Alejandro E. Fargosi. Consejero de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación
Hay quienes alientan la estatización de los servicios públicos privatizados, a tono con la creación de varias empresas estatales durante estos muchos años de gobierno kirchnerista y a la no menos importante estatización virtual de las empresas privadas que dependen de la espada de Damocles del subsidio.
El “relato” subliminalmente pretende que “lo público” y las empresas públicas, son de todos, a diferencia de lo privado, que es de unos muy pocos. Y remarca la ficción de que “el Estado” es una entelequia benigna y protectora, cuando en realidad el Estado es solo el gobierno de turno, con sus mas y sus menos.
No teoricemos y recordemos la verdad de las “empresas públicas” en la Argentina, que sufrimos todos entre 1930 y 1990. Ni los conservadores, ni los radicales, ni los peronistas, ni los militares lograron convertir una empresa estatal en una empresa seria. Ninguno, en 60 años.
Valen algunos flashes: desde su expropiación a mediados de los ’40 Entel fue un progresivo desastre hasta el colmo de que instalar un teléfono tardaba 20 o 30 años, salvo los truchos, que por ¡u$s 5000! se conseguían en pocos meses. Los trenes, también estatizados en esa época, fueron perdiendo puntualidad, limpieza, comodidad, modernidad y ahora también han perdido la mas elemental seguridad de tener frenos. La electricidad no se quedó atrás y todos los mayores de 50 años nos acordamos de los permanentes cortes de Segba. Que solo se parangonaban con la endémica falta de gas en invierno, carencia que nos garantizaba Gas del Estado. Obras Sanitarias no modernizó su red de aguas y cloacas en décadas. Y los subtes, que fueron de los primeros del mundo... siguen con los mismos vagones, que debieran estar en un museo. La lista de ejemplos es tan larga como la nómina de empresas públicas con la que los sucesivos gobiernos de todos los sectores políticos, castigaron al ciudadano consumidor.
Con semejante experiencia acumulada cualquier discusión ideológica o teórica sería burlarse de la gente. Cuando el gobierno es el dueño de la empresa, no la dirige bien porque tiene mil condicionamientos políticos, gremiales y de incapacidad de gerenciamiento, amén de tentaciones multimillonarias para corromperse. Y ni siquiera la controla, porque los órganos controladores quedan sometidos en los hechos a las empresas controladas. Pasó siempre y va a seguir pasando.
La inoperancia y corrupción de las empresas estatales no ocurrió por accidente. La causa es estructural. Necesitamos un Estado mínimo pero fuerte. Es decir, que haga bien lo que solo él puede hacer -seguridad, justicia, salud, etc, y deje a sus 40.000.000 de habitantes la libertad de hacer el resto de las cosas, incluidos los servicios públicos. Y en esto, ese Estado debe ser un eficaz y firme regulador y controlador, como ocurre en el resto del mundo.
Hubo serios intentos de organismos de control con impacto presupuestario cero y equipos de gente capacitados, con remuneraciones y carreras equivalentes a las de las empresas que debían controlar. Pero pasó Cavallo y se llevó al Tesoro los fondos de esos entes de control y con los fondos se fueron salarios dignos, capacitación, posibilidad de carrera, blindaje anti-corrupción... y los entes de control pasaron a ser, como escribí hace 14 años, facultades de posgrado donde se entrenan los futuros empresarios que luego absorbe el sector privado. Absurdo.
Consolidemos a las empresas en manos privadas, con tarifas realistas y sometidas a entes de control fuertes, ágiles, eficientes. No es difícil. Claro que se acabarían algunas “cajas políticas”... y la posibilidad de meter en las empresas gubernamentales a los amigos del poderoso de turno.
La alternativa es seguir como venimos: cada vez menos energía, comunicaciones y servicios básicos. Y a veces, el horror de la tragedia con muertos y heridos. ¿Eso queremos?
Por Fernando Gonzalez. Director Periodístico
En el mes de febrero de 2009, El Cronista publicó la primera nota explicando que Néstor Kirchner tenía la firme intención de “argentinizar” YPF, el modo en que el fallecido presidente solía referirse al reingreso del Estado en la principal petrolera del país. Fuentes del Gobierno, legislativas y empresarias coincidían ayer en que hoy la Presidenta formalizará aquella vieja iniciativa cuando hable por cadena nacional al atardecer.
Los detalles que se conocen sobre la empresa mixta que el Gobierno quiere conformar junto a las provincias y el capital privado han sido adelantados por este diario en varios artículos publicados en las últimas semanas. La idea básica pasa por comprar las acciones de la familia Eskenazi y adquirir otra parte de la española Repsol. Cristina definía anoche el grado de intervención entre las diferentes posturas de sus colaboradores, que iban de una asociación al estilo Petrobras a una expropiación lisa y llana. El petróleo es un bien estratégico y es deseable que el Estado pueda participar de su explotación. Pero también es imprescindible que la situación futura de YPF no termine siendo una carga económica para los ciudadanos como sucede con otras empresas estatales que funcionan más como cajas de financiamiento político.
Reposo e YPF significan lo mismo: ir por todo
La Nación
Por Carlos Pagni
Cristina Kirchner mueve los labios, gesticula y promete a sus fieles desde la tribuna: "Vamos por todo". Insiste: "Por todo". Esa imagen, capturada por una cámara extraoficial de Rosario el Día de la Bandera, fue la expresión más elocuente del programa que ha puesto en marcha el Gobierno. La nominación de Daniel Reposo como principal fiscal de la Nación, en la esfera institucional, y la decisión de estatizar la mayoría accionaria de YPF desconociendo el estatuto de la empresa, en la esfera económica, demuestran que la Presidenta se ha deshecho de algunas inhibiciones para cumplir con aquel compromiso de barricada. En otras palabras: que resolvió cruzar varias barreras para ir por todo.
Con la promoción de Reposo a la Procuraduría General de la Nación, la señora de Kirchner ha sacrificado dos principios: el de idoneidad y el de legalidad. Entre los profesionales del derecho coinciden con la descripción de Reposo que hizo Ricardo Gil Lavedra: "Es un militante K que carece de antecedentes profesionales y académicos para ocupar un cargo estratégico". Sin embargo, el kirchnerismo ha pensado en él para ocupar el sillón donde se sentaron Nicolás Matienzo, Sebastián Soler y Andrés D'Alessio.
En Reposo se tuvo en cuenta la lealtad. De él se espera que, violentando lo establecido por los constituyentes de 1994 -la Presidenta fue uno de ellos-, encolumne a los fiscales detrás de los intereses del Poder Ejecutivo. La colonización de la Justicia emprendida por el oficialismo desde el año 2003 alcanza así la última frontera. Es verdad que el reemplazante de Esteban Righi integra el entorno de Amado Boudou y fue parte de su hinchada electoral, como revelan los entusiastas tweets de su cuenta. Es decir, es probable que donde debería tener un fiscal, el vicepresidente cuente ahora con un defensor. Pero ese vínculo es apenas un detalle. Las complicaciones del devaluado Boudou en la causa Ciccone han servido de plataforma a los operadores judiciales del Gobierno para ampliar su control sobre tribunales. Es una mutación relevante en el mapa del poder. Sobre todo porque, a diferencia del menemismo, el kirchnerismo cuenta con jueces y fiscales amigos no sólo para absolver a los amigos, sino para perseguir a los que considera sus enemigos.
El acuerdo senatorial de Reposo se convirtió, desde ayer, en motivo de una disputa en el Congreso.
Para rechazarlo, la oposición debería contar con 25 votos. Los senadores de la UCR -son 16, si no se agrega al "independiente" José María Roldán, de Corrientes-, los del Frente Amplio Progresista, y María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica, suman 21. La llave la tienen, entonces, los integrantes del peronismo federal: Juan Carlos Romero, Sonia Escudero, Adolfo Rodríguez Saá, Liliana Negre de Alonso, Carlos Reutemann y Roberto Basualdo.
Reposo ingresa en el torneo con algunos puntos en contra. Ya tuvo un conflicto judicial con los radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales por negarse a responder pedidos de informes sobre la Sigen. Es curioso: además de elogios a Boudou, la mayor parte de los tweets de Reposo contienen alegatos en favor de la transparencia.
El avance sobre YPF
El cesarismo que aparece en la nominación del procurador se pone también en ejercicio en el avance sobre YPF. El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, confirmó que Cristina Kirchner se propone convertir a esa compañía en una empresa mixta, con la estatización compulsiva de parte de sus acciones.
Uno de los proyectos pertenece a Julio De Vido y al neoestatizador Roberto Dromi. Consiste en estatizar por ley el 50,1% de las acciones, que se pagaría al cabo de tres años.
El Tribunal de Tasación fijaría el precio, según los dictámenes del secretario de Energía, Daniel Cameron, que haría las veces de perito. Una de las peculiaridades de la iniciativa es que identificaría a los accionistas obligados a vender: los Eskenazi tendrían que desprenderse de su 25,5% y Repsol de un 24,6% de su tenencia, reducida al 34%. Los inversores del mercado mantendrían el 17% de la empresa.
Para consumar la operación, el Congreso debería declarar de interés público a YPF. Sólo así se suspendería el artículo del estatuto societario que obliga a realizar una oferta por el total de las acciones a quien pretenda acceder a más del 15% del paquete. Esta barrera es la que detiene a la Presidenta y, sobre todo, a Carlos Zannini, su consejero legal.
La derogación de esa cláusula desencadenaría una lluvia de demandas colectivas, sobre todo en los tribunales de Nueva York, en cuya bolsa cotiza la empresa. Los accionistas tendrían derecho a quejarse por la imposición inconsulta de un régimen societario distinto del que imperaba cuando ingresaron a la empresa. Esa violación del derecho de propiedad sería difícil de justificar ante la Justicia.
Por esa razón los ejecutivos de Repsol se retirarían del directorio dejando en su lugar a abogados, que objetarían cada decisión del Estado en YPF. Además, España llevaría el caso al gobierno de la Unión Europea, para que exija compensaciones en el Ciadi, como prevé el Tratado de Lisboa.
Hasta anoche la señora de Kirchner no había manifestado intención de negociar. Antonio Brufau, el presidente de Repsol, está en Buenos Aires esperando una entrevista. Ayer se especulaba con que podría realizarse hoy y que después habría un anuncio oficial en el marco de una reunión con gobernadores petroleros.
De Vido sí discutió las líneas generales de su iniciativa con Brufau y con Sebastián Eskenazi: "Lo lamento mucho, pero para sobrevivir en este Gobierno hay que «morenizarse». A mí nadie me corre por izquierda", se ufanó.
Se equivoca De Vido. El viceministro de Economía, Axel Kicillof, tiene ideas más radicales que las suyas. No en vano los empresarios lo han bautizado "Robespierre". En la Secretaría de Energía aseguran que, si por él fuera, estatizaría el 51% de los hidrocarburos extraídos por todas las operadoras, que sólo podrían quedarse con el 49% restante.
¿Qué objetivos pretende alcanzar el Gobierno con el avance sobre YPF? En principio, resolver la asfixia fiscal que plantean las importaciones de combustibles por 14.000 millones de dólares.
"Las empresas deben compartir la carga del déficit público", sostuvo Kicillof en la primera reunión con los accionistas de la empresa, ante el respetuoso silencio de De Vido.
Eskenazi había escuchado ese argumento en diciembre, la tarde en que se quebró con Cristina Kirchner esa relación que, a lo largo de casi veinte años, fue tan rentable para ambos.
Debajo de la emergencia fiscal se esconde otra pretensión del kirchnerismo. Es la estatización de un activo formidable: el yacimiento de shale gas Vaca Muerta, calificado por el Financial Times como el tercer reservorio de hidrocarburos no convencionales del planeta.
Según los expertos, esa formación podría ser valuada, en su etapa de explotación, en unos 250.000 millones de dólares. Hay petroleros locales que quieren acceder a esa riqueza, en poder de YPF y de grupos extranjeros, de la mano del Gobierno.
Con las provincias
Cristina Kirchner extiende su "ida por el todo" también a las provincias. En Neuquén, por ejemplo, Sapag acaba de negarse a reintegrar a Petrobras el yacimiento que le retiró la semana pasada, como le exigió De Vido. "¿Cómo justifico que castigo sólo a YPF por la falta de inversión?", se defendió el gobernador. Con Sapag puede abrirse otra discusión: no simpatiza con la idea de que sus regalías dependan de una empresa con mayoría estatal.
En Chubut las decisiones de la Casa Rosada abrieron ayer una crisis. La Legislatura objetó los pliegos de la licitación de áreas retiradas a YPF, que se abre el próximo lunes, porque habrían sido redactados a favor de una compañía. Al parecer, hasta Cristóbal López se enfureció con el procedimiento. López no atraviesa el mejor momento con los Kirchner.
La pretensión de "ir por todo" se sostiene en una premisa: que el Gobierno es el único sujeto con derecho a algo. Mejor dicho: a todo. En otras palabras, que sólo hay uno. Que no hay "otro".
Las relaciones exteriores están poniendo a prueba esta creencia. Cuando concurra, este fin de semana, a la Cumbre de las Américas de Cartagena, Cristina Kirchner se enfrentará a varios colegas molestos por sus iniciativas.
A la lista de demandas de Estados Unidos se agrega el maltrato a YPF: 17% de la empresa pertenece a fondos de ese país. México es socio de Repsol a través de Pemex. Brasil fue castigado en Petrobras. Y a Chile se le arrebató el yacimiento Campo Grande. A estas discordias específicas se suman las que produjo la intervención del comercio exterior. Hasta el amigable José Mujica se alteró.
El viaje a Colombia puede resultar muy interesante para la Presidenta. Si abandonara por un momento el solipsismo político en el que parece estar instalada, descubriría un fenómeno elemental: la existencia del otro.
Por Raúl Dellatorre
No es una ecuación sencilla ni para resolver a las apuradas. Argentina enfrenta un conflicto de orden mundial: qué hacer frente a una oferta petrolera que se agota, al menos, en las condiciones de costos en las que se extrae actualmente. Se acabó “la era del petróleo fácil”, como lo definió hace ya más de un lustro el titular de una de las mayores petroleras mundiales: el petróleo subterráneo a baja profundidad, el que se encuentra en el lecho marino cerca de las costas, el que fluye de yacimientos con reservas suficientes para seguir emergiendo por largos años. Salvo en las zonas calientes de los países árabes, eso pasó a ser una realidad del pasado en el resto del mundo.
Claro que en el caso argentino, hay algunos condimentos locales que merecen respuestas más inmediatas. El proceso de privatización petrolera de los ’90 “cometió el olvido” de que se trataba de un recurso estratégico, y ni siquiera se cuidó de aplicarle una regulación que hiciera coincidir la voluntad privada con los objetivos nacionales. Con total naturalidad (y permisividad), los concesionarios privados dejaron de explorar, apuraron cuanto pudieron la extracción del crudo ya descubierto y lo convirtieron en divisas que, con igual celeridad, remitieron al exterior. Ni siquiera se privaron de exportar, aprovechando los buenos precios externos (aun con retenciones).
Las condiciones creadas en los ’90 aceleraron para Argentina las consecuencias de lo que, para el mundo, es un paulatino agotamiento. Recién cuando la cuenta por las importaciones de hidrocarburos y derivados se convirtió en una pesada carga (9000 millones de dólares en 2011), se advirtió la gravedad de la situación y la urgencia por empezar a revertir este cuadro. Hasta hace un año, los gobiernos provinciales seguían renovando las concesiones petroleras por una década o más.
La reversión de las áreas es un primer reconocimiento de que el modelo actual es una ruta rápida al fracaso. El debate es cuál será el instrumento a partir del cual se impulsará la inversión en las áreas para rescatar lo que queda de “crudo fácil” y avanzar en el desarrollo de los yacimientos en zonas “difíciles” (aguas profundas, crudo no convencional). El futuro de YPF está en el centro de la discusión, y el gobernador neuquino, Jorge Sapag, anticipó su propuesta de empresa mixta. En este sentido, se plantean aspectos centrales que habría que resolver.
Entre otros obstáculos, la privatización de YPF en los ’90 dejó al Estado nacional en una posición muy condicionada como para revertir el traspaso. Ni la expropiación ni una oferta hostil por el paquete de control son caminos lineales hacia una resolución. Compartir la empresa, sin modificar el control del capital que está en manos de Repsol, limitaría en gran medida las posibilidades de lograr imponer desde YPF una nueva política petrolera nacional.
Un paso intermedio, pero efectivo –con utilidad también a mediano plazo– sería declarar de interés público los hidrocarburos y, en consecuencia, terminar con la libre disponibilidad del recurso extraído del que hoy gozan las petroleras. Sería una forma de empezar a adaptar los marcos legales argentinos a lo que ocurre en la mayor parte de los países petroleros soberanos, que consideran el crudo un recurso estratégico y no un commodity cuyo destino lo decide quien lo extrae. Aun con atraso, sería una forma de arrimarse al punto de largada desde donde hoy se debate la cuestión a nivel internacional.
