Mussi, secretario de Medio Ambiente, para preguntarle por una medida del área que los sorprendía. Es una resolución que rige desde 2007 pero que no se había aplicado hasta ahora en los hechos, y que controla el ingreso de productos de origen vegetal y animal. Muy similar a la de los libros y el plomo. No sabía nada de eso , contestó Mussi, hombre de trato amable que, después de una oportuna consulta, entendió que era Moreno quien había decidido reactivar la regulación.

Todos aprenden la adaptación así, andando. Por primera vez, por ejemplo, en la fila de quienes esperan para cobrar certificados de obra pública está Cristóbal López. Los atrasos llevan varios meses. Algunos recibieron la promesa de que en el segundo semestre, línea de largada electoral, volverán los planes de vivienda.

Pero dependerá de la caja. Que afecta incluso a distritos opulentos de ingresos, como el de Mauricio Macri. Lo entendió Emilio Basavilbaso, presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, con las protestas por el tope de horas extras para el personal. El malhumor de los empleados se intensificaba en la medida en que avanzaba la refacción del edificio: mientras para el piso 6°, donde trabaja todo plantel, se destinaron 700.000 pesos, el 8° -que nuclea al presidente y a tres directores- insumió un millón de pesos.

Es cierto que el ajuste venía minucioso y abarcador. Ya no hay, por ejemplo, autos oficiales para todos sino sólo para el directorio. Esa decisión cumplió un doble propósito, porque se tomó semanas después de un pequeño incidente con mala suerte. El arquitecto Claudio Viola, gerente técnico del Instituto, fue en febrero interceptado en San Isidro por un test de alcoholemia que le significó no sólo una multa de 2000 pesos, sino el secuestro de un Ford K que pudo recuperar dos días después.

¿Qué otro motivo que la caja, o un déficit energético de casi 10.000 millones de dólares, llevó a Moreno a convencer de este tipo de urgencias a la Presidenta? Hay que reconocerle coraje: lo que cuestiona Moreno es la política petrolera de Néstor Kirchner. Tal vez si YPF hubiera aceptado la propuesta inicial del Gobierno, hacerse cargo de compras de combustible líquido y gas durante este invierno por 500 millones de dólares, otra sería la historia. Pero los españoles están inflexibles. Lo son también con Sebastián Eskenazi, que no participa ya de las reuniones entre el Gobierno y Antonio Brufau, CEO del grupo. La soledad de Eskenazi empieza por casa. "¿Y por qué vamos a defenderlo nosotros? Seguro va a hacer otro negocio si le pagan la estatización?", dijo el N°1 de una cámara.

Eskenazi es padrino del hijo menor de Alejandro Bulgheroni. Pero su amigo en la vida privada preside en los negocios Pan American Energy, compañía que tuvo que negar varias veces pretensiones sobre YPF. Hasta ahora, la objeción corporativa más encendida contra la estatización se oyó en radios de Madrid y vino de Rosario Sica, la líder de la Federación de Empresarios de Combustibles. "Delegamos a la Señora la gestión del país, no su propiedad", dijo la dueña de la Esso de Chile y Chacabuco, San Telmo. Una pequeña estación que, por lo menos hasta hoy, tiene sin embargo un cliente de lujo: Guillermo Moreno.

Anabólicos y depresivos

La soja a US$ 530 le aporta al gobierno de Cristina Kirchner la cuota de tranquilidad que perdió en otras áreas, con el escándalo Boudou; las presiones sobre YPF o los reclamos de gobiernos amigos -y no tanto- por sus trabas unilaterales a las importaciones.

Sin estos tropiezos, CFK ya se habría dedicado de lleno al rol que más la gratifica: suministrar "anabólicos" para vigorizar el consumo interno, debilitado a raíz de la inflación, que se empinó en marzo, aunque el Gobierno insista en ignorarla. También para tonificar la actividad económica, cuyo ritmo de crecimiento anual, según datos del propio Indec, se redujo casi a la mitad en lo que va de 2012, con una preocupante merma de inversión.

Con los dólares de la cosecha y los ingresos por retenciones, el Gobierno pondrá en marcha próximamente algunas medidas expansivas que vino retrasando a la espera de un mejor clima político.

Una será el ajuste (20/25%) de la Asignación Universal por Hijo (hoy de 270 pesos mensuales), carcomida por la fuerte suba de precios en productos de consumo masivo. Otra, la demorada y similar actualización del mínimo no imponible (MNI) del impuesto a las ganancias.

Si la suba del MNI se produce antes de que se cierren las principales paritarias del sector privado, tal vez pueda descomprimir varios reclamos salariales que tienen un piso de 25% y llegan a techos de hasta 40%, para alarma de muchos sectores empresarios, en especial las pymes.

Por ahora se desconoce si el futuro ajuste del MNI alcanzará también a las escalas del impuesto, cuya crónica desactualización hace que muchas alzas salariales irían a parar a la caja de la AFIP. Pero también a cuánto ascenderán las mejoras efectivas de sueldos (más allá de los porcentajes), después de que se dejara de hablar de una pauta oficial inferior al 20 por ciento. Sin ir más lejos, en la politizada paritaria de la UOM se baraja formalmente un aumento de 24% (15% en abril y 8% a partir de julio). Pero si se incluyen adicionales no remunerativos de suma fija ($ 100) cada dos meses -entre octubre y febrero de 2013-, más una garantía mínima de 4000 pesos mensuales, el básico horario podría trepar casi 30 pesos.

Con estas medidas en danza, más la implícita postergación sin fecha de la anunciada quita de subsidios a las tarifas de luz, gas y agua a unos 12 millones de usuarios del área metropolitana (y que por ahora alcanzó a menos de 330.000), el gobierno de CFK apuesta a que la política de ingresos aporte anabólicos al consumo y permita que en el segundo semestre el PBI crezca más que en el primero. También buscará reforzar el gasto público y el crédito a tasas reales negativas, ahora que dispone de la "maquinita" del BCRA, mientras mantiene cerrada la demanda de dólares del sector privado.

Sin embargo, el efecto expansivo está por verse. No sólo porque estas políticas pueden generar mayores presiones inflacionarias y cambiarias -una prueba es la mayor brecha (12%) entre el mercado oficial y el paralelo-, sino porque también coinciden con fuertes aumentos de impuestos que restan recursos al consumo.

Así como la tardía actualización de valuaciones inmobiliarias catapultó el ABL porteño con alzas de hasta 400%, la desactualización del impuesto nacional a los bienes personales (IBP) pegará de lleno en amplios sectores de clase media. Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) precisa, por ejemplo, que una familia con un patrimonio de 378.000 pesos (un departamento y un auto mediano) deberá pagar casi 1900 pesos anuales. Sólo por superar la base de 305.000 pesos que no se ajusta desde 2007 y desvirtúa el IBP, bautizado en su momento como "impuesto a la riqueza".
El indiscriminado freno importador

Así y todo, uno de los mayores factores depresivos de la actividad económica son los masivos controles oficiales sobre las importaciones, sin otro criterio que ahorrar divisas para compensar las imparables compras externas de gas y combustibles.

Este freno discrecional amenaza con provocar estragos en numerosos sectores. Entre ellos, el de bienes de capital, equipos no producidos en el país y sus repuestos, cuyas importaciones cayeron 28% sólo en febrero.

Hay obras públicas que podrían frenarse debido a la falta de piezas para maquinarias y otro tanto puede ocurrir con generadores termoeléctricos (instalados bajo el plan Energía Delivery) en pequeñas localidades. En varias líneas urbanas de colectivos existen unidades detenidas, porque no se autoriza la reposición de cajas de cambio automáticas. Y también se complica la actividad de industrias pesadas, empresas portuarias o de construcción, que poseen o alquilan grúas o autoelevadores de gran porte, debido a la falta de repuestos originales. La preocupación se extiende además a empresas mineras de producción continua, cuyos camiones, motores y partes tampoco se fabrican en el país ni tienen sustitutos locales.

Para reconsiderar el rechazo de permisos previos de importación, Guillermo Moreno suele exigir listas de precios; compromisos escritos de reducción de importaciones (virtuales cupos), o bien la controvertida compensación 1x1 con exportaciones de cualquier rubro, que empresas sin experiencia en terceros mercados deben triangular a pérdida.

También ejerce presión para una sustitución forzosa de importaciones por producción local. Pero este objetivo no puede ser logrado de un día para otro -en realidad, lleva años- por compañías con exigencias propias de calidad, tecnología, escala y precios para incorporar a sus líneas de productos. La ministra Débora Giorgi llegó al extremo de desafiar a fabricantes de tractores a que los vendan incompletos si no producen partes originales (como si ello no implicara perder producción y ventas). O de invitar por su cuenta a empresarios pymes a reuniones organizadas por ciertas firmas para el desarrollo de proveedores locales. Más drástico, Moreno -que hasta ahora tampoco autoriza pagos de importaciones- ofreció a una compañía internacional cerrar su red local y hacerse cargo de un millar de empleados, si no reduce su déficit externo.

En algunos casos, hay problemas que suelen ser resueltos con una autorización limitada, como ocurrió con un fabricante de destornilladores que necesitaba mangos importados. En otros, los propios clientes viajan a países limítrofes para traer casi clandestinamente algún repuesto. Si buscaran hacerlo por derecha no podrían, porque deben estar inscriptos en un registro de importadores de la AFIP.

La consecuencia indeseada de este cerrojo es que quienes tienen stocks aumentan sus precios para prevenir problemas, lo cual se traduce en una suba de costos que abarca a industrias, particulares e incluso a pacientes necesitados de determinadas prótesis quirúrgicas.

Hoy resulta fácil distinguir quién se beneficia y quién se perjudica: los empresarios que tratan a Moreno como "Guillermo", a secas, probablemente hayan obtenido algún permiso o protección; a diferencia de otros, que, en privado, se refieren a él con los mismos epítetos que suelen recibir del funcionario y jamás se atreverían a repetir en público. Más allá de la anécdota, el problema es que estos aprietes ya son vox pópuli en la mayoría de los países que comercian con la Argentina.