Por Jorge Lapeña
Se la mire por donde se la mire, la crisis energética en el inicio de 2012 es ya indisimulable. También hay una crisis parecida en el transporte de pasajeros en el área metropolitana: en la hora pico la gente es trasladada por el sistema concesionado como ganado y con serios problemas de seguridad que quedaron de manifiesto en el fatal accidente de Once. La primera constatación que cabe hacer es que Argentina tiene problemas graves y sin resolver en su Infraestructura y el modo de prestar los servicios públicos esenciales . Un país con problemas en estos dos sectores es un país dañado en sus partes vitales.
La segunda constatación es que el Gobierno no asume que los problemas existen hasta que la realidad muestra su peor cara: esto es lo que ha hecho en los últimos 8 años.
La crisis energética fue negada mientras se pudo; luego se recurrió al insulto descarado al que se animaba a criticar la acción oficial; posteriormente se construyeron discursos tontos (importar energía, en vez de la manifestación de un problema, era considerado sinónimo de fortaleza económica). La realidad obligó a los funcionarios a desdecirse. Tanto en energía como en transporte, el Gobierno asegura haber hecho lo mejor; ¡y lo que nunca nadie se animó a hacer jamás! En esto no hay discurso ni picardía que valga: la única verdad es la realidad.
De lo anterior se deriva un corolario. El tema de la “obediencia debida” y la “obsecuencia debida” como causal de los grandes males que sufre nuestro país. Cuántos males – no solo en el sector energético y ahora – se podrían haber evitado si hubiera habido funcionarios menos obedientes y obsecuentes. La idea de que existe un fin mayor que justifica acciones incorrectas ejecutadas a sabiendas y sin protestar no debe ser tolerada en una república seria .
Un país con un problema energético no resuelto -como lo es Argentina hoy- es un país débil en términos estratégicos, un país dependiente, un país vulnerable. Alguien debe hacerse responsable por habernos llevado a la vulnerabilidad en un sector donde no éramos vulnerables. Si la Argentina quiere resolver esta minusvalía debe poner en funciones un nuevo equipo energético ya; un equipo idóneo y creíble; ese nuevo equipo debe liderar la recuperación.
Ahora bien, la solución del problema energético es muy compleja, ello no nos permite ni la distracción porque perdemos tiempo; ni pensar una solución basada en la viveza criolla.
No hay solución demagógica . Toda solución debe pasar por el filtro de la razón y por las buenas prácticas usuales en este sector, que está fuertemente internacionalizado. No habrá ni créditos ni inversiones en nuevas refinerías, ni las inversiones de alto riesgo exploratorias que necesitamos para descubrir y poner en producción los nuevos yacimientos si no tenemos un sistema energético creíble.
Un sistema energético creíble es un sistema basado en una ley de hidrocarburos moderna, que Argentina hoy no tiene; es un sistema con eficientes instituciones estatales, dentro de una nueva organización del sector que le permita al Estado ejercer sus roles indelegables que no ejerce desde los 90, como el planeamiento estratégico, la fiscalización de las concesiones, la regulación tarifaria y el monitoreo de los mercados. El sistema será creíble si normaliza los entes reguladores energéticos transformándolos en verdaderamente independientes. Será creíble si se basa en una economía energética que asegure un buen funcionamiento de las empresas públicas y privadas que componen el sector.
Los subsidios deben ser sólo los necesarios para asegurar el cumplimiento de fines sociales .
No es creíble un sistema energético basado en una economía energética deficitaria; en subsidios indiscriminados de origen presupuestario; con funcionarios que adaptan el discurso a las circunstancias y sin un clima de inversiones que asegure la ampliación de la oferta para abastecer una demanda siempre creciente. Hoy Argentina ya no es capaz de producir ni siquiera el gas oil que consume. Menos capaz va a ser de atraer una corriente inversora sofisticada para explorar la plataforma continental, con todos los riesgos que ello implica.
No estamos ante una situación accidental.
Cristina no tuvo mala suerte y no hay un ser externo a quien echarle la culpa. Las causas son la mala gestión, la imprevisión y la negación de lo evidente. Son estos modos de gestionar los que hay que modificar.
Es fundamental que los partidos políticos y la ciudadanía levanten la guardia contra lo que parece ser una decisión de palacio: impulsar una nacionalización o estatización inmadura y no transparente de YPF basada exclusivamente en el valor simbólico, que en la memoria colectiva tuvo y tiene todavía la sigla YPF. Creer que la YPF actual es la YPF del pasado, que la historia es un proceso reversible, sería un error gigantesco que muy posiblemente nos resultaría una operación onerosa y poco práctica para resolver el problema energético de fondo que nos aqueja.
