Por Daniel Fernández Canedo
¿YPF estatal?, ¿privada?, ¿mixta? En cualquier esquema, el problema energético de la Argentina sigue siendo el mismo: la falta de inversiones y la creciente necesidad de importar .
En 2003, la importación de energía representó US$ 547 millones . El año pasado, por el mismo motivo, fueron necesarios US$ 9.400 millones . El aumento fue de 1618% .
Pero el problema no terminó ahí ya que este año la importación de combustibles demandaría entre 12.000 y 14.000 millones de dólares .
Estas cifras ponen sobre la mesa el evidente fracaso de una política energética que depende crecientemente de la importación y la cantidad de dólares que tenga la Argentina para pagar.
La estrategia oficial de mantener atrasados los precios de los combustibles entre 2003 y 2008 fue una muy mala señal para los inversores.
También parece haberlo sido el esquema de retenciones móviles para las exportaciones, que fueron un medio efectivo para acercarle dinero al Tesoro pero poco eficiente para contribuir a aumentar la producción de petróleo.
Ese resultado es una buena fotografía de la estrategia oficial de los últimos años que va llegando a su fin: se dejaron precios congelados (nafta, gasoil) con el Estado recaudando por la diferencia con los precios cuando se exportaba y sin dar señales para aumentar la inversión. Eso pasó hasta que en 2008 Kirchner provocó la “argentinización”de YPF y el Gobierno permitió la suba de la nafta y el gasoil . Aún así, las inversiones no llegaron de forma suficiente .
Los expertos creen que sería más eficiente destinar fondos a construir una refinería para bajar las importaciones de gasoil que comprar acciones de YPF.
Pero la política puede llegar a pesar más .
Y así, resulta extraño que un Gobierno que por un lado restringe las compras de dólares y los pagos al exterior, y extrema el cuidado de los dólares que tiene el Banco Central para poder pagar unos 10 mil millones de dólares de servicios de deuda, se embarque en estatizar YPF.
El lunes, un artículo de Alieto Guadagni, ex secretario de Energía, alertaba sobre la “formidable descapitalización”que implicó que entre 2003 y 2010 las reservas de gas cayeran 46% .
Del mismo, se advierte la disparidad que implica que los productores locales de gas reciban 3 dólares por lo que el Estado paga más de 15 al importarlo.
La primera reacción oficial por el creciente déficit energético fue culpar a YPF y, bajo cuerda, exigirle a Repsol que traiga parte de las utilidades que le permitieron girar en los últimos años, para afrontar las importaciones .
La creciente necesidad de dólares encendió luces de alerta en el tablero oficial. La dimensión de la embestida todavía es una incógnita. Pero la responsabilidad oficial aparece indelegable .
Por Alcadio Oña
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5° del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, el Presidente de la Nación sanciona y promulga con fuerza de ley...”. Así arranca la ley 21.499, que en buena medida el Gobierno usaría para la expropiación de acciones de YPF : es un soporte clave del borrador que ayer circuló, tanto en despachos oficiales como privados.
La 21.499 es del 17 de enero de 1977 y lleva la firma de Jorge Rafael Videla. Por si no fue advertido, el llamado Proceso de Reorganización Nacional no es otra cosa que la dictadura militar que, en 1976, derrocó al peronismo.
Esa normativa sobrevivió a todos los gobiernos democráticos que siguieron al de Raúl Alfonsín y, obviamente, está vigente. Es un verdadero manual para prácticas que fueron comunes entonces: desde expropiar empresas, viviendas y obras hasta terrenos, campos y maquinaria .
Muchas veces fueron víctimas del sistema los desaparecidos, cuando no les robaron directamente los bienes. También, empresarios a los que se consideró enemigos del régimen.
Vale una aclaración enorme: nada es comparable con la expropiación de acciones de YPF, impulsada por un gobierno elegido por el pueblo y que deberá ser validada por el Congreso de la Nación .
Pero todo sigue vigente : la ley, la amplitud de las atribuciones que da al poder político, su discrecionalidad y hasta el lenguaje empleado. Más lo que se quiera.
Dice, por ejemplo, que “la utilidad pública (...) comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual”. Por entones, el “bien común” era el que determinaba la dictadura. Y siguiendo el diccionario de la Real Academia, lo “espiritual” puede ser asociado al pensamiento.
Aun cuando suene a redundante, esto continúa en pie. Igual que la posibilidad de que la expropiación pueda alcanzar a “ cualquier clase de persona, de carácter público o privado ”.
La 21.499 también dice: “Es susceptible de expropiación el subsuelo, con independencia de la propiedad del suelo”. Por este punto, las provincias deberían quedarse tranquilas, pues la Constitución les garantiza la propiedad de los yacimientos, o sea, del subsuelo.
En cambio,según el borrador de la ley de expropiación de acciones de YPF quedan afuera de la más mínima participación en la propiedad de la empresa . Un artículo señala que “el Poder Ejecutivo Nacional actuará como expropiante” y estará facultado para transferir las acciones “a cualquier organismo o empresa pública de propiedad del Estado Nacional ”.
Claramenter, entonces, no habría acciones para las provincias petroleras. Y como encima no tienen garantizados lugares en el directorio, todo derivó en un conflicto con los gobernadores.
Otro punto clave de la operación es que caerá una claúsula rígida del estatuto de YPF. Establece que quien quiera adquirir más del 14,9 % del paquete accionario, debe hacer una oferta por el 100 %: así sería posible que el Estado Nacional tome el 50,01 % , aunque al riesgo de entrar en zona de pleito.
Luego quedan flotando varios interroganes. ¿Por qué se expropiarían todas las acciones del grupo Esquenazi y una parte, aunque no menor, de las que están en poder de Repsol? ¿Cuál será el precio que el Gobierno está dispuesto a pagar? O debe quedar afuera el lucro cesante, como establece la ley 21.499.
En el sector dan por hecho que lloverán juicios, aquí y en el exterior. Pero también cuenta la plata que el Gobierno esté dispuesto a pagar por las acciones.
Ya es grande como pocos el paso que piensa dar el kirchnerismo. Claro que no estará libre de secuelas, entre ellas, las que vendrán del lado de los inversores. Y el mismo uso de la ley de Videla, con la amplitud de facultades que otorga al poder político, sienta un precedente que puede ser aplicado para otros casos .
Las disculpas y las razones de una decisión demorada
El Cronista
Por Fernando González
Primero lo primero. Las disculpas a nuestros lectores, a quienes les informamos que ayer la Presidenta formalizaría el reingreso del Estado a YPF y éso finalmente no ocurrió. El anuncio se hará, si no hay nuevas postergaciones, durante la semana próxima pero había que aclarar esta cuestión para analizar a continuación los motivos de la demora oficial.
En las últimas horas del miércoles, Cristina Fernández de Kirchner comenzó a inclinarse por la idea de expropiar el 50% de las acciones de la compañía petrolera, tal como se lo aconsejaba el viceministro de Economía, Axel Kicillof. De ese modo, también fue perdiendo sustento la hipótesis sugerida por el ministro de Planificación, Julio de Vido, quien prefería una adquisición en términos de mercado poniendo a salvo la relación con la conducción de Repsol y con España misma.
La sucesión de hechos que se encadenaron desde ayer temprano dejaron en claro que los temores del ministro De Vido no eran infundados. El influyente diario de economía español Expansión, que integra la red RIPE de diarios económicos junto a El Cronista, abrió su edición con un título catástrofe que preanunciaba “el peor día de la historia de Repsol”. Y, a media mañana, se conocieron las fuertes declaraciones del ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, advirtiendo que cualquier gesto de hostilidad hacia las empresas de su país sería considerado un gesto de hostilidad hacia España.
Es que a esa hora ya circulaba en los ámbitos económicos y empresarios argentinos y españoles el borrador de un proyecto de ley que declaraba de interés público la actividad petrolera pero que también anticipaba la expropiación de la mitad de las acciones compañía por parte de Estado argentino. Los circuitos intrincados de la información financiera impulsaron el valor de la acción de YPF hacia arriba pero el Gobierno comenzó a sentir la presión del poder y la opinión pública española, parapetados frente a la palabra expropiación.
Como había sucedido hacía un mes y medio tras los llamados del rey Juan Carlos a Cristina, los reclamos del país con el que Néstor Kirchner firmó un acuerdo de asociación estratégica en 2007 le pusieron un freno a la ofensiva kirchnerista. Y como si eso fuera poco, el áspero encuentro de ayer a la tarde con los gobernadores de las provincias petroleras le sumaron a la Presidenta más obstáculos para concretar los anuncios que horas antes daban por hecho hasta sus colaboradores.
Cristina despidió a los gobernadores con un pedido general de evaluación de los proyectos estatizadores. Hoy viaja a la Cumbre de las Américas en Cartagena donde se dará el gusto de tener su reunión bilateral con Barack Obama, pero su intención es definir el modelo de retorno estatal a la principal empresa del país en la semana próxima. Para eso, deberá optar por alguna de las opciones que no terminan de convencerla: la más belicosa de Kicillof; la más contemporizadora de De Vido o alguna intermedia que amalgame Carlos Zannini.
De todos modos, el resbalón de las últimas horas igual le sirvió a Cristina para desairar a la prensa, que se apresuró (nos apresuramos) a ponerle fecha y hora a un anuncio sensible que todavía tiene algunas cuentas pendientes por dirimir.
Por Néstor Scibona
Entre las presiones externas y los debates internos que rodean al futuro de YPF, hay dos cuestiones clave que brillan por su ausencia: quiénes se harán cargo de las multimillonarias inversiones para recuperar y ampliar la producción y las reservas petroleras y si se modificará o no la política de precios y subsidios, especialmente para el gas natural, que representa más del 55% de la matriz energética argentina.
Sin estas dos grandes definiciones, de las que nadie habla y no dependen de las provincias productoras, cualquier decisión sobre el régimen de propiedad de YPF equivale a colocar el carro delante de los caballos. En otras palabras, primero debería definirse una política de Estado a mediano y largo plazo -tras el fracaso de la actual, que desembocó en un alarmante déficit energético- y luego los instrumentos para llevarla a cabo. No a la inversa. Una reestatización sin plan estratégico por detrás, equivaldría a reeditar la deficitaria experiencia de Aerolíneas Argentinas.
No obstante, nada indica que este orden lógico de prioridades haya demorado el anuncio presidencial, que se esperaba para ayer y dio lugar al rebote especulativo de las acciones de YPF. Más bien, el gobierno de Cristina Kirchner parecería seguir buscándole la vuelta a las implicancias políticas, jurídicas, económicas y hasta bursátiles que implicaría una probable reestatización parcial de la petrolera, así como la modificación con fórceps de sus estatutos si no hubiera una salida negociada con Repsol.
Otro problema es la forma de presentar el anuncio: en la práctica, significará reconocer el fracaso de su estrategia de "argentinizar" el manejo de YPF a través del ingreso digitado del grupo Eskenazi, con autorización para pagar con utilidades las acciones (25%) que ahora buscaría expropiar junto con parte de las de su controlante, según el proyecto de ley -sin membrete ni firma- que circuló ayer por los despachos del Congreso.
En la actualidad, YPF ya no es lo que supo ser en el pasado. Su participación en la producción petrolera nacional se reduce ahora al 35%, si bien es mucho más alta en refinación y comercialización. Así se relativiza la cuestión del régimen de propiedad. YPF fue estatal hasta los ?90, cuando fue privatizada bajo el argumento de ser la única compañía petrolera del mundo que daba pérdidas. Y es privada hasta ahora, cuando arrojó fuertes utilidades que, con el consentimiento estatal -o mejor dicho del Gobierno- remitió al exterior, a costa de reducir inversiones y reservas durante un período de precios internacionales récord. También es estatal Enarsa, que nació en 2004 para impulsar la exploración petrolera de riesgo en áreas off shore y terminó por convertirse en una simple importadora de gas y combustibles a precios desconocidos. Lo que habría que discutir no es tanto la regulación y promoción del Estado en la actividad, sino qué tipo de Estado.
La senadora María Eugenia Estenssoro suele explicar que mientras Petrobras e YPF tenían en 1999 la misma capitalización bursátil, en la actualidad la compañía mixta brasileña logró elevarla a US$ 280.000 millones mientras que la de YPF se redujo a menos de 8000 millones.
Algo falló evidentemente en la política energética argentina, tras haber catapultado el consumo con altos subsidios y desalentado inversiones con precios distorsionados. Hoy el precio interno del petróleo y sus derivados equivale al 67% del promedio internacional y regional, pero el del gas natural se reduce al 22% y el de la energía eléctrica a 33 por ciento.
Cómo corregir esas distorsiones e impulsar inversiones que aumenten la producción primaria y secundaria y la costosa exploración a riesgo de recursos no convencionales de petróleo y gas sigue siendo una pregunta sin respuesta. También, qué ocurrirá en las provincias que entronizaron el "capitalismo de amigos" para adjudicar áreas de exploración a grupos sin experiencia ni fiscalización posterior.
El proyecto que circuló en el Congreso sin que nadie se hiciera cargo de su contenido, parece una mezcla de expresiones de deseos de algunas petroleras y de una regulación estatal extrema, con objetivos y plazos dudosos, que deja un mínimo margen de acción a las provincias productoras. Si tuvo algún aval oficial, tal vez explique por qué el esperado discurso presidencial de anoche terminó siendo un simple anuncio de reducción parcial de retenciones a la exportación de carnes termoprocesadas..
